Resolución ordena restituir playa que vendió el esposo de la vicepresidenta

6AM de Caracol Radio encontró que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más ambicioso de San Andrés. En este multimillonario proyecto acompañan a Rincón la Alianza Fiduciaria y el ‘clan Gallardo’, la familia más poderosa de San Andrés y miembro del Partido Liberal.

El proyecto Grand Sirenis obtuvo una licencia de construcción con irregularidades. La más grave de todas es que el edificio sobrepasó los límites de altura. Esta anomalía viene desde 2016, cuando Hitos Urbanos obtuvo la licencia.

El Grand Sirenis es un proyecto de tres torres que se construyeron en dos lotes. Una de las torres tiene una altura equivalente a once pisos, es decir, cinco pisos por encima de la norma. Según Felipe Bush, secretario de Planeación en 2019, el anterior jefe de Planeación de la isla expidió la licencia apelando al principio de neutralidad, es decir, si ya otros edificios en San Andrés tienen más de seis pisos, ¿por qué este no?

• Lea la primera parte de esta investigación: La playa pública que terminó en manos del esposo de la vicepresidenta
• Lea aquí la segunda parte de esta investigación.
• Lea la tercera parte de la investigación: Demandan proyecto hotelero del esposo de la vicepresidenta

El problema con la licencia que expidió el secretario de Planeación de San Andrés en 2016, que le permitió construir edificios de más de seis pisos a la empresa Hitos Urbanos, es que no subsanó esa irregularidad con áreas de compensación. Es decir, por el principio de neutralidad, Hitos Urbanos podía construir más de seis pisos en el Grand Sirenis si a cambio compensaba a la isla con algún predio. Generalmente es una obra que se le entrega a la comunidad para su beneficio.

Para compensar los pisos de más en el Grand Sirenis, Hitos Urbanos decide en 2019 entregar como área de compensación una cancha y el arreglo de la playa del edificio donde tenían apartamento la vicepresidenta, su esposo y los socios de Hitos Urbanos. Toda una coincidencia que el área de compensación para subsanar las irregularidades de la licencia del Grand Sirenis quedara justo al frente de otra propiedad de la familia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Hasta 2021 el apartamento seguía siendo propiedad de la familia Rincón Ramírez. Y hasta la fecha, 2022, no se ha entregado el área de compensación.

Además de sobrepasar los límites de altura y compensar a la isla con un predio para la comunidad justo al frente del edificio donde tenían apartamento los socios de Hitos Urbanos y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el proyecto hotelero Grand Sirenis incluía en su oferta una playa privada. Sin embargo, esta porción de playa era un bien público que terminó en manos de la familia Gallardo.

La playa que reclaman como pública

#LasCuentasClaras encontró que Hitos Urbanos vendió a sus inversionistas un proyecto hotelero e inmobiliario que consta de tres matrículas inmobiliarias. Una de ellas es la matrícula inmobiliaria de la playa que queda al frente del hotel.

Para las autoridades de San Andrés es imposible que Hitos Urbanos pueda vender un bien de uso público de la Nación. Lo dijo Everth Hawkings poco antes de asumir la gobernación de San Andrés en 2020. Lo repitió Felipe Bush, exsecretario de Planeación de San Andrés en 2019: “No entendería cómo podrían vender algo que es público”.

Pero la noticia es que lo hicieron. Vendieron un bien público a sus inversionistas. En este caso, les vendieron una playa pública, como la identifican los funcionarios de San Andrés, a los inversionistas del Grand Sirenis.

El gobernador Hawkings mantiene la posición de 2019: la playa es pública y pronto tiene que ser restablecida a los ciudadanos, pues la familia Gallardo tuvo la concesión de esa playa hasta 2014. Ese año, la concesión se venció y la Dirección General Marítima, Dimar, no la ha renovado, ni la puede renovar, según el mandatario, porque una orden del Consejo de Estado prohíbe concesionar playas.

La Dimar, en respuesta a una petición reciente, asegura que esa playa es pública y que la familia Gallardo tuvo una concesión de ese bien de uso público de la nación hasta 2014 y en la actualidad no tiene ningún permiso.

Juan Camilo Ochoa, gerente de Hitos Urbanos, dijo que no había ninguna irregularidad, pues un acuerdo de la Intendencia de San Andrés de 1971 autorizó la permuta de esa playa a la familia Gallardo y ahí nació el derecho privado sobre ese predio.

Las escrituras

La primera escritura de esa playa es la 350 de 1966. Dice textualmente que la Intendencia Nacional de San Andrés es la dueña absoluta de los terrenos recuperados por el relleno. Es decir, la playa nació en 1966 gracias al relleno de un pantano que contrató la Intendencia de San Andrés en 1964 por 26 millones de pesos, unos 30.000 millones de pesos a plata de hoy.

La segunda escritura es la 840 de 1967. En esta, el entonces presidente Guillermo León Valencia, en nombre de la Nación, le transfirió oficialmente las tierras recuperadas por el relleno a la isla de San Andrés. En total fueron unos 140.000 metros cuadrados, entre los que se encuentra la playa del Grand Sirenis.

