Veinticinco alcaldes asesinados en Colombia en los dos últimos años

BOGOTA- Un total de 25 alcaldes han sido asesinados en Colombia en los dos últimos años, mientras que unos 500 se encuentran amenzados de muerte por las guerrillas de las FARC y el ELN y los paramilitares de extrema derecha, según un informe de la Federación de Municipios divulgado este martes.
El documento señala que siete de esos crímenes fueron cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y cinco por el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) -los principales grupos rebeldes del país-, mientras que en los restantes casos se desconoce la autoría.
Otros cuatro burgomaestres permanecen secuestrados, uno debió exiliarse y 20 se vieron obligados a administrar sus municipios a distancia debido a las constantes amenazas, agrega el informe, que advierte que la situación de los alcaldes en la mayoría de los 1.081 municipios colombianos es "verdaderamente preocupante".
Según el organismo, los grupos guerrilleros tienen gran influencia política y armada en por lo menos 400 de esas poblaciones.
El presidente de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, ha denunciado en otras oportunidades que unos 270 mandatarios provinciales deben compartir el presupuesto de sus localidades o "soportar la influencia" de la guerrilla y los escuadrones de ultraderecha, so pena de ser declarados "objetivos militares".
De acuerdo con esa entidad, en lo que va de este año han sido destruidas diez alcaldías en incursiones armadas y ataques dinamiteros.
Las FARC, comprometidas en una negociación de paz con el Gobierno, y el ELN libran una "guerra a muerte" en diversas regiones del país con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la cual incluye ataques contra campesinos y otros civiles ajenos al conflicto, pero que cada banda percibe como aliado del rival.
En su informe, la Federación de Municipios, que agremia a todos los alcaldes colombianos, también llamó a la guerrilla y los paramilitares a cesar sus acciones militares contra las administraciones provinciales, así como a dejar en libertad a los alcaldes y demás civiles que mantienen en cautiverio.