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JEP sobre ejecuciones extrajudiciales: ¿qué hay detrás de las cifras?

Panelistas creen que documento de la JEP y cifra de los 6.402 falsos positivos es una base para lo que viene adelante en materia de imputaciones.

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En Hora 20 un debate para decantar las reacciones políticas que ha provocado el documento de la JEP que evidencia una nueva realidad en la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. También una mirada a la polémica carta del senador Iván Cepeda al comisionado de Paz, Miguel Ceballos sobre documento que habría filtrado el comisionado y su papel en la consolidación de la paz. Por último, una opinión de cómo lograr un acuerdo base de cara a las elecciones del 2022.

Como era de esperarse, el reciente auto de la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, o como lo ha llamado el tribunal de paz, el macrocaso 03 "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado", ha generado todo tipo de reacciones, críticas y acusaciones sobre lo revelado en el informe.

Este documento de 37 páginas revela que las cifras que se dieron por ciertas sobre ejecuciones extrajudiciales no eran precisas y que en realidad eran tres veces más lo que se pensaba, pues para la JEP en el periodo 2002-2008 se registraron unos 6.402 casos; mientras que el dato que tenía la Fiscalía era 2.248 casos entre 1988 y 2014, es decir, muchos más casos en mucho menos tiempo. Cifras y documento que se ha desarrollado en medio del caso 03 en el cual se han escuchado unas 220 versiones y han hablado ante la jurisdicción unos 313 soldados, 10 generales y 20 coroneles.

Al tiempo que se da a conocer la cifra, las reacciones han generado discusiones de alto calado. Una de ellas es la que se dio este fin de semana entre el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y el expresidente Uribe. Pues este último en un comunicado desmintió varias consideraciones de la JEP, al tanto Vivanco le dijo que distorsionaba la historia de los falsos positivos, que su información era falsa o engañosa. A la par Uribe le respondió diciéndole que él militaba en las Farc y que en su gobierno se crearon más incentivos para la desmovilización y que la política de seguridad democrática tenía un amplio enfoque de Derechos Humanos. Uribe también ha dicho que quiere ver las pruebas del la JEP en los 6.402 casos, esto después de decir que está politizada y que las cifra sale de organizaciones sociales y no de las oficiales.

Lo que dicen los panelistas

Juanita Goebertus, representante a la cámara por la Alianza Verde, explicó que el auto publicado el jueves por la JEP es de priorización, el cual es previo a la determinación de hechos y conductas, es decir, la imputación que se hará en 6 subcasos que están siendo investigados de abajo hacia arriba. Además, afirmó que la discusión importante está en la imputación y en los hechos cometidos por los altos mandos y su posterior aceptación de lo que se les acusa. También planteó que no es lo mismo dos casos que 6.402, por lo tanto, la JEP deberá probar si se configura un crimen de lesa humanidad, el cual se prueba cuando hay sistematicidad o es generalizado.

Afirmó que el viaje de "Gabino" a Cuba no es una gran revelación y que bajo el marco de la ley de orden público casi todos los gobiernos han buscado negociaciones o han delegado quién las puede adelantar. No obstante, dijo que sí hay discusión en el papel de Miguel Ceballos como comisionado de paz, pues cree que tomó decisiones graves al inicio del gobierno en la negociación con el ELN.

Para Iván Cancino, abogado penalista, columnista y profesor universitario, la discusión no es el numero, "el tema no es de cifra, es de responsabilidades", afirmando que el esclarecimiento se tiene que dar de abajo hacia arriba para llegar a la respuesta de "¿quién dio la orden?" Además, sostuvo que no cree que haya responsabilidad por acción u omisión por parte del expresidente Uribe, pues dijo que se basa en las explicaciones que ha dado el expresidente al decir que no dio ni la orden, ni la directiva, ni que estimuló que estos hechos ocurrieran, pero manifestó que decirle a José Miguel Vivanco "guerrillero", no es la salida.

En cuanto a la polémica por el viaje de Gabino a Cuba y la carta de Iván Cepeda al comisionado de paz, explicó que filtrar documentos de reserva tiene implicaciones disciplinarias y penales para el funcionario que los filtra. Además, dijo que no se puede graduar al comisionado Ceballos de enemigo de la paz, y que este tipo de cartas de enemigos y amigos de la paz no contribuyen a la calma que el país necesidad en un año electoral en el que ese tema puede ser utilizado de otra manera.

Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones y exconsejero para las comunicaciones, planteó que la diferencia numérica sí es importante, pues revela que la cifra y la presencia en al menos diez departamentos demostraría que este asunto no fue de unas pocas manazas podridas, "ahí el número se vuelve significativo; uno puede excusar unas pocas maznadas podridas, pero 6 mil homicidios en 6 años es claramente una mecánica política o un incentivo generalizado lo que llevó a esa circunstancia", afirmó.

Por último, dijo que ve difícil un acuerdo base para las elecciones del 2022 ante una polarización que no ha cesado y un discurso que polariza desde varios lados, lo cual cree que no permite tener mucha esperanza. Aunque sí comentó que espera ver un debate más civilizado y centrado en las ideas.

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