En la escritura 37 de 1972, el intendente Pablo Casas Santofimio le entregó la playa en cuestión a través de una “permuta onerosa” al representante a la Cámara Adalberto Gallardo Flórez, quien fue el que contrató el relleno del pantano cuando fue intendente (1962-1965).

En el intercambio de bienes que exige una permuta, la Intendencia de San Andrés le entregó al señor Gallardo un predio de 3960 metros cuadrados: la playa del Grand Sirenis. El señor Adalberto Gallardo, por su parte, le entregó a la Isla de San Andrés unas bodegas de 2040 metros cuadrados que eran propiedad de la Isla de San Andrés. Es decir, Adalberto Gallardo le entregó a San Andrés algo que ya le pertenecía a San Andrés.

La cuarta escritura es la 117 de 1977. En este documento el intendente Zacarías Williams Pomare canceló una condición de la escritura de 1972 que decía que el señor Adalberto Gallardo no podía construir nada diferente a parques o zonas verdes.

Con la escritura 841 de 1981, Adalberto Gallardo le vendió la propiedad a Gallardo y Cía. por 36 millones de pesos. Según la escritura, es un predio de 8213 metros cuadrados, incluyendo la playa del Grand Sirenis.

La sexta escritura es la 795 de 1988. En este documento la familia Gallardo informó que adquiría la playa por vía judicial a través de una figura denominada “prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio”, es decir, como no tenía un título para demostrar la propiedad, Adalberto Gallardo legalizó la tenencia de la playa ante un juzgado en 1983.

Dos décadas después de la anterior actuación notarial, según la escritura 2169 de 2009, constituyeron la Fiducia Mercantil para el proyecto del Grand Sirenis. En este negocio participan la familia Gallardo, la Alianza Fiduciaria e Hitos Urbanos.

La última escritura es la 4685 de 2017. En este documento, la familia Gallardo le entregó a Hitos Urbanos la playa que queda al frente del proyecto hotelero y que, según la Dimar y Everth Hawkings, gobernador de San Andrés, es pública: “Si ellos tienen alguna escritura de ese terreno, eso va en contravía de la norma”.

Además de lo que afirma el gobernador Hawkings, la Sentencia T-605 de 1992 de la Corte Constitucional dice: “Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares”.

El gerente de Hitos Urbanos, Juan Camilo Ochoa, insistió en que la playa es privada y les pertenece. Sin embargo, aseguró que el predio será para el disfrute de todas las personas y no solo de los huéspedes del Grand Sirenis.

Actualmente, cursa una demanda de nulidad contra las resoluciones de la Gobernación de San Andrés con las que aprobaron las licencias del Grand Sirenis. El demandante es el abogado Juan Carlos Pomare y el expediente lo tiene la magistrada Noemí Carreño Corpus del Tribunal Administrativo de San Andrés.

La resolución

Desde hace casi cuatro años la Gobernación de San Andrés ordenó la restitución de Tonino’s Marina, el lugar que albergará la playa que el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y sus socios reclaman como propia. El 19 de abril de 2018, la gobernación de San Andrés emitió la resolución 3384, “por medio de la cual se ordena la restitución de un bien de uso público”.

En esa resolución, la Gobernación dice que desde 2014 la Dimar informó sobre la “violación y ocupación ilegal de un bien de uso público”. Y es que hasta ese año, 2014, la familia Gallardo tuvo la concesión de Tonino’s Marina. Esta concesión nunca se renovó ni se puede renovar, como ya han explicado funcionarios de la isla.

Ocupación ilegal, según las autoridades, pero Hitos Urbanos dice que tiene la propiedad de Tonino’s Marina, es decir, de la playa que estará al frente del Grand Sirenis. En 2014, sin embargo, la Dirección General Marítima determinó “que el terreno donde funciona Tonino´s Marina se encuentra en una zona de playa marítima bajo la jurisdicción de la Dimar”. También declaró administrativamente responsables a los Gallardo por la ocupación y la construcción no autorizada de los bienes de uso público de la Nación que se encuentran bajo la jurisdicción de la Dimar. Además, fueron sancionados con 10 salarios mínimos.

Tonino’s Marina es un embarcadero que queda en la playa y en la zona marina donde construyeron un muelle de embarque y un sendero de acceso al muelle “en cemento en zona de playa y aguas marítimas”. Es decir, atravesaron la playa con un sendero en cemento.

La resolución de 2018 le ordena a la familia Gallardo restituir el bien de uso público “que ocupa con la construcción de un muelle y un sendero de acceso al muelle en cemento ocupando zona de playa y aguas marítimas bajo jurisdicción de la Dimar ubicada en el área de bien de uso público”.

La Gobernación de San Andrés le ordenó a la familia Gallardo restituir en 30 días la playa que hoy en día Hitos Urbanos reclama como propia y que ya les vendió a los inversionistas del Grand Sirenis. Esos 30 días se cumplieron en mayo de 2018 y no pasó nada, a pesar de que la resolución de la Gobernación decía que, si los Gallardo no devolvían la playa, entrarían con la fuerza pública “de ser necesario”.