Masacre Bojayá

Bojayá, una herida que aún no cicatriza

20 años después de la explosión de una pipeta, Caracol Radio presenta las voces de sobrevivientes, líderes sociales, organismos y autoridades civiles.

Bojayá, una herida que aún no cicatriza /

 El pasado lunes 2 de mayo cientos de habitantes de Bojayá despertaron recordando un aniversario que los marcará para siempre. Rezaron para que no lloviera -como es habitual- y pudieran realizar los actos programados en memoria de las víctimas. Cuando el cielo gris abrió paso al sol, empezaron peregrinar en lanchas hacia la antigua cabecera del pueblo donde la vegetación ha invadido las pocas edificaciones de cemento que había y que aún permanecen en pie. En el viejo templo de San Pablo Apóstol se juntaron alrededor de un cristo sin brazos que el mundo conoció como la síntesis del horror vivido allí hace dos décadas. Grupos de alabadoras cantaron la misa que fue concelebrada por Monseñor Juan Carlos Barreto y Monseñor Mario Álvarez, obispos de Quibdó e Istmina-Tadó respectivamente- y presidida por Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali. Esto nos dijo Monsalve al concluir la ceremonia.

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En el mismo sitio donde quedaron destrozados cuerpos, vidas, un templo y una comunidad; en el mismo templo donde fueron asesinadas 81 personas, hay un conjunto de columnas que sostiene un techo de zinc que protege este sitio de memoria, aunque varias veces ha sido profanado para hurtar las piezas metálicas y venderlas como chatarra. De esa estructura colgaban cintas blancas y violeta y pañuelos blancos mientras en las paredes se veían elocuentes y dolorosas imágenes del reconocido fotoperiodista Jesús Abad Colorado. Después de la eucaristía, los habitantes de Bojayá desocuparon el templo y sólo quedaron en él quienes previamente habían sido designados para hablar en un conversatorio privado (por razones de seguridad) ante organizaciones humanitarias internacionales, delegados de entidades de la justicia transicional y algunos periodistas.

Allí, el primero en hablar fue el alcalde quien ha perdido totalmente la audición; camina con enorme dificultad apoyado en un bastón y en dos de sus colaboradores. “Nos están matando a nuestra gente, nos están matando a nuestros jóvenes. 80% de nuestra población está confinada. No se ha hecho el desminado. Apenas un 20% de las víctimas de Bojayá han sido reparadas” dijo Edilfredo Machado. Un rato después el mandatario habló con 6AM.

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Lo que inició el alcalde se convirtió a continuación en un rosario de reclamos de los bojayaceños por los pocos avances en los compromisos estatales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “El Estado ha fungido como espectador ante la presencia de actores armados y al padecimiento de las comunidades afro e indígenas” dijo uno de los líderes presentes en la reunión y agregó: “Todo esto es apenas una muestra de racismo estructural. No es algo nuevo; antes hicieron la operación Génesis y la operación Cacarica (denunciadas ante la justicia por acciones armadas del paramilitarismo con anuencia de integrantes de la Fuerza Pública en el Chocó).

Allí subrayaron que en Bojayá hay tareas pendientes con la plena identificación de desaparecidos, con la ubicación de los restos de bebés en gestación al momento de la explosión y con cuerpos cuyas familias quedaron con dudas sobre su verdadera identidad. 19 de las personas lesionadas por la explosión han muerto posteriormente de cáncer. Muchos otros sobrevivientes tienen lesiones por esquirlas dentro de sus cuerpos que siguen causándoles problemas de salud. Una “pipeta silenciosa” está matando a la gente, dijeron. Escuche aquí al Comisionado de la Verdad Leyner Palacios, oriundo de este municipio y quien perdió casi dos decenas de parientes en la matanza.

