LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE MAHUAD AUMENTO LIGERAMENTE
La popularidad del presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, ha subido cinco puntos desde hace díez días a pesar de las protestas contra su política económica y, si bien es baja, se ha situado en el 13 por ciento, según una encuesta de la empresa privada Cedatos.
La popularidad del presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, ha subido cinco puntos desde hace díez días a pesar de las protestas contra su política económica y, si bien es baja, se ha situado en el 13 por ciento, según una encuesta de la empresa privada Cedatos.Ese pequeño incremento de la credibilidad del presidente Mahuad siguió a su primer Informe a la Nación, pronunciado el pasado sábado ante el Parlamento, en el que ratificó su intención de acometer la "dolarización" de la economía, que equipara al dólar a 25.000 sucres, la moneda local, para evitar una hiperinflación.Ecuador vivió ayer otra jornada en la que se produjeron protestas en diversos lugares del país, si bien el levantamiento popular no han logrado cuajar entre la población.El "levantamiento indígena-popular" hasta ahora sólo ha quedado en amenazas, pues no se han registrado las temidas manifestaciones masivas, ni los cierres de carreteras anunciadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).El 55 por ciento de los consultados por Cedatos opinó que el jefe del Estado debería rectificar los errores cometidos durante sus quince meses de gobierno, en tanto que el 41 por ciento se mostró partidario de que renuncie al cargo como exigen los frentes sociales.Según el sondeo, el 97 por ciento de los ecuatorianos cree que desde que Mahuad está al frente del país, su situación personal ha empeorado y el 90 por ciento se mostró intranquilo ante sus perspectivas de futuro.Por ello, el 64 por ciento justifica la huelga de carácter indefinido convocada por los grupos sociales.El presidente de Conaie, Antonio Vargas, indicó que el levantamiento está en marcha, pero que el fuerte despliegue policial y militar -en el que participan 30.000 uniformados - puesto en marcha por el Ejecutivo para frenar las protestas ha obligado a cambiar la estrategia de la lucha.No obstante, según Vargas, cientos de indígenas han burlado la vigilancia militar en las carreteras y han podido entrar en la capital para efectuar la "toma simbólica de Quito", medida que incluye una "movilización pacífica" con la que exigirá la renuncia de Mahuad y su equipo, la disolución del Congreso y la reestructuración de la función judicial.Para el ministro de Gobierno (Interior), Vladimiro Alvarez, las protestas han tenido muy poco eco entre la población, y muestra de ello es la relativa tranquilidad que se ha registrado en todo el país, con manifestaciones esporádicas repelidas con eficacia por las fuerzas del orden.Sin embargo, Alvarez se mostró preocupado por los actos violentos protagonizados por grupos no identificados que colocaron artefactos explosivos en las sedes del partido de Gobierno, la Democracia Popular, en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, que no causaron víctimas.Alvarez ratificó la vigencia del estado de emergencia que limita ciertas garantías ciudadanas y dijo confiar en que las protestas no degeneren en hechos violentos que obligarían a actuar con fuerza a los militares y policías que custodian la seguridad en todo el país.Otro hecho que tranquiliza al Ejecutivo es la decisión de los gremios el transporte público, que desistieron de participar en las movilizaciones después de un acuerdo con el Gobierno.Los transportistas pidieron que sus deudas sean reestructuradas por los bancos privados ya que la "dolarización" hacía imposible solucionar sus deudas contraídas el año pasado.El nuevo sistema, que adoptará como moneda local a la divisa estadounidense y que aún no se ha concretado, ha causado, además, un dramático aumento en los precios de casi todos los productos.El ministro secretario de la Producción, Juan Falconí, se reunió con las cámaras de industrias y comercio para estudiar medidas que impidan ese hecho y amenazó con sancionar a los establecimientos que hubiesen promovido un aumento de los precios de entre el 25 y el 300 por ciento.




