Justicia

Actos protesta

Microempresarios encadenados en MinEducación piden S.O.S a presidente Duque

Subcontratistas de Boyacá y Santander, del contratista de colegios FFIE del Mineducación, llevan 14 días y 13 noches encadenados para que les paguen.

Foto de referencia

Foto de referencia / Colprensa

Tunja (Colombia)

Este lunes 18 de julio, se cumplen  14 días y 13 noches encadenados en la puerta del Ministerio de Educación arquitectos, ingenieros y proveedores de material de construcción quienes se declaran víctimas de estafa por parte del consorcio G19 contratado por el Ministerio de Educación Nacional para la construcción de colegios públicos en todo el país.

Ese consorcio G19 le incumplió a todos: no les pago a estos subcontratistas en los departamentos dichos y tampoco entregaron los colegios.

El drama de estos trabajadores radica en que, confiando en que laboraban para un contrato con el estado que aparentemente estaba amparado bajo una fiducia, se endeudaron, vendieron su propio patrimonio, y pusieron la cara por el gobierno nacional ante los continuos incumplimientos con la entrega de los colegios, pero ahora, nadie les responde por esos dineros, pues hay un hueco jurídico que impide que alguien les devuelva lo que trabajaron.

Recordemos que este contrato nació en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el año 2016, que creó un fondo para la construcción de la infraestructura educativa para promover la jornada única estudiantil, que es el famoso FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA ESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) fondo que ha manejado los recursos públicos con una autonomía que prácticamente los manipulo de forma privada, según las denuncias de estas personas afectadas.

Dicho fondo realizo una licitación privada en el año 2016 para otorgar un contrato de ($230.000.000.000) el cual ha dejado desde entonces, múltiples dramas. Ante el desespero, los trabajadores que siguen su protesta en el ministerio, le enviaron una carta al presidente Iván Duque, para pedirle un S.OS.

El ingeniero Diego Chaparro, es el vocero de los manifestantes, explicó que “el contrato cuyo objeto fue “LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE LAS CUALES SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL PA FFIE”, curiosamente se lo ganó una unión temporal conformada por la unión entre German Mora Insuasti como persona natural y Nuevo Horizonte quien su representante legal era German Mora Insuasties decir una asociación de ”YO” con “YO”, la cual “demostró” al FFIE tener la capacidad de soportar un contrato de semejante valor y además sin anticipo”.

Agregó que de acuerdo a la experiencia que han tenido que padecer, “acá ocurrió lo que se podría denominar la crónica de un contrato amañado, esto sin querer sacarlo del contexto tan serio que tiene, se convirtió en una novela en la que las víctimas fueron los obreros, maestros de obra, ayudantes, celadores, restaurantes, proveedores, pequeñas, medianas y grandes empresas que quisieron poner su trabajo, su esperanza y sus sueños en las obras de estos mega colegios y que decir de los niños y comunidades a los que les demolieron las aulas en que estudiaban y los dejaron estudiando muchas veces a la intemperie”.

Los microempresarios aseguran que son víctimas de un entramado irregular de la contratación pública, y señalaron que “el hecho de no tener un anticipo y con el agravante de no tener el musculo financiero suficiente obligo a este contratista a empezar las obras haciendo subcontratos cosa que estaba prohibida dentro de la minuta del contrato marco 1380-37-2016 pero que no solo se hizo así; sino que además se permitió con la venia de la interventoría y del FFIE de forma informal y amañada”.

El hecho que más les duele a estos trabajadores es que entregaron parte de su patrimonio a estos proyectos, hasta que los quebraron: “las mipymes que llegaron a realizar la ejecución de estas obras se vieron obligadas a buscar apoyos financieros que no tenían, pero como era una obra estatal se confiaron de tener el respaldo del MEN y del gobierno nacional, entonces se hipotecaron las casas, se usaron los ahorros de toda la vida, se firmaron letras, se obtuvo créditos, financiación con proveedores, en fin se hizo todo lo humanamente posible para poder responder con estas obras; de una u otra forma se logró dar inicio a los colegios, pero con lo que no contaba este gremio de trabajadores es con la negligencia y abandono que tuvo la interventoría, el FFIE y el Ministerio de Educación”.

Explicaron que fueron engañados hasta con las formas de pago: “este contrato en mención tenia una particularidad diferente a la contratación normal de obra pues el pago no se haría por cortes de obra calculando las unidades de medida ejecutada si no que se dividió por “Hitos” y se cancelaba únicamente el hito cumplido. Esta particularidad se le trasmitió del mismo modo al subcontratista de modo tal que se veía obligado a terminar el 100% del hito para poder facturar, en caso de no poder hacerlo básicamente la respuesta era inmediata “NO SE LE CANCELA POR INCUMPLIR Y NO TERMINAR EL HITO”.

