Instituciones no recuperaron credibilidad, según juristas andinos

LIMA.--- Las instituciones del Estado en los países andinos no recuperaron la credibilidad ante los ciudadanos, según el informe anual de la Comisión Andina de Juristas, para quien la corrupción invade aún todos los niveles de la administración pública.
Bajo el título de "La sombra de la corrupción", el informe de los juristas andinos correspondiente al pasado año denuncia que, pese a los avances logrados, "la corrupción impide que la democracia en los países andinos madure".
"La ausencia de una conciencia de lo público, la debilidad de las instituciones estatales y la precariedad de la democracia contribuyen a que el fenómeno de la corrupción progrese y se arraigue", afirmó hoy el director de la Comisión Andina de Juristas, Enrique Bernales.
Para los juristas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, las reformas del Estado deben asegurar no sólo la eficiencia de las instituciones sino también la transparencia de la gestión pública.
El informe asegura que en algunos países, como en Perú, la corrupción "se hizo sistema", en alusión al régimen de Alberto Fujimori, hasta que el pasado año "se desentrañó una mafia sin precedentes en la historia republicana de ese país".
El descubrimiento de esa red generó, según los juristas andinos, una reacción positiva de la población de apoyo al gobierno de transición de Valentín Paniagua.
Destacan también las iniciativas de la sociedad civil peruana en la lucha contra la corrupción con la creación de grupos multidisciplinares dirigidos a crear la conciencia necesaria entre la población.
En Venezuela, señala el informe, "la corrupción continuó siendo uno de los problemas capitales" y desde la creación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el órgano de control, "se han hecho decenas de denuncias sobre corrupción administrativa contra el gobierno nacional y contra los poderes regionales y municipales".
Los juristas andinos expresan su preocupación porque las acusaciones de corrupción en Venezuela afectan a programas de suma importancia para el país y que son además símbolos de la justicia social proclamada por el gobierno de Hugo Chávez.
En cuanto a Bolivia, el informe anual destaca que ese país fue calificado por el organismo Transparencia Internacional (TI) como uno de los más corruptos de Sudamérica y asegura que "muchos analistas coinciden en que el sistema está ahogado de denuncias de corrupción y estigmatizado por la impunidad".
Entre los casos citados, recoge las denuncias de mal uso de donaciones por parte del ex ministro de Defensa Fernando Kieffer y del ex embajador en Japón Eudoro Galindo.
A pesar de que Colombia mejoró su posición en la clasificación internacional, el problema de la corrupción aún persiste en todas las instancias, pero con mayor incidencia entre mandos medios y menores de la administración pública.
Según el informe referido a Colombia, de los 1.100 alcaldes que entregaron sus cargos en enero de 2001, la Contraloría investiga a 125 por irregularidades como el desvío de recursos y la ineficacia en el manejo de los mismos.
En Ecuador, que figuró en el puesto 79 entre los 91 países considerados más corruptos por Transparencia Internacional, se calcula que la corrupción le resta 2.000 millones de dólares anuales a las arcas del Estado.
Tras las acusaciones de corrupción al ex presidente del Congreso ecuatoriano Hugo Quevedo, las sospechas de actos de este tipo en el Parlamento generaron una gran preocupación en las altas esferas del gobierno, señala el informe.
Chile, considerado el país menos corrupto de la región andina, según TI, no estuvo, sin embargo, exento de polémicas como la financiación de campañas políticas o el lavado de dinero y el narcotráfico, que pueden ser factores de corrupción.
Los juristas andinos consideran que pese a los esfuerzos permanentes que requiere la región para luchar contra la corrupción, han acabado ya los tiempos en los que "la impunidad se convirtió en un aliado que permitió la subsistencia y la reproducción de la corrupción".