<strong>Bellavista</strong>, la nueva cabecera urbana de <a title="Bojayá" href="https://caracol.com.co/tag/bojaya/a/">Bojayá</a>, tiene casas y algunas calles de cemento, un coliseo sin terminar, colegio y templo. Están en construcción una nueva sede para la alcaldía, un hospital y un puente en el puerto. Ni la electricidad ni el agua potable son constantes y la conexión a internet es, cuando menos, inestable. A pesar de ello, para el resto de los habitantes luce como una metrópoli pues casi el 80% de la población está en la <strong>zona rural dispersa</strong>. Baste mencionar que es un municipio con un área comparable con la del departamento del Atlántico. Hay comunidades (sobre todo indígenas) a las que toma días llegar tras recorridos por ríos y selvas o montañas. Hay otras a las que se puede acceder después de una o dos horas de navegación fluvial pero donde el abandono estatal es evidente. A continuación, les presentamos lo que encontró<strong> Caracol Radio</strong> en dos de esas poblaciones: Para llegar allí es necesario navegar por el<strong> río Pogue</strong> hasta donde se encuentra con las aguas del río<strong> Bojayá</strong>. Allí viven unas 500 personas en casas de madera, según sus costumbres. Hay pocas construcciones de ladrillo, entre ellas la escuela y un pequeño puesto de salud donde no hay dotación ni personal para prestar siquiera los primeros auxilios. Mientras 6 AM estuvo allí, escuchó el relato de un soldado del contingente que patrulla en la parte alta del pueblo y quien llevaba tres días con fuertes síntomas de paludismo, pero no recibió atención oportuna. Cuando alguien se enferma de malaria, cuando un habitante sufre una mordedura de serpiente o hay una mujer gestante, deben remitirle a la cabecera en una panga fletada porque a la moderna ambulancia fluvial del pueblo nunca la han visto por allí. El costo de esa embarcación lo deben asumir el enfermo y su familia y, con frecuencia, los pacientes son remitidos hacia<strong><a title="Quibdó" href="https://caracol.com.co/tag/quibdo/a/"> Quibdó</a> </strong>donde los costos de traslado y de estadía les resultan impagables tal y como lo cuenta <strong>Luis Hernán Palacios</strong>.Sus habitantes derivan su sustento de la madera, aunque aseguran que cada vez hay más restricciones legales para extraerla. Cientos de troncos están apilados frente al muelle porque comercializarla puede ser un dolor de cabeza. Solían salir a cazar, pescar y cultivar para alimentarse, pero ahora han tenido que reducir o evitar esas tareas porque temen caer en minas o artefactos explosivos sembrados por diferentes grupos armados. Sobre ese temor y también sobre sus necesidades en salud hablamos con la señora <strong>Oneida Orjuela</strong>.Por algunas aceras encementadas y por caminos de lodo corren niños todo el día. Muchos de ellos esperan con ansias la ración alimentaria que deberían brindarles en la escuela. Varios padres de familia coincidieron en que el año anterior no llegó la comida durante 6 meses y en 2022 sólo empezó a llegar desde marzo, pero incompleta. Así lo relata la señora<strong> Ana Aurelina Córdoba</strong>.Pogue está en una barranca que pareciera alta con respecto a los ríos que la circundan. Sin embargo, en las temporadas lluviosas el <strong>Pogue</strong> y el <strong>Bojayá</strong> crecen inundando buena parte del pueblo y amenazando con su fuerza combinada las endebles edificaciones. Cuando ello ocurre, sus habitantes sienten que su pueblo podría ser borrado del mapa. Han pedido una y otra vez su reubicación, pero la <strong>Unidad de Gestión del Riesgo</strong> y el <strong>Ministerio de Vivienda</strong> no han iniciado los trabajos. Nos lo explicó el líder social José Adán Palacios.Ya fueron víctimas de las <strong><a title="FARC" href="https://caracol.com.co/tag/farc_fuerzas_armadas_revolucionarias_colombia/a/">FARC</a></strong>, del<strong> <a title="ELN" href="https://caracol.com.co/tag/eln_ejercito_liberacion_nacional/a/">ELN</a> </strong>y de las<a title="Clan del Golfo" href="https://caracol.com.co/tag/clan_del_golfo/a/"><strong> AGC</strong></a>. Muchos de ellos tuvieron parientes muertos en el templo de Bojayá, pero