Develan en Panamá y Colombia más hechos sobre tráfico de armas

BOGOTA.---Las autoridades colombianas capturaron al presunto enlace entre Vladimiro Montesinos del Perú y los comerciantes de armas para las FARC en Colombia, y al mismo tiempo, Panamá acusó a Nicaragua del trasiego de armas desviadas Colombia
El Das detuvo a Luis Humberto Sánchez Bernal, un comerciante de Guainía, acusado de ser el enlace entre la guerrilla de las Farc, dos peruanos delegados por Vladimiro Montesinos y el gobierno de Jordania, en la compra de 60 mil fusiles con destino a la suversión.
El Director del Das, Coronel Germán Jaramillo Piedrahita, reveló que de estos fusiles solamente ingresaron a territorio colombiano 10 mil, para el frente 16 de las Farc, que comanda Tomás Medina Caracas alias ´el negro Acasio´, quien luego se los entregó el Mono Jojoy en la desaparecida Zona de distensión.
El armamento tenía un costo de 11.5 millones de dólares y que fueron pagados por alias el ´Negro Acasio´ con droga a la organización Aybar Gancho
El Coronel Jaramillo, tambien reveló que Sánchez Bernal, había sido contactado por los hermanos Peruanos Luis Frank y José Luis Ayber Gancho, delegados de entonces asesor del Gobierno Peruano, Vladimiro Montesinos, para comprar los fusiles al gobierno Jordano.
Fuentes adscritas a la investigación revelaron que se está logrando establecer que los hermanos Aybar Gancho estuvieron en la antigua zona de distención, con lo que se podría pedir a estas personas y a Montesinos en extradición para Colombia.

PANAMA Y NICARAGUA
Panamá (EFE).- El Gobierno panameño informó de que ´quedó comprobado´ que existió la compra-venta de un cargamento de armas de guerra por parte de Nicaragua, en la que se fingió que la solicitud era a favor de su Policía Nacional.
Las armas fueron desviadas a grupos insurgentes colombianos, tal y como informó el 21 de abril el diario bogotano ´El Tiempo´.
En un anuncio publicado en la prensa, el Gobierno panameño asegura que la Policía de Nicaragua ´no verificó la legalidad´ de la orden de compra, tramitada con un documento que llevaba un membrete como el la Policía de Panamá, con lo que se hubiese comprobado que éste era ´fraudulento´.
A finales de abril, los empresarios israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, representantes de la empresa guatemalteca GIRSA, aseguraron que la Policía de Panamá les contrató para comprar unos 5.000 fusiles AK-47 y cinco millones de balas.
Ambos empresarios insistieron en que el negocio con la Policía Nacional de Panamá fue ´transparente´ y que toda la documentación que se utilizó es legal.
La falsa orden de compra y la factura por las armas era por 5.125.000 dólares y el alijo se transportó en el buque ´Otterloo´, de bandera panameña.
El director de la Policía panameña, Carlos Barés, dijo la semana pasada que Nicaragua le pidió en enero esperar porque no se había hecho la entrega total, ya que la orden de compra era por 5.000 fusiles y una cantidad adicional de municiones, y sólo se habían entregado 3.000 fusiles.
Explicó que Colombia alertó a fines del año pasado a Panamá sobre este tráfico de armas, y que pasó el dato al Gobierno de Nicaragua.
Pero Nicaragua insistió en que había que aguardar la segunda entrega de los 2.000 fusiles, para poder capturar a toda la red.
En el anuncio, el Gobierno de Panamá dice que el buque ´Otterloo´ inició su itinerario en el puerto de Veracruz (México) con destino al puerto de Turbo (Colombia).
Añade que en alta mar el barco tuvo problemas mecánicos y se dirigió al puerto de Rama, en Nicaragua, donde se cargaron 14 contenedores que contenían armas y municiones, supuestamente con destino a Panamá, lo que ´nunca sucedió´.
Indica que el buque fue descargado el 6 de noviembre del 2001 en el puerto colombiano de Turbo.
También precisa que ´se ha comprobado´ que la compra de armas a la Policía de Nicaragua la hizo la empresa GIRSA, con sede en Guatemala, y que utilizó la compañía marítima ´Trafalgar Internacional Maritime´, con sede en Panamá.
´Queda establecido -añade la nota- que si la Policía de Nicaragua hubiera cumplido con los compromisos adquiridos en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos de la OEA, se hubiera podido evitar la comisión del ilícito´.
Entre otras explicaciones, el Gobierno panameño señala que se desconoce a qué organización o grupo colombiano fue enviado el cargamento de armas y municiones, y quién o quiénes lo recibieron.
Sostiene que es necesario que los países involucrados inicien las investigaciones judiciales para lograr la aprehensión de las personas involucradas en este trasiego de armas, ´en especial el Gobierno de Nicaragua´, lugar donde se vendieron y embarcaron las armas y municiones.