Congregación panameña pide aplazar repatriación de desplazados colombianos

PANAMA.---- El Servicio Jesuita a los Refugiados -Fe y Alegría (SJR-FyA)- pidió al gobierno de Panamá que anule o aplace la repatriación de desplazados colombianos, al tiempo que denunció la existencia de presiones para que se marchen, informó una fuente de esta congregación religiosa.
El sacerdote José Manuel Lazaro, que elaboró un extenso informe sobre la situación de los desplazados, dijo a EFE que la repatriación de estas personas debe ser aplazada hasta que se garantice su retorno seguro a las zonas colombianas de Juradó y Bahía Solano, desde donde partieron hasta llegar a Jaqué, en Darién.
El 22 de junio pasado, los gobiernos de Colombia y Panamá acordaron proceder a repatriaciones voluntarias con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 12 de septiembre y el 12 de diciembre próximos.
Según ha informado la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, un primer grupo de 55 desplazados será repatriado el 12 de septiembre.
Lazaro considera que, lejos de mejorar, la situación de violencia ha empeorado en las zonas colombianas de donde proceden los desplazados y esto pone en peligro sus vidas.
En su informe, manifestó que los desplazados sobreviven en Darién en un clima de calma tensa mientras que la posibilidad de una "auténtica" repatriación se desvanece.
Dijo que en conversaciones que ha celebrado con estas personas, la mayoría percibe un empeoramiento de su situación y un trato más duro por parte de las autoridades encargadas del orden público.
"Como si de una estrategia perfectamente planificada se tratara se les empuja deliberadamente a marcharse, por un lado, haciéndoles la vida imposible, acosándoles, impidiéndoles trabajar, humillándoles constantemente, y por otro lado, insistiéndoles en que se acojan a un supuesto retorno voluntario aceptando 50 dólares antes de fin de año (oferta que -según las autoridades- no volverá a repetirse)", destaca el informe.
Asimismo, aseguró que a los 705 desplazados que hay en la provincia de Darién se les debe otorgar el estatus de refugiados en sustitución del que tienen actualmente de protegidos temporales y garantizar, al menos, un permiso de residencia y trabajo.
También planteó la necesidad de brindarles condiciones de vida digna con el establecimiento de un proyecto agrícola colectivo.
La directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, Magaly Castillo, declaró que ha leído el informe y consideró que recoge "bastante" la realidad de Jaqué, no sólo de los desplazados, sino también de la población panameña que vive en esa zona. EFE
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