Lo anterior, según los manifestantes, ha generado un verdadero efecto dominó: inconformismo y problemas sociales en los municipios: “en muchos de los casos se cumplía con el hito, que este se obraba al FFIE y a pesar de esto no se cancelaba al subcontratista, lo cual empezó a generar unos inconvenientes sociales que nunca se entendieron y que se repitieron durante el transcurso de estas obras y en cada uno de los municipios a los que tuvo alcance este contrato pues en el momento de no recibir los pagos correspondientes y de verse sometido a los cobros incisivos de los acreedores se levantaron protestas sociales entorno a estas instituciones en las que muchas veces fue necesaria la intervención de las personerías, las alcaldías y los concejos municipales; en dichas intervenciones se lograban llegar a acuerdos que resultaron siempre en malos arreglos en donde se les pedía a los subcontratistas, trabajadores y/o proveedores descuentos descarados y arbitrarios de las deudas pero que se resultaban aceptando por la presión y el afán de poder recuperar algo de lo ya perdido”.

Todas estas reclamaciones e inconvenientes generaron cierres temporales en las obras, abandonos, y en fin retrasos que se pueden ver reflejados en un contrato que tenía 3 años de ejecución y que a la fecha lleva 6 años y no se han culminado.

Con lo anterior, a estos microempresarios se les hace muy raro que nadie haya acudido a su advertencia por las evidentes irregularidades, que estarían escondiendo un caso de corrupción amplio donde comprometen los recursos públicos de los colobianos.

“Lo más preocupante acá es ver el actuar de la interventoría, el FFIE y el ministerio de educación que a pesar de los preavisos que se le dieron en las diferentes manifestaciones y de los reiterados incumplimientos que ha tenido este contrato e incluso una demanda instaurada por el gobernador de Boyacá y 25 alcaldes por el presunto delito de tentativa de estafa agravada radicado en el mes de abril del año 2019, no se entiende cual fue la supervisión de parte del FFIE, MINISTERIO DE EDUCACION, SECRETARIAS DE EDUCACION NI DE LA INTERVENTORIA”, mencionó Chaparro.

La cuestionada cesión de los contratos

Ante las reclamaciones e incumplimientos constantes, El FFIE y la Unión Temporal MEN2016 plantearon como solución una sesión del contrato a las empresas CONSORCIO BOYACA G19 Y GMP INGENIEROS SAS, pero esto ha generado otros inconvenientes.

“En dicha sesión no quedo claro quien respondía por las deudas y simplemente se empezó de nuevo el proyecto desde lo construido sin tener en cuenta los retrasos, las deudas y además la condonación de las multas, tristemente estas empresas empezaron las obras exactamente con el misma manera operativa de la Unión Temporal MEN2016, agrandando de este modo la problemática social y aumentando el número de víctimas”, puntualizó el ingeniero Chaparro.

Y es que más de 200 quejas y reclamos están documentadas, “pero para nosotros en realidad podrían ser denominadas como víctimas de este contrato, que en su momento tuvo la interventoría las cuales solo se las radico al contratista sin hacer ninguna otra gestión, pero a su vez el FFIE que aun teniendo conocimiento de los hechos siguió pagando hitos sin solicitar los paz y salvos de estas PQR y ahondando más el problema social generado”, sostuvo el vocero de los manifestantes.

¿Y los organismos de control?

La Contraloría instauró una denuncia en febrero del año 2020 en contra de este proceso, el cual está en curso, pero “teniendo en cuenta todo lo anterior el Ministerio de Educación nunca actuó y de igual forma el FFIE y la interventoría lo cual no se entiende”, sostuvo Chaparro.

Con una misiva, los manifestantes que se mantienen en su protesta pacífica, y en la cual también durante cuatro días sostuvieron una huelga de hambre, le pidieron al presidente Iván Duque que les dé un apoyo antes de dejar su gobierno.

Le escribimos muy respetuosamente al presidente Iván Duque que este contrato acabo con las MIPYMES de obra, ferreterías, alquiler de equipos, suministro de materiales, mano de obra, entre otras y ha generado un entorno social complicado al punto que algunos perdieron su empresa su casa y su patrimonio personal; siendo así las cosas y teniendo en cuenta que se está llevando a cabo desde el día 6 de julio una manifestación frente al Ministerio de Educación y que hasta la fecha no se ha podido encontrar una solución para las víctimas de este contrato que se realizó con una serie de entrampamientos jurídicos que no permiten ver salidas, estas víctimas le solicitan a usted presidente en calidad de jefe de estado hacerse presente en el lugar de la manifestación y dar una solución a la problemática social y poder mitigar la mala administración del recurso público que tuvo el ministerio de educación a través del FFIE”, expresó Chaparo.

Los manifestantes aseguraron que continuarán encadenados: “seguiremos frente al Ministerio de Educación en la protesta que venimos adelantando hasta que se nos dé una respuesta, incrementando la vulnerabilidad de nuestros derechos”, concluyó Chaparro.

Aseguraron que mientras esperan que el gobierno saliente se compadezca y les de alguna luz sobre su problemática, buscaran un acercamiento con el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro, que heredará este problema social.

 

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