GOBIERNO RESPETA PERO NO COMPARTE FALLO DE CORTE

El Gobierno colombiano "respeta, pero no comparte, la decisión anunciada por la Corte Constitucional" sobre la invalidez de algunos artículos de la ley sobre modernización y racionalización del aparato estatal.

El Alto Tribunal declaró inválidas las facultades que otorgó el Congreso al presidente del país, Andrés Pastrana, para reestructurar el Estado.

El fallo del Tribunal señala que la decisión de otorgar esas facultades no se ajusta a la Constitución por cuanto no tuvo los debates reglamentarios en el Legislativo.

El ministro de Justicia, Rómulo Gónzalez, encargado de la Presidencia del país porque Pastrana asiste en Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas, aseguró que, aún sin conocer el texto de la sentencia, el Gobierno considera que, con respecto a los decretos que se adoptaron basándose en esta ley, se presentan tres tipos de casos.

"Hay unas situaciones jurídicas consolidadas. Esas quedan vigentes porque la sentencia de la Corte rige hacia el futuro y nunca de manera retroactiva", aseguró.

Tal es el caso, explicó González, con la liquidación de la Caja Agraria y la consecuente creación del Banco Agrario. También, con la expedición de la Ley de Trámites que "seguirá rigiendo hasta que se estudie su constitucionalidad a la luz de la normatividad vigente".

El ministro de Justicia indicó que existen otras situaciones jurídicas que no se alcanzaron a consolidar, y que, en consecuencia, sobre ellas no se podrá hacer ningún desarrollo jurídico.

Un tercer tipo de situaciones jurídicas son los casos de decretos en los que, para declarar su inconstitucionalidad o no, se requiere de una demanda previa.

Sobre los motivos expuestos por los magistrados de la Corte Constitucional, el ministro aseguró que no estaba de acuerdo porque "según informaciones del ministro del Interior, el trámite (en el Legislativo) se cumplió como lo demanda la Constitución", puntualizó