Los sindicatos y el Congreso acechan al plan de ajuste argentino

BUENOS AIRES.--- Argentina amaneció el miércoles con una huelga de trabajadores estatales en repudio a un recorte de gastos que reducirá sus salarios y con la amenaza de que el Congreso aborte el plan de ajuste lanzado por el gobierno para recuperar la confianza de los inversores.
El gobierno está asediado por los mercados internacionales, que le cerraron sus puertas por temor a un "default" a pesar de que la economía argentina muestra que sus principales indicadores -nivel de deuda, déficit fiscal, comercio exterior- son similares a los de otros países emergentes.
El blanco de las críticas es el déficit fiscal. Si bien los analistas dicen que no es demasiado alto -un 2 por ciento del PIB-, la tendencia creciente en los últimos seis años y la decisión de financiarlo con deuda siembra dudas sobre la posibilidad de seguir sosteniendo la situación.
Ante ello, el presidente Fernando De la Rúa lanzó un nuevo plan de ajuste, el séptimo desde que llegó al poder en diciembre de 1999 apoyado por una Alianza entre la centrista Unión Cívica Radical (UCR) del mandatario y el Frepaso, un sector de la izquierda del país.
Esta vez consiste en no gastar más de lo que recauda, de manera que si el dinero recolectado no es suficiente para hacer frente a todos los gastos reducirá los salarios públicos y las pensiones de retiro de más de 300 pesos (un peso equivale a un dólar).
SOMBRAS EN EL CONGRESO
De la Rúa planteó su plan como la única salida para que el país deje de depender de los mercados de capitales para financiar su déficit.
La decisión de reducir los salarios públicos fue justificada en parte con el argumento de que éstos son, en promedio, un 22 por ciento mayores que los del sector privado.
Pero a pesar de que los 23 gobernadores del país respaldaron el plan, sus respectivos partidos no parecen estar totalmente de acuerdo.
De hecho, diputados de los dos partidos que forman la gobernante Alianza y del opositor peronismo comenzaron a echar sombras sobre la posibilidad de que el plan de recortes sea realidad.
Los legisladores de las principales fuerzas políticas dijeron estar de acuerdo con la necesidad de eliminar el déficit fiscal, que entre enero y junio fue de 4.790 millones de dólares, pero no con las reducciones salariales y de las pensiones de retiro.
Para poder derogar el decreto que puso en marcha el plan de austeridad el Congreso necesita el apoyo de los dos tercios de los legisladores en las dos cámaras.
La Alianza es la primera minoría en la Cámara de Diputados, pero ese frente se quebró en los últimos meses y muchos legisladores crearon nuevos bloques que usualmente no apoyan las políticas del gobierno. En tanto, en el Senado, el peronismo, la fuerza más contraria al plan de De la Rúa, es mayoría absoluta.
La alternativa que proponen los legisladores se basa en reemplazar la reducción de salarios por contribuciones extraordinarias de empresas privadas.
MERCADOS TRANQUILOS, GREMIOS ENOJADOS
Mientras los mercados celebraban el plan, los sindicatos argentinos, que ya realizaron seis huelgas desde que asumió su cargo el presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 1999, decidieron lanzarse nuevamente en contra del gobierno.
El miércoles la huelga fue de empleados públicos. Pero el jueves las dos centrales obreras del país, que se unieron para hacerle sentir al gobierno las dificultades para avanzar con su plan, realizarán una huelga general que, según cifras oficiales, le costará al país 800 millones de dólares.
La huelga llega a golpear a una economía que no crece desde 1998 y con una tasa de desempleo de más de 16 por ciento, lo que equivale a más de 2 millones de personas en un país de 36 millones de habitantes.
Según una encuesta privada realizada el 17 de julio entre 600 personas en Buenos Aires y el cordón urbano que la rodea, el 55,1 por ciento de los consultados dijo no estar de acuerdo con la huelga y el 14,7 por ciento dijo estar poco de acuerdo.
En tanto, el 47,1 por ciento de los entrevistados cree que la medida de fuerza sólo fue decidida en beneficio de los propios sindicalistas.
Los mercados, por su parte, aún no parecen temer a la embestida política en el Congreso, que desnudaría nuevamente la fragilidad del poder del presidente al no lograr imponer sus decisiones entre los dirigentes y legisladores de su propio partido.
El riesgo país, según el índice EMBI+ de J.P. Morgan, termómetro de la desconfianza de los inversores en un país, caía el miércoles a las 1400 GMT el 5,33 por ciento a 1.401 unidades.
Los precios de las acciones líderes de la bolsa de comercio de Buenos Aires retrocedían 0,6 por ciento, aunque el magro volumen operado no permitía establecer una tendencia definida.
El bono Global 2008, máximo referente de la deuda soberana del país, seguía con su marcha ascendente y subía 0,6 por ciento a 63,0 dólares, luego de que el martes recuperara más de 12 por ciento.