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FEDERACION HUMANITARIA NO VE VIABLE EL JUICIO A PINOCHET EN CHILE

La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) señaló que "actualmente no se dan las condiciones necesarias para que el general Augusto Pinochet pueda ser juzgado en Chile", ni en el plano político, ni en el judicial. <BR>Un...

La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) señaló que "actualmente no se dan las condiciones necesarias para que el general Augusto Pinochet pueda ser juzgado en Chile", ni en el plano político, ni en el judicial.

Una misión internacional de investigación promovida por dicha organización y que visitó Chile entre el 3 y el 10 de marzo, comprobó la existencia de numerosos obstáculos para el desarrollo de un juicio justo en Chile, señala la FIDH en un comunicado difundido hoy en París.

Entre los impedimentos jurídicos, el informe destaca un decreto ley de abril de 1978 que concede total amnistía a los hechos sucedidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, periodo en el que, según la misión, "se cometieron los crímenes más graves de la dictadura chilena".

Una interpretación extensiva de la Constitución y de otros textos legislativos que dotarían de competencias a la jurisdicción militar en este proceso, y la inmunidad de Pinochet en su calidad de senador (artículo 45 de la Constitución) contribuirían a poner trabas a un desarrollo normal del juicio.

"No existe ningún indicio que permita pensar que todos estos obstáculos puedan ser superados próximamente", estima la FIDH.

La Constitución en vigor, elaborada en 1980, confiere al Senado un papel primordial en este caso, tanto por su potestad en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, como por su poder para quitarle la inmunidad a Pinochet.

Pero los actuales miembros de esta cámara obstaculizan el desarrollo del juicio y, en cuanto al Tribunal Supremo, su presidente, Roberto Dávila Días, fue nombrado por el propio Pinochet, indica el comunicado.

Por otra parte, la FIDH recoge en su informe la existencia de "graves actos de tortura" cometidos contra algunos presos políticos el pasado 6 de febrero en Chile, denunciados por la Comisión de Promoción de la Defensa de los Derechos de los Pueblos (CODEPU).

Se refiere al traslado de 56 detenidos desde una prisión de alta seguridad a la de Collina II, donde algunos prisioneros sufrieron golpes sistemáticos, descargas eléctricas y quemaduras con cigarrillos.

Además, fueron víctimas de prácticas consistentes en la inmersión de sus cabezas en agua impidiéndoles respirar, según relataron los propios afectados a los integrantes de la misión de la FIDH desplazada a Chile.

El grupo lo formaban Claude Katz, abogado y secretario general de la FIDH; Antonio Donate, magistrado español miembro de "Jueces por la Democracia", y Juan Carlos Capurro, abogado de Buenos Aires y miembro del "Comité de Acción Jurídica".

El informe de la investigación, que será publicado en la primera quincena de abril, fue elaborado ante la insistente petición de libertad para el ex dictador por parte del Gobierno de Chile y de su deseo de que fuera juzgado por tribunales chilenos.

Augusto Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 por las autoridades británicas tras una demanda de extradición presentada por el juez español Baltasar Garzón, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas

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