Pastrana debe presionar a Presidente EEUU para que presente ley ATPA

Bogotá.--- La ex ministra de Relaciones Exteriores colombiana María Emma Mejía confió en que Estados Unidos demuestre que tiene voluntad política para prorrogar la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) y con ello de apoyar a los países andinos en su lucha contra el narcotráfico.
Mejía, canciller en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), habló brevemente al término de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se reunió hoy por convocatoria del presidente del país, Andrés Pastrana.
La ex ministra dijo que preocupa la demora que ha tenido la aprobación de la prórroga del ATPA en el Congreso de EEUU, aunque expresó su confianza en que sea uno de los temas que traten el presidente George W. Bush y los jefes de Estado de los países beneficiarios de esa ley.
Bush se reunirá el sábado próximo en Lima con los presidentes de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, países a los que Estados Unidos otorgó las ventajas arancelarias unilaterales que vencieron en diciembre pasado.
"Hay mucha esperanza de que en la reunión de los presidentes andinos con el presidente Bush se demuestre esa voluntad política y que el Congreso la apruebe", declaró Mejía.
El ATPA fue prorrogado temporalmente por el Gobierno durante 90 días a partir del pasado 15 de febrero, pero la ley aún está pendiente de votación en el Senado estadounidense.
Durante la reunión, según fuentes de la sede presidencial, se analizó también la situación de la demanda de Nicaragua contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El Gobierno de Bogotá ha señalado reiteradamente que defenderá y hará valer sus legítimos derechos frente a Nicaragua en cuanto a la soberanía que ejerce en el archipiélago de San Andrés y Providencia, incluidos los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, así como en las áreas marítimas que le corresponden en el Caribe.
El pasado 7 de diciembre el ministerio de Exteriores de Nicaragua informó de que su país había presentado una reclamación con la pretensión de que la Corte Internacional le reconozca cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales en el Caribe, en las que se incluye San Andrés y Providencia y los cayos.