Magistrado y Procuraduría actuaron en tiempo record a favor de Pretelt
Se trata de Eugenio Fernández Carlier y del Procurador Segundo Delegado ante la Corte.
Hay un capítulo en el prontuario del magistrado Jorge Pretelt, relacionado con la desventaja de un ciudadano al que él denunció por estafa, y que fue encontrado culpable en todas las instancias, salvo en la Corte Suprema de Justicia.
Es el caso del economista cartagenero Gerardo Nuñez Piñeres, condenado a 32 meses de prisión por estafa agravada. En el año 2002, Pretelt y Nuñez compraron un yate llamado Aguja, por 70 millones de pesos, pero no pudieron perfeccionar la compra por falta de un certificado que indicara que en ella no se habían traficado drogas.
Nuñez quedó con la custodia del yate y se presentaron problemas a raíz de los costos del mantenimiento, que incluso, provocaron que Pretelt manifestara que quería vender su 50% de participación, acto que no llegó a consumarse. En 2004, Nuñez suscribió un contrato en el que asumía la propiedad exclusiva de Aguja, pero Pretelt afirma que sólo lo informaron un año después.
Por esto, el magistrado denunció a su socio y éste fue condenado en 2012 por el juzgado tercero penal del circuito de Cartagena, confirmada en febrero de 2014 por el Tribunal Superior de esa ciudad.
Nuñez, quien se veía perjudicado en su actividad económica por esta condena, llevó el caso a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia pretendiendo que en esa última instancia revisaran si se estaba cometiendo una injusticia. Allí admitieron la demanda el 2 de septiembre de 2014, y 10 días después ya había un concepto del Ministerio Público en el que pedían que no casaran el fallo, y que se mantuviera la condena.
Esta coincidencia no llamara la atención si la esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, no trabajara en la Procuraduría.
El 26 de septiembre, el magistrado Eugenio Fernández Carlier, asignado como ponente para este caso, ya tenía un proyecto de fallo que coincidía con el clamor de la Procuraduría: confirmar la condena.
La Procuraduría indicó que Nuñez era culpable pues "no trató de proteger el yate, sino de apoderarse de él como único dueño. Denotó el dolo directo de defraudarlo en su patrimonio".
La ponencia de Fernández Carlier fue derrotada y la magistrada María del Rosario González hizo una nueva, totalmente opuesta a la original, absolviendo a Nuñez, con el respaldo de la Sala Plena de la Corte.
La defensa de Nuñez argumentó en la demanda de casación que "no hubo méritos para esta condena pues Jorge Pretelt acudió a la vía penal para atemorizar y sacar provecho".
La magistrada en su fallo llama la atención de las actuaciones de las primeras instancias pues esta situación "no era de resorte del derecho penal".
"Si en los primeros días de existencia de la sociedad, Pretelt hubiese entregado los documentos necesarios para hacer la inscripción en la Capitanía de Puerto, así se hubiese procedido, de manera que fue él quien con su incuria dio lugar a esa situación de indefinición de la nave, por cerca de dos años, hasta que su socio la finiquitó", dice el fallo.
La magistrada asegura que no hubo estafa, que Nuñez no engañó a Pretelt ni lo mantuvo en un error para quedarse con el yate, y criticó como desafortunado que el Tribunal haya faltado a la verdad en este caso.
Eugenio Fernandez no tuvo más que salvar su voto, ratificando que Nuñez sí estafó a Pretelt.
Muchas casaciones tardan años en resolverse, esta en la que estaba involucrado un magistrado, tomó poco más de un mes.
