Máxima preocupación en Venezuela por la seguridad y temor a los infiltrados

CARACAS.--- Autoridades militares venezolanas advirtieron de que la marcha del próximo 10 de octubre, organizada por la oposición para pedir la renuncia del presidente Hugo Chávez, puede verse afectada por ataques armados terroristas. Gobierno y oposición consideran prioritaria la seguridad de la protesta contra Chavez convocada para el próximo jueves, a fin de tratar de evitar una repetición de los dramáticos sucesos del pasado 11 de abril. El Inspector General de la Fuerza Armada Nacional (FAN), general de división Melvin López, uno de los más altos cargos del escalafón militar, alertó de que en la marcha pueden infiltrarse "grupos que tienen armamento de cierta capacidad bélica y que realmente pudieran hacer daño a la comunidad". Chávez denunció el pasado fin de semana que tanto la llamada "Toma de Caracas" del jueves como una próxima huelga general, sin fecha todavía, forman parte de una conspiración similar a la que desembocó en el golpe de Estado del pasado 11 de abril. El ex ministro de Relaciones Exteriores Enrique Tejera, de 83 años, señalado por Chávez como cabeza del nuevo golpe, pidió a los militares que soliciten la renuncia del presidente antes del 10 de octubre, pero sin violencia. López señaló que los grupos armados, cuya identidad no facilitó, tratarían de disparar contra la Guardia Nacional o la policía para obligarles a responder al ataque e implicar en el conflicto a quienes acudan a la manifestación. La "Toma de Caracas" ha sido convocada por la Coordinadora Democrática, una heterogénea alianza de sectores de oposición, y espera ser tan numerosa como la que precedió al golpe de abril, que terminó con 19 muertos. En aquella oportunidad, una marcha de unas 200.000 personas se desvió de su curso original y trató de llegar al palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en cuyos alrededores se produjeron ataques con armas de fuego que causaron al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos, tanto "chavistas" como opositores. Esas muertes sirvieron de justificación a los militares golpistas para detener a Chávez y colocar en la presidencia al jefe de la patronal, el empresario Pedro Carmona, actualmente refugiado en Colombia, quien abolió por decreto todas las instituciones democráticas venezolanas. El 13 de abril, seguidores del presidente depuesto y unidades de paracaidistas leales restablecieron el orden constitucional y Chávez fue restituido en el cargo. Esta previsto que la "toma de Caracas", que cruzará la capital de este a oeste, sea "protegida" por la Policía Metropolitana (PM), pero esa institución entró en crisis el pasado 30 de septiembre por cuestiones salariales. El alcalde mayor de Caracas, el opositor Alfredo Peña, a cuya orden está la PM, aseguró ayer, lunes, que el conflicto se había resuelto e invitó a los ciudadanos a asistir a la manifestación del jueves incluso con niños. Sin embargo, las escaramuzas registradas hoy en el cuartel general de la PM, en la que han resultado heridos cuatro agentes, plantean la duda sobre la disposición de los agentes a secundar las órdenes de Peña. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que el primer interesado en que el jueves no ocurra nada es el Gobierno y dejó abierta la posibilidad de que sea la Guardia Nacional la que asuma el control del orden si la PM no lo hace. Cabello expresó que el principal temor del Ejecutivo es que se impongan los sectores radicales opositores y nuevamente la marcha sea desviada del itinerario original hacia Miraflores para buscar la confrontación. El Gobierno, al igual que la OEA y la embajada de Estados Unidos, han reconocido la legitimidad de la protesta siempre que sea pacífica y se ajuste a las condiciones y recorrido establecidos en la convocatoria.