BATALLA PARA IMPEDIR LIBERACION DE PINOCHET ANTE LA CAMARA DE LOS LORES

El destino del general Pinochet estaba este miércoles en manos de los cinco magistrados que decidirán si la Alta Corte de Justicia de Londres tuvo razón la semana pasada al declarar ilegal la detención en Gran Bretaña del ex dictador y reconocerle la inmunidad de que gozan los ex jefes de Estado.

Los cinco pares vitalicios de la Cámara Alta británica, la instancia judicial suprema británica, que sesionaron por cinco horas en la fecha, prolongarán probablemente hasta el lunes sus audiencias, que inicialmente iban a durar dos días.

Mientras en Santiago familiares de los desaparecidos en Chile bajo el régimen de Pinochet se declaraban en "estado de vigilia permanente" y reivindicaban "una noche sin sueño para que la Humanidad duerma tranquila", en Londres los magistrados escucharon hasta el final de la jornada los argumentos de la fiscalía, que apeló la decisión de la Alta Corte.

La batalla para impedir la liberación del general Augusto Pinochet se inició en la mañana del miércoles en Londres, ante los magistrados de la Cámara de los Lores, los abogados de las autoridades de España y de la policía británica, que intentan convencer a los jueces de que el ex dictador chileno no goza de ninguna inmunidad.

Si los jueces confirman la decisión de la Alta Corte, Pinochet, que fue detenido el pasado 16 de octubre a demanda del juez español Baltasar Garzón, se iría de Gran Bretaña en el avión chileno que le espera desde hace dos semanas cerca de Londres. De esta manera escaparía a todos los procesos abiertos contra él en ocho países europeos.

"Nadie puede obtener la inmunidad por los crímenes" que se reprochan al general Pinochet "sobre la base de que habrían sido cometidos cuando era jefe de Estado", afirmó el abogado de España y de la policía, Alun Jones.

"Esta inmunidad es una ofensa a los derechos humanos cuando se le reprochan cerca de 4.000 muertos y desaparecidos", añadió.

Asimismo, el abogado intentó demostrar que Augusto Pinochet no fue designado formalmente jefe de Estado hasta 1981, ocho años después del golpe de Estado que lo llevó al poder, y que durante ese tiempo se perpetraron crímenes abominables, como la tortura de niños, por lo que no podría reclamar la inmunidad soberana.

A pesar de las objeciones de los defensores de Pinochet, Jones consiguió que los Lores consideren el proyecto de pedido de extradición que el juez Garzón espera que el gobierno español apruebe antes del fin de semana.

En la demanda de extradición presentada por el magistrado al gobierno español se le reprochan a Pinochet secuestros, torturas y ejecuciones antes de que se autoproclamara gobernante de su país, tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, y antes incluso de que gozara de ninguna inmunidad.

Los magistrados habían previsto dos días de audicencia, pero su decisión no la tomarían antes del lunes, se informó.

El gobierno británico, incómodo con el caso Pinochet, no han creido conveniente enviar representantes al proceso. Los magistrados de todos modos han aceptado escuchar al abogado de varias organizaciones de defensa de derechos humanos, algo hasta ahora sin precedentes.

Este abogado, Ian Brownlie, iba a explicar, en la tarde del miércoles, por qué los últimos desarrollos del derecho internacional abonan a favor de un juicio del general Pinochet, incluso si la Corte Criminal Internacional (CCI), cuyo principio fue adoptado en julio pasado, no es todavía operativa.

Los Lores tienen un presión considerable. "No tienen derecho de saltarse las reglas establecidas", advirtió el abogado del general Pinochet, recordando que la Alta Corte estimó el miércoles pasado que la policía británica no tenía derecho a detener a un ex jefe de Estado.

En la parte de enfrente, varias organizaciones de derechos humanos amenazaron con apelar ante el Tribunal Europeo de Justicia si los Lores confirman el juicio de la Alta Corte.

En Estrasburgo, el ex presidente portugués Mario Soares estimó que la defensa de la democracia chilena era más importante que la extradición y el proceso del general Augusto Pinochet.

"Pienso que Pinochet es un criminal", declaró en una reunión de prensa. "Pero pienso también que la defensa de la democracia chilena es más importante que la persona de Pinochet".

En París, la ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, destacó que la justicia de su país no tenía que esperar la decisión de la Cámara de los Lores para pedir la extradición del general Pinochet pero que dicha demanda no correspondía a su ministerio.

"No hay por qué esperar la decisión de la Cámara de los Lores, la justicia francesa puede avanzar su procedimiento", dijo la ministra, señalando que "la próxima etapa, es la transmisión de la demanda de extradición, pero ésto, no soy yo quien lo decide, tiene que ser la Fiscalía general de París, el fiscal de París".

Por su parte, justicia española, al indicar su "interés legítimo" por perseguir a los autores de la "acción de exterminio" que durante la dictadura militar argentina (1976-83) afectó entre sus víctimas a "más de 500 españoles", afirmó que "esta misma aseveración es aplicable a Chile", según dijeron a la AFP fuentes judiciales, al adelantar que el jueves el máximo tribunal penal emitirá un informe similar sobre delitos perpetrados durante el régimen militar (1973-90) del ex dictador Augusto Pinochet.

El juez español Baltazar Garzón había pedido el martes al Gobierno español que reclame con urgencia a Gran Bretaña la extradición de Pinochet para procesarlo por crímenes contra la Humanidad.

En Roma, el ministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, monseñor Jean-Louis Tauran, reiteró a su vez que el Vaticano no intervendrá en el "caso" Pinochet.

"Hay un proceso judicial en curso, esperemos el resultado", agregó el canciller del Vaticano, que precisó que "hay un aspecto jurídico que atañe el pasaporte diplomático y la inmunidad, del que no estoy muy enterado"