Defensores de DDHH polemizan por deportación de miembro de FARC

BRASILIA - La Orden de Abogados de Brasil (OAB) y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados intentaban impedir este lunes la deportación sumaria del representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Oliverio Medina, detenido "irregularmente" el viernes pasado en Foz de Iguazú.
Ante informaciones de la policía colombiana, que lo acusa de crimen político, la Policía Federal brasileña (PF) decidió anular el registro provisional del sacerdote Oliverio Medina, cuyo verdadero nombre es Francisco Antonio Cadena Collaso. La PF alegó falsedad en sus declaraciones en cuanto a que no tenía ningún proceso pendiente o problemas judiciales en su país.
Según Marcio Rogeiro de Souza, letrado defensor de Medina y presidente de la Orden de Abogados de Brasil en Foz de Iguazú, la PF "pretende" que existe un pedido de detención de Colombia, pero "ese pedido no existe".
En la cancillería brasileña, fuentes diplomáticas que prefirieron el anonimato aseguraron a la AFP que tampoco se ha recibido ningún pedido de búsqueda y detención o comisión rogatoria de Bogotá para proceder a la detención del representante de las FARC en Brasil.
Oliverio fue detenido el viernes cuando iba a entregar a la Policía Federal los documentos que le faltaban para solicitar su visado permanente en Brasil, donde residía desde inicios de 1996.
La PF anuló el visado que expiraba en noviembre y decretó su deportación sumaria, que puede ocurrir en cualquier momento, por "inconveniente a los intereses nacionales".
Para la Fiscalía Federal del Derecho al Ciudadano, que este lunes tenía previsto presentar un recurso de hábeas corpus en el Tribunal Federal de la 4ª Región en Porto Alegre (Rio Grande do Sul), se trata de una "extradición camuflada", ya que los cargos presentadas contra Oliverio son de carácter político y no penal.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se ha movilizado para asegurar un juicio justo al sacerdote guerrillero.
"No se trata de juzgar la acción del grupo colombiano al que está ligado Oliverio Medina", asegura en una nota del presidente, Marcos Rolim, sino de "preservar su vida e integridad y asegurarle el debido proceso legal y el amplio derecho de defensa".
Mientras en la sede de la cancillería brasileña, Palacio de Itamaraty, aseguran que esta detención -la primera que se practica a un miembro de las FARC en Brasil- no significa un cambio de la política brasileña, el abogado defensor la interpreta como una "claudicación de Brasilia ante Estados Unidos", que apoya militar y financieramente al Plan Colombia de Andrés Pastrana.
El Plan Colombia, al que Washington ha contribuido con 1.300 millones de los 7.500 millones de dólares que costará su aplicación, pretende erradicar los cultivos de droga, poner fin a 40 años de conflicto, reactivar la economía y reformar la justicia para asegurar el respeto de los derechos humanos.
El representante de las FARC en Brasil, que durante los años que vivió en Brasil llevaba a cabo abiertamente actividades informativas sobre su organización, había concedido en las últimas semanas varias entrevistas a la prensa con su fotografía, informando de los riesgos del Plan.