la reparación a la que tienen derecho aún no llega.Pogue es una comunidad confinada porque, a pesar de la presencia de soldados que vigilan desde la parte alta y patrullan sus estrechos senderos, las áreas boscosas donde su gente conseguía la comida se han ido convirtiendo en potenciales trampas mortales.En este poblado viven cerca de 130 familias, la mayoría afro, aunque hay viviendas visiblemente habitadas por mestizos e indígenas. Ya se sabe que el <a title="Chocó" href="https://caracol.com.co/tag/choco/a/"><strong>Chocó</strong> </a>es una de las zonas más lluviosas del mundo, pero en este caserío no hay agua potable. El agua tomada del río sirve para lavar platos, ropas y cuerpos. <strong>Karen Cuesta</strong>, una decidida y elocuente líder de esa comunidad explica las consecuencias:Buena parte de la alimentación de sus habitantes depende del plátano y del pescado pero los peces que consumen tienen cada vez más mercurio y arsénico que se han concentrado peligrosamente en su orina, su sangre y su cuero cabelludo. Eso les dijeron investigadores de la <strong>Universidad Tecnológica del Chocó</strong> y de la <strong>Universidad de Córdoba</strong> quienes los sometieron a exámenes y constataron presencia de esos metales pesados en concentraciones que ningún humano podría resistir sin que su salud se vea afectada. Todos los examinados se quedaron con su resultado guardado en un sobre y esperaron un tratamiento que nunca llegó. Escuche el relato de <strong>Manuel Domínguez</strong>.E<strong>n Piedra Candela</strong>, como en <strong>Pogue</strong>, denuncian que las porciones del plan de alimentación escolar y las que envían a los hogares infantiles comunitarios son insuficientes. Llega para un mes una remisión de alimentos que muchas veces sólo alcanza para una semana. Frutas, verduras y carnes llegan frecuentemente en mal estado. <strong>Neify Domínguez,</strong> madre comunitaria, es testigo de ello:Esta comunidad vive el mismo problema de salud que otras concentraciones rurales de<a title="Bojayá" href="https://caracol.com.co/tag/bojaya/a/"><strong> Bojayá</strong></a>. Sus habitantes no tienen un mínimo servicio preventivo ni un botiquín comunitario y eso los obliga a trasladarse a Bellavista donde, con frecuencia, dicen recibir mala atención, no les entregan los medicamentos o los remiten a Quibdó. Todo lo anterior aumenta el gasto para el paciente y su acompañante en una región donde los traslados fluviales pueden costar más que un tiquete aéreo entre las grandes ciudades. Escuche el relato de <strong>Rosaura Mosquera</strong>.Si todo lo que ha leído hasta aquí le conmueve, piense que esta comunidad fue varias veces obligada a desplazarse por la violencia, que hoy está confinada y, a pesar de todo eso, la reparación a la que tienen derecho según la ley no les llega. Uno de los hombres mayores del caserío,<strong> Don Francisco Moreno,</strong> resumió así su situación:Esta es una pequeña muestra de lo que viven decenas de poblados y veredas de Bojayá: veinte años después de la explosión que mató a más de un centenar de personas, siguen sumando desidia estatal e intimidación de grupos ilegales. Son colombianos apenas sobreviviendo.Sobre el confinamiento, sobre la presencia de grupos armados o sus informantes y sobre la existencia de campos minados, la gente de la región prefiere no hablar abiertamente por temor. Sin embargo, <strong>Caracol Radio</strong> corroboró con otras fuentes y documentos la difícil situación humanitaria de sus habitantes con frecuencia desprotegidos por entidades oficiales. Quienes atienden a esas poblaciones han sido ONG como <strong>Médicos del Mundo</strong>, <strong>Consejo Noruego para los Refugiados</strong>, el <strong>Comité Internacional de la Cruz Roja</strong> y varias agencias de<strong>l sistema de Naciones Unidas</strong>. Nuestra semana de cubrimiento periodístico en Bojayá concluyó abruptamente cuando las<strong> <a title="Clan del Golfo" href="https://caracol.com.co/tag/clan_del_golfo/a/">AGC (Clan del Golfo)</a> </strong>declararon un paro armado que encerró a los civiles, obligó a cerrar el comercio y a detener el transporte fluvial, vital en la zona.