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Varias veces durante la reunión usaron el término etnocidio. Esa palabra también la mencionó el líder de víctimas Yuber Palacios Mosquera. Palacios lidera un Comité que reúne a cerca de 10 organizaciones de la sociedad civil de esta región. En su opinión, la verdad de lo ocurrido aún está por construir y deben ser las comunidades quienes puedan tejer los relatos desde su propia experiencia y no con la mirada de gente del interior. Justicia, aseguró, no ha habido pues la Fiscalía concentró sus pesquisas en los hechos ocurridos durante dos días, pero no en los hechos previos y posteriores al 1 y 2 de mayo de 2002, en los que hubo más víctimas y en los que encontraría más evidencia sobre lo ocurrido y sus responsables. Dijo que la reparación es una deuda pendiente y que no hay garantía de no repetición porque la violencia armada en la región sigue siendo una realidad cotidiana.

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En los últimos años, como consecuencia de la violencia, han desaparecido 4 consejos comunitarios y 5 más están tan despoblados que su extinción parece inminente. Hay 108 poblados indígenas y en el 60% de ellos quedan 4 o menos personas. Hoy, dice la ONU-DD-HH, hay al menos 50 mil personas confinadas en la región y advierte que están riesgo la pervivencia física y cultural de esas comunidades. Líderes indígenas denunciaron en Bojayá una realidad alarmante por suicidios de jóvenes indígenas que prefieren matarse antes que ser reclutados. Hablaron de 150 casos en los 7 años recientes y 6 en lo que va de 2022. Uno de sus líderes es Víctor Carpio:

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Durante tres horas organizaciones humanitarias internacionales escucharon el clamor de personas que dijeron sentirse desprotegidas. Allí estaba la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se llama Juliete de Rivero y en su opinión el Estado debe escuchar y atender, no sólo cuestionar con frecuencia las denuncias de las comunidades. Dijo que allí no sólo se habló de la desatención estructural del Estado sino de las reiteradas denuncias sobre presunta connivencia de algunos de integrantes de las Fuerzas Armadas con grupos ilegales. Escuche aquí su testimonio.

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Entre los delegados de la comunidad internacional que estuvieron en los actos conemorativos estaba el embajador de Alemania en Colombia Peter Ptassek quien escuchó con preocupación las denuncias de los líderes sociales y consideró que la violencia que aún vive la región es un gran obstáculo para los proyectos de cooperación en los que su país está comprometido. A pesar de ello, consideró que implementar los Acuerdos de Paz puede contribuir a la solución de la crisis humanitaria en la región. Oiga aquí los conceptos del diplomático alemán:

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En el aniversario las comunidades también fueron escuchadas por el sistema de justicia transicional del que hacen parte tres instituciones, entre ellas la JEP. La vocera de esta jurisdicción prometió abrir nuevos espacios para escuchar a las víctimas y ofrecerles atención jurídica, social y psicológica. Aseguró que no puede investigarlo todo, pero sí hacer justicia sobre los casos más representativos de violencia y sobre sus máximos responsables. Anunció desde Bojayá un grupo de 7 personas con enfoque étnico para priorizar muchas de esas investigaciones. La institución estudia si incluirá la matanza de Bojayá en alguno de los macro casos abiertos o si abordará esos hechos en nuevos procesos de investigación que abrirá la institución. Su vicepresidenta es la magistrada Alexandra Sandoval.

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La desaparición es un crimen que permanece en el tiempo, una cicatriz que no cierra, un duelo inconcluso mientras no haya un cuerpo que sepultar y una certeza para llorar. En esta región no sólo sufren por la matanza de hace 20 años sino por miles de familiares que no aparecen como consecuencia de diferentes momentos de la guerra. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas reconoció que falta mucho por hacer, pero su labor resulta aún más dispendiosa porque la confrontación entre grupos armados siguen en la región. En el Chocó podría haber hasta 4 mil desaparecidos; por eso la entidad prometió trabajar con las autoridades étnicas para agilizar su búsqueda. Luz Marina Monzón es la directora de la UBPD y este es su diagnóstico:

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En el aniversario de la matanza, el funcionario de mayor rango del gobierno central que se hizo presente fue el director de la Unidad para las Víctimas. Escuchó las graves denuncias de la gente, reconoció que hay una grave crisis humanitaria, aceptó que en el Chocó y en el país es evidente una demora estructural en el proceso de indemnización a las víctimas y llamó a las otras entidades a coordinar mejor sus esfuerzos para atender el clamor de las comunidades chocoanas.

