Estado de indagaciones, denuncias e investigaciones contra Petro y Rodolfo
Cualquiera que resulte electo, sus procesos pasarán automáticamente a la Cámara de Representantes, como lo ordena la Constitución Política.
Gustavo Petro y Rodolfo Hernández / Getty Imagenes Colprensa
Mediante derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, en las tres instancias penales que tiene hoy, este es el resultado completo de cada uno de los candidatos:
Rodolfo Hernándeztiene en su contra 20 procesos, o como se llaman técnicamente, noticias criminales, de los cuales uno está en etapa de juicio, para audiencia preparatoria el próximo 21 de julio, el ya conocido caso Vitalogic.
Todos los casos son por hechos ocurridos durante su período como alcalde de Bucaramanga, entre 2016 y 2019.
Solo el que enfrenta por Vitalogic tiene acceso abierto, es público ya que está en juicio, los restantes no se han abierto formalmente, por lo tanto, siguen bajo reserva.
En el caso Vitalogic, dice la Fiscalía que Rodolfo Hernández Suárez, como Alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la EMAB, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de un tercero, Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor fuese el contratista escogido para la Consultoría, indicándole a su subalterno José Manuel Barrera Arias, Gerente de la EMAB, que debería ser el escogido, en abierta desviación de poder, mostrando esa inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista.
En su respuesta, la Fiscalía me dice que se adelantan 19 investigaciones por posibles delitos contra la Administración Pública y una por delitos electorales. Todos se encuentran en etapa de indagación.
Y que, en cumplimiento del Código de Procedimiento Penal, no es posible brindar más información de dichas indagaciones teniendo en cuenta su etapa procesal.
Seis son por presunto prevaricato por acción, tres por prevaricato por omisión; cinco más por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dos por presunto peculado, uno por presunto interés indebido en la celebración de contratos y uno por intervención en política.
Esos procesos acaban de ser trasladados de fiscalías de Bucaramanga a fiscales de Bogotá. En la decisión, la Fiscalía dice que se hace considerando que RH es candidato en segunda presidencial.
¿Y el candidato Gustavo Petro Urrego, qué tiene pendiente ante la Justicia?
Según la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Instrucción, contra Gustavo Petro Urrego hay quince procesos radicados allí, dado que él tiene fuero por ser senador de la República.
Solo dieron información de cinco procesos con alguna indicación del presunto delito: uno por injuria y calumnia agravada, y cuatro por injuria y calumnia simple.
De los restantes 10 procesos, me contestan con el radicado, fechas y magistrado a cargo, pero no me informan qué tipo de posibles delitos se están investigando, solamente dice el documento “POR ESTABLECER”; el más antiguo es del 23 de noviembre de 2018 a cargo de la magistrada Cristina Lombana, por establecer delito, y el más reciente del 13 de junio de 2022 en contra de Petro, Armando Benedetti y Roy Barreras, a cargo del magistrado Héctor Javier Alarcón, también con delito por establecer.
¿Hay algunos casos particulares? ¿qué dijo la Corte Suprema?
Un proceso en particular no me ha sido contestado por la Corte Suprema de Justicia, sala especial de instrucción. El que se envió por parte de la Fiscalía en septiembre de 2019 a la Corte para que se indagara la actuación de Gustavo Petro como alcalde en el negocio de la compra de 100 motos eléctricas para la Policía, por $4.300 millones. La Corte solo me contestó con el radicado de septiembre del 2019, a cargo del magistrado Misael Rodríguez; pedí información de qué trámite, diligencias, indagaciones o tareas de investigación se han adelantado en esa Sala respecto de la compulsa de copias hecha por la Fiscalía, hace ya casi 3 años. aún estoy esperando la respuesta; la solicitud la hice el 6 de junio pasado y la reiteré el anterior miércoles.
Por este caso de las motos fueron condenados en primera instancia los exgerentes del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá Cesar Manrique Soacha y el exsubgerente Jesús Amado Abril, pero ante la apelación de la defensa, el Tribunal Superior de Bogotá decretó nulidad del proceso ordenando que la etapa de juicio se retome con la acusación. En mayo de 2022 se inició el juicio oral ante el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá por el delito de peculado, entre otros.
¿Qué dice la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad penal del entonces alcalde Gustavo Petro?
En este caso de las motos eléctricas, la Fiscalía dice que “se infiere razonablemente el probable conocimiento y participación en los mismos de Gustavo Petro en su calidad de Alcalde Mayor de Bogotá”; que “hubo un claro acto de direccionamiento en la escogencia del futuro contratista”, dado que Petro presentó las motos, incluso ya pintadas con los colores de la Policía, con una marca comercial específica y con la presencia del que sería el contratista vendedor, Carlos Andrés Vaca, “mucho antes de que se iniciara el proceso” de contratatación. Así que el magistrado Misael Rodríguez tiene en su despacho, hace ya casi 3 años ese caso y no lo ha movido.
¿Y de otro escándalo en esa Alcaldía de Petro, el de la famosa máquina tapahuecos, qué ha pasado en la justicia?
Fiscalía contesta que María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad Vial de Bogotá, fue condenada en dos instancias a 80 meses de cárcel por las anomalías en ese contrato con la firma Green Patcher Colombia, por valor de once mil ochocientos veintidós millones de pesos ($11.822.000.000). En este caso, dice la Fiscalía, en el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá se adelanta juicio oral contra Juan Pablo Posada Arciniegas y Volker Dietrich Degenhardt, contratistas de esa máquina. Posada es el actor conocido como El Chuli.
En este proceso no se ha involucrado judicialmente al exalcalde Gustavo Petro que siempre defendió la contratación de la máquina como una innovación tecnológica, de ciencia y tecnología, pero la justicia ya dijo que era simplemente un contrato de obra donde se violaron todos los principios de la contratación pública.
En cuanto a Rodolfo Hernández, los procesos son bajo el sistema penal acusatorio, Ley 906. Petro es procesado bajo la Ley 600 por su fuero.
Cualquiera que resulte electo, sus procesos pasarán automáticamente a la Cámara de Representantes, como lo ordena la Constitución Política.