Tres militares acusados por promover escuadrones de la muerte

BOGOTA.---- - Tres militares colombianos, incluido un teniente coronel, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de fomentar y promover la creación de "escuadrones de la muerte" responsables de por lo menos 100 asesinatos entre 1996 y 1997, informaron fuentes judiciales.
El encausamiento es el caso judicial más reciente en medio de una serie de denuncias sobre nexos de miembros de las fuerzas de seguridad con los grupos paramilitares de ultraderecha que combaten a la guerrilla izquierdista.
Las fuerzas de seguridad del gobierno, la guerrilla y los grupos paramilitares son los principales actores en el conflicto interno colombiano, que en la última década dejó unos 35.000 muertos.
La acusación formal por el delito de "concierto para delinquir en la modalidad de organizar, fomentar o promover grupos de justicia privada", afecta al teniente coronel del ejército Jesús María Clavijo, a un soldado y un sargento.
La pena máxima a la que se enfrentan los tres es de ocho años de cárcel, dijeron fuentes judiciales.
Según las investigaciones de la Fiscalía y declaraciones de testigos, Clavijo, quien estuvo acantonado en la cuarta brigada del ejército con sede en Medellín, apoyó y permitió el accionar de escuadrones de la muerte en varios pueblos del noroccidental departamento de Antioquia.
Un portavoz de la Fiscalía precisó que la relación de los miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares se descubrió luego de que, en enero de 1998, fue capturado un integrante de esos grupos ilegales armados.
En poder del detenido, las autoridades encontraron un buscapersonas en el que aparecían mensajes en clave enviados por Clavijo al jefe paramilitar.
El teniente coronel, el sargento y el soldado se encuentran actualmente detenidos y han negado los cargos.
EJERCITO DICE QUE NO ES POLITICA INSTITUCIONAL
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional acusan a las fuerzas gubernamentales de nexos con los paramilitares y de apoyarlos en su "guerra sucia" contra la guerrilla y sus simpatizantes.
Pero los altos mandos militares niegan esas acusaciones y aseguran que, de darse cualquier nexo, se trata de conducta de individuos y no de una política institucional.
En octubre de 2000, el Ministerio de Defensa destituyó a 388 efectivos militares, en la purga más grande en la historia del país, por sospechas de vínculos con grupos paramilitares y de violaciones a los derechos humanos.
Las fuerzas militares de Colombia, de 40 millones de habitantes, dicen que vigilan de manera permanente la conducta de sus miembros en lo relacionado con los derechos humanos, luego que Estados Unidos decidió apoyar con 1.000 millones de dólares una estrategia del presidente Andrés Pastrana para combatir el narcotráfico.
El ejército colombiano, que según grupos de derechos humanos tiene uno de los peores registros de violaciones a los derechos humanos en el continente, será el principal beneficiario de la ayuda, basicamente equipos militares.
A mediados de febrero la justicia militar de Colombia condenó a tres años y cuatro meses de cárcel a un destituido general, por no combatir a un escuadrón paramilitar que asesinó a 30 personas en una caserio del este colombiano en 1997.
Fue la primera vez que la justicia militar condenó a un alto oficial por no actuar contra los paramilitares, acusados de cometer las peores violaciones a los derechos humanos.
Aunque no hay cifras disponibles, se sabe que decenas de oficiales de las fuerzas armadas se enfrentan a investigaciones por supuestos nexos con paramilitares.