Justicia

EX GOBERNADOR PROFUGO ACUSADO DE NARCO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

Mario Villanueva, ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo y prófugo de la justicia, fue acusado de narcotráfico y delincuencia organizada por la Procuraduría General de la República (PGR), que comenzó operaciones para localizarlo en e...

Mario Villanueva, ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo y prófugo de la justicia, fue acusado de narcotráfico y delincuencia organizada por la Procuraduría General de la República (PGR), que comenzó operaciones para localizarlo en el país y en el extranjero.

Villanueva desapareció hace once días ante el temor de ser detenido tras varios meses de investigaciones en su contra y su ausencia se convirtió en fuga cuando no se presentó este lunes a entregar el cargo a su sucesor Joaquín Hendricks, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Un juez federal dictó anoche una orden de captura contra Villanueva y otros cinco coacusados no identificados por delitos contra la salud en diversas modalidades y delincuencia organizada, confirmó la PGR.

La policía judicial de México comenzó de inmediato la búsqueda del ex gobernador Villanueva, el personaje político más importante acusado en México de narcotráfico desde la captura del general Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, en la que no participa la DEA estadounidense, precisó la Procuraduría.

La Fiscalía dijo que no actuó antes contra Villanueva porque tenía fuero de gobernante y señaló que realiza invstigaciones en varios estados mexicanos y ha solicitado ayuda de la policía internacional para localizarlo en otros países.

La última vez que se supo de Villanueva fue el sábado 27 de marzo en Mérida, estado de Yucatán, y algunas fuentes consideran que pudo haber escapado a otro país, posiblemente a Panamá, Cuba o Canadá, donde tiene propiedades.

La PGR rechazó que las acusaciones contra Villanueva tengan las imputaciones políticas que denunció el ex gobernador desde su escondite en relación con las controversias con líderes del PRI y su sucesor en el gobierno de Quintana Roo.

Al menos 15 testigos han hecho imputaciones en contra del ex gobernador por delitos de narcotráfico al considerar que utilizó su cargo para proteger las operaciones del cartel de Juárez.

Villanueva envió ayer una carta a la prensa mexicana en la que afirmó que permanece escondido para evitar el acoso policial y la intención de incriminarlo con el narcotráfico y ante el temor de ser encarcelado en el penal de alta seguridad de Almoloya, el más temido por los delincuentes por sus extremas condiciones.

Villanueva reiteró su inocencia y afirmó que su persecusión es por razones estrictamente políticas en un momento delicado para la evolución del sistema de partidos y del PRI de cara al proceso de la sucesión presidencial del año 2000.

Afirmó que huyó porque es objeto de una investigación dirigida a incriminarlo en tráfico y consumo de drogas y sostuvo que se vio forzado a salir de su tierra para no ser encarcelado en el penal de Almoloya, "al que quiere destinárseme con la intención de destruirme física, psicológica y moralmente".

El ex gobernador de Quintana Roo añadió que sabía iba a ser acusado por la Procuraduría y dijo que esperaba también que le atribuyeran conductas para ampliar el descrédito, pero afirma que planteará su defensa y saldrá "al paso de los infundios, pero no a riesgo de la cárcel y de una iniquidad tal que me impida actuar".

Durante su mandato como quinto gobernador de Quintana Roo, el narcotráfico incrementó considerablemente su actividad en el estado a tal grado que las autoridades de Estados Unidos señalaron a esta zona del Caribe como la principal puerta de los carteles suramericanos a territorio mexicano.

Villanueva fue líder del PRI en Quintana Roo, jefe de la campaña del gobernador Pedro Joaquín Coldwell (1977-1981) y coordinador de la Comisión Estatal para la modernización rural en la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en 1988.

En Quintana Roo la Fiscalía antidrogas de México ha decomisado en los últimos tres meses bienes por más de 200 millones de dólares relacionados con las activades de los carteles mexicanos de las drogas.

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