Hora 20

¿Cuáles son los desafíos regionales para las próximas elecciones?

La MOE identifica 305 municipios --50 en riesgo extremo, 85 en riesgo alto y 170 en riesgo medio-- ubicados en cuatro grandes corredores de violencia.

A tres semanas de la jornada electoral del 27 de octubre, hay alertas del ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Ongs como la MOE y Paz y Reconciliación, que han identificado a Putumayo, Chocó, Norte del Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo y el sur de Córdoba como zonas de alto riesgo. También, en menor grado, Guajira y Magdalena.

El control territorial de las economías ilegales, esto es, cultivos de coca y marihuana, laboratorios, rutas y minería por parte de grupos armados como ELN, el EPL, Autodefensas Gaitanistas, los carteles mexicanos de droga y las disidencias de las FARC son parte sustancial del coctel que detona la violencia en esas zonas.

Según la MOE, hay 152 municipios donde se combinan fraude y violencia, lo cual representa una cuarta parte menos que en 2015. De esos municipios, 40 tiene riesgo extremo, 66 riesgo alto y 46 riesgo medio.

El último reporte del Cerac señala que entre el 1º. de enero y el 9 de septiembre hubo un aumento sustancial de lo que ellos catalogan como violencia política con relación con el mismo periodo de 2015: 82% en las muertes --pasaron de 49 a 89--; el número de heridos casi triplicado: de 8 a 21 y los amenazados de 119 a 340. Los medios registramos en septiembre, casi a diario, el asesinato de líderes en Cauca, Catatumbo, Valle y Antioquia.

Por factores de violencia, el mapa de la MOE identifica 305 municipios --(50 en riesgo extremo, 85 en riesgo alto y 170 en riesgo medio—ubicados en los cuatro grandes corredores: la frontera con Venezuela, el suroriente en la Amazonía, el andén Pacífico, y el corredor que separa al Caribe del centro del país, desde Urabá hasta el Catatumbo.

En cuanto a riesgos de fraude se han identificado 461 municipios y otros 466 municipios en riesgo por indicios indicativos de trashumancia electoral, lo cual es un reflejo de la distorsión de la voluntad ciudadana en lo local. Por trashumancia, el consejo electoral ha anulado 915 mil 853 cédulas.

Otros actores, otras realidades

Guillermo Rivera, ex ministro del Interior y director del Instituto de Economía y Derechos Humanos del Externado, considera que no hay razón para que una organización armada quiera ganar una alcaldía o una gobernación.

De acuerdo con las realidades que conoce, advierte mensajes malintencionados por parte de algunos candidatos contra sus émulos.

Sobre el Putumayo, dice que estas elecciones van a crear una tendencia, con una campaña de un gran tinte ambientalista, lo que muestra un interés por proteger los recursos naturales.

Camilo González, ex ministro y presidente de Indepaz, pone de presente que en la medida en que los conflictos hoy son distintos, las dinámicas son más de delincuencia común y no hay fuerzas nuevas que estén intentando tomar espacios del Estado.

“Estamos en una situación radicalmente distinta en el tipo de violencia política”, asegura.

 Camilo Granada, consultor independiente y ex consejero presidencial de comunicaciones, destaca que en las regiones se están viendo nuevos actores políticos y nuevos actores armados y la urgencia es que el Estado cope los espacios que dejaron las desmovilizadas Farc.

Asegura que lo que se está viendo es que las promesas de la paz no se están dando en lo regional.

El politólogo caucano Rubén Darío Erazo, asegura que no se siente la presencia del Gobierno en el Cauca ni que el Estado esté presente.

“Sentimos una inseguridad rampante; la percepción de violencia cada vez se atiza más”, dice.

Sobre su departamento dice que todo el ambiente en política y de actores armados se empezó a tornar agreste.

Luis Alfonso Escobar, economista y ex gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, advierte que en las regiones donde no se hizo el proceso de estabilización y el gobierno no llegó a copar esos territorios, hay una situación de atomización territorial con economías ilegales.

Señala que los actores armados están concentrados en consolidar las rentas de narcotráfico y minería ilegal como pasa en Jamundí y Buenaventura.

Sobre la realidad local, Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, advierte que las elecciones en el Caribe están en una encrucijada del sistema clientelar y no se va a ver amenazado en esta ocasión, salvo en el Magdalena, mientras –dice-- en el sur de Bolívar hay una especie de paz mafiosa.

Precisa que la coerción armada que ejercen sobre muchas comunidades va a terminar incidiendo en la votación por algunos candidatos.

 

 

 

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