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Antes de que se fuera la luz del sol regresaron a Bogotá y a otras ciudades todas las personalidades que llegaron a Bojayá y que anotaron en sus libretas las mismas peticiones de la gente: reparación colectiva, plena implementación de los acuerdos de paz, búsqueda de los desaparecidos y desmantelamiento de los grupos armados. Con el mismo interés anotaron todo lo que viven hoy en Bojayá: confinamientos, reclutamiento de menores, violencia sexual, suicidios de niños indígenas, desplazamientos forzados gota a gota.

En la noche, la comunidad -representada por sus niños y jóvenes- lanzó decenas de globos al cielo. Cada uno tenía el nombre de una víctima que se leía en voz alta y se escuchaba en varias cuadras gracias a los parlantes del nuevo templo. Esos globos iluminados se elevaban y formaban una constelación sobre Bellavista (cabecera de Bojayá). Decenas de niños jugaban en el parque; muchos adultos dejaban escapar una lágrima mirando hacia el cielo. El reportero de Caracol Radio escuchó en el atrio a una señora decir sin consuelo “¿Por qué Dios mío? ¿Por qué?”.

Bojayá: un contexto necesario

(Con base en documentos del Grupo de Memoria Histórica CNRR)

El 2 de mayo de 2002 en la iglesia de San Pablo Apóstol murieron 81 personas, entre ellas 47 menores de edad y varios bebés en gestación. Sobre el templo católico fue lanzada una pipeta bomba que rompió el techo y cayó sobre cientos de civiles que se habían refugiado allí intentando resguardarse de los enfrentamientos entre guerrilleros del bloque José María Córdova de las FARC y paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las AUC.

Antes, durante y después de esa explosión hubo combates; fueron varios días continuos de fuego cruzado con treguas nocturnas pactadas por los comandantes. En ese período, además de las víctimas de la explosión, la cifra de víctimas supera el centenar e incluye asesinatos selectivos y casos de desaparición forzada. No fueron hechos ocurridos únicamente en Bellavista sino también en los municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia), Riosucio y en los poblados de Napipí y Puerto Conto. Están documentadas las manifestaciones de la población sobre la falta de justicia tanto en el caso de los guerrilleros como de los paramilitares y de los agentes del Estado en estos hechos.

Las AUC usaron como escudo las únicas edificaciones de cemento que eran bienes civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y -además- un sitio de culto.

Las FARC usaron armas no convencionales (prohibidas por el DIH) sin medir las consecuencias de los daños contra civiles (personas protegidas) y sin distinguir el daño que causarían a los no combatientes.

De parte del Estado hubo omisión pues se conocían múltiples alertas sobre los ataques inminentes y sobre el movimiento de los grupos en contienda antes, durante y después del ataque. La Fuerza Pública sólo llegó 4 días después. En uno de los episodios más dolorosos para esta comunidad, el imputado General del Ejercito Mario Montoya Uribe apareció ante las cámaras de televisión supuestamente compungido mostrando un zapatico de niño. El oficial tenía bajo su jurisdicción aquella región. “Aquí los niños no usan zapatos y menos cuando huyen de las balas” dijo con rabia un habitante del pueblo reprochando la pasiva respuesta del Estado ante esta matanza anunciada.

Después de la explosión, el sacerdote católico Antún Ramos sacó a los sobrevivientes del templo y los llevó hacia Vigía del Fuerte en pangas (pequeñas embarcaciones) donde remaban con sus propios brazos.

Como consecuencia de esos hechos, de la zona de Bojayá se desplazaron casi 6 mil personas; no todas regresaron. Hubo un enorme desplazamiento indígena que no fue registrado porque esas comunidades no se fueron hacia las cabeceras urbanas, sino que se internaron en la selva huyendo de los combates.

Los diferentes grupos armados saquearon las viviendas de los muertos y de los desplazados.

Tras la matanza, el gobierno Pastrana aprovechó tales hechos para deslegitimar en el exterior la actividad de las FARC y lograr que se le considerara un grupo terrorista, el mismo con el que hasta tres meses antes había sostenido diálogos de paz en la zona del Caguán.

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