Comercio sexual de niños en Estados Unidos alcanza niveles de epidemia

WASHINGTON.--- Los estadounidenses creían que la prostitución infantil y el abuso de menores eran asuntos del tercer mundo, por eso un estudio publicado hoy que demuestra que más de 325.000 niños y adolescentes menores de 17 años sufren algún tipo de "comercio sexual" en este país ha causado un auténtico revuelo.
El informe, elaborado por la Universidad de Pensilvania, pone al descubierto cifras que nunca antes otros estudios "federales" habían expuesto tan claramente: uno de cada cien niños estadounidenses es víctima de prostitución o violencia sexual.
Varios analistas se han apresurado a destacar en los medios de comunicación, con espanto, que "los niños de la calle" no son, por mucho que cueste creerlo, asuntos propios de países en vías de desarrollo.
El informe señala que esos menores se dedican a la prostitución, a actuar en vídeos pornográficos o a otra forma de explotación sexual y asegura que unos 73.000 niños son vendidos por sus familiares o amigos a cambio de dinero, drogas, comida u otros alicientes.
Pero según el estudio, la mayoría, 122.000, son menores que se escaparon de sus casas y se dedican a la prostitución o a la pornografía para conseguir dinero con el que pagar su comida y otras "necesidades", como la droga.
Los investigadores destacan que hay otro grupo, integrado por unos 52.000 niños, que se compone de menores a los que sus familiares los echaron de casa y que se han dedicado a la prostitución o a la pornografía para sobrevivir.
Si se tiene en cuenta que en Estados Unidos hay 72 millones de niños y adolescentes menores de 17 años, las cifras, vistas desde fuera, pueden no resultar alarmantes.
Sin embargo, el informe ha organizado un importante revuelo porque representa la primera vez que un estudio serio pone la realidad de este país en blanco y negro.
Es decir, les dice a los estadounidenses que su sociedad no es ajena a un problema que ellos creían era patrimonio exclusivo de países "pobres".
El informe señala que, de los 325.000 menores que se dedican al comercio sexual, el 90 por ciento son estadounidenses que, o fueron echados de sus casas o se escaparon de ellas para evitar seguir siendo víctimas de abusos, tanto sexuales como de otro tipo.
Al presentar el estudio Richard Estes, jefe del equipo que ha realizado el informe, dijo que la explotación infantil es "laepidemia menos reconocida del país".
Varios especialistas en la ley juvenil aseguran que este estudio es el más amplio que se ha hecho sobre el asunto, ya que no sólo permite tener una idea de cuántos menores se dedican actualmente al "comercio" sexual sino que da datos sobre su procedencia.
Este aspecto es igualmente sorprendente ya que se indica que "la mayoría" de los niños que viven estas tragedias escaparon -o fueron echados- de hogares de la clase media estadounidense y menos de un 25 por ciento procede de familias "pobres".
Respecto a la "actividad" sexual que se ven obligados a realizar, el estudio indica que un 95 por ciento de los involucrados son niños varones que tienen relaciones con hombres y destaca igualmente que un 25 por ciento de las niñas-adolescentes que se involucran en pandillas terminan teniendo relaciones sexuales con otros miembros de la pandilla como parte de sus ritos.
Igualmente, los investigadores llegan a otra tremenda conclusión: los que pagan por tener relaciones con estos niños son mayormente hombres, y una cuarta parte de ellos son hombres casados y con hijos de la edad de los muchachos que abusan.
Con este panorama, aclarado en parte gracias a más de 200 entrevistas con niños y otras 800 más con responsables policiales, los investigadores aseguran que "los informes oficiales han subestimado el problema" y creen que hay que reestructurar los mecanismos de ayuda a las víctimas que ya existen.
En sus conclusiones reclaman que un organismo federal se responsabilice de proteger a los niños de la explotación y que las agencias encargadas de aplicar la ley detengan sobre todo a las personas que explotan a los menores.
El estudio, que se ha realizado durante tres años y ha contado con un presupuesto de 400.000 dólares, considera fundamental que se incrementen las multas que se imponen a los protagonistas de este tipo de abusos.