LA CRISIS DEL GOLPE DE ESTADO AMENAZA CON DESATAR NUEVO CONFLICTO

La crisis que generó el golpe de Estado que derrocó al presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, amenaza con desatar un nuevo conflicto en el país, pues se mantiene la preocupación y el descontento que originaron la revueltas.
El gobierno del presidente Gustavo Noboa, sucesor de Mahuad, está empeñado en castigar a los líderes rebeldes, civiles y militares, que dieron el golpe de Estado el viernes pasado.
La Fiscalía General de la Nación ha extendido acusaciones contra los dirigentes indígenas y políticos que auparon el golpe, mientras que la justicia militar ha detenido a al menos tres coroneles que encabezaron la ocupación de los palacios Legislativo y de Gobierno.
Según las autoridades, la insubordinación militar y la insurrección social deben ser sancionadas con firmeza, pues de ello depende que se curen las heridas abiertas contra la democracia.
El nuevo ministro de Defensa, el almirante en la reserva pasiva Hugo Unda, admitió que las Fuerzas Armadas se debilitaron tras la insurrección del pasado fin de semana.
"Lamentablemente lo ocurrido ha debilitado a la institución armada", afirmó Unda, pero precisó que está en las manos de los mandos castrenses fortalecer "lo que nosotros (los militares) habíamos logrado a través de muchos años".
"Estamos viviendo una situación muy delicada y a las situaciones delicadas hay que afrontarlas con resolución, con decisión", señaló el ministro, quien prefirió no revelar el paradero y la condición de los coroneles que han sido detenidos por la intentona golpista.
El ministro aseguró que los militares insurrectos serán juzgados por la justicia castrense y que tendrán su legítimo derecho a la defensa.
De momento, se conocen las detenciones de los coroneles Lucio Gutiérrez, Celso Andrade y Jorge Brito, aunque la justicia militar deberá revisar los expedientes abiertos contra unos 300 oficiales que apoyaron el golpe.
Ese número es importante, más aún si se considera que la mayoría de coroneles que participaron en la revuelta son muy apreciados por la tropa, se han destacado como líderes y han obtenido las mejores calificaciones dentro las Fuerzas Armadas.
También la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que inicie procesos penales contra el líder indígena Antonio Vargas y el ex juez Carlos Solórzano, por haber integrado la junta cívico-militar, junto al general Carlos Mendoza, que derrocó a Mahuad, pero que fue abortada por el militar a las pocas horas para dar paso en la sucesión presidencial a Noboa.
La Fiscalía, además, solicitó se extienda la acusación contra los diputados socialdemócratas Paco Moncayo y René Yandún que se sumaron a la asonada golpista y que renunciaron a sus escaños en la Legislatura.
El líder indígena Antonio Vargas se declaró dispuesto a ir a la cárcel si la justicia lo precisa, pero subrayó que no lamenta lo sucedido ni se arrepiente de haber participado en el golpe de Estado contra Mahuad.
Vargas aseguró que el movimiento que derrocó a Mahuad lo integraron miles de indígenas y de otros sectores sociales y que ello no constituye un delito porque ha sido la decisión soberana del pueblo.
Para el ex diputado Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el país se ha instaurado una "caza de brujas" que sólo evidencia el terror que sienten los grupos poderosos al acercamiento del pueblo al poder.
"Fue tanto el pánico de ver al pueblo con capacidad de llegar al poder que ahora (los grupos poderosos) están en la euforia y en el desquite", señaló a EFE Moncayo y aseguró que algunos políticos de la derecha y empresarios "estaban preparando maletas para fugarse" del país.
Moncayo dijo que si el mando militar no actúa con mesura y si se mantiene la persecución contra quienes derrocaron a Mahuad, puede haber problemas en las Fuerzas Armadas.