Familias del PNIS en Tarazá nuevamente exigen cumplimiento del gobierno
Aseguran que en los cuatro años de la firma del acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos sólo se han pasado en promesas, pero ninguna cumplida.
Foto / Cortesía campasinos de Tarazá
Antioquia
Por lo menos 840 familias de los corregimientos el Doce y Barro Blanco del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca nuevamente elevaron su voz de protesta contra el gobierno nacional, aseguran que durante los cuatro años de la firma del acuerdo con los campesinos el Estado solo los ha llenado de promesas incumplidas.
Explican que ni el plan de inversión alimentario ni los proyectos productivos prometidos para sustituir los cultivos ilícitos han llegado a las veredas de los dos corregimientos, por lo que exigen cumplimiento inmediato de los pagos para poder sobrevivir ya que ningún rubro, aseguran han sido desembolsado.
“Queremos que el gobierno nacional nos cumpla, no de palabra, también exigimos que el proyecto de millón ochocientos mil pesos del plan de inversión alimentario lo incluyan al de 19 millones de proyectos productivos, porque no queremos que pase más tiempo, porque si en cuatro años no han dado el millón ochocientos, ahora cuánto será el de 19 millones, no queremos más mentiras”, recalcó, uno de los campesinos que protestó.
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También aseguró, que no quieren que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) haga parte en la implementación del programa PNIS por las trabas que dicen les han colocado para acceder al plan alimentario y que incluso denuncian presiones indebidas para firmarlo pese a las inconformidades y aseguran que les intimidan asegurándoles que si no lo hacen los excluyen de dicho programa.
“Como campesinos nos están vulnerando los derechos, porque nosotros dejamos esos palos que eran el sustento de nuestra familia, el futuro de nuestros hijos, en el sentido que por apostarle a la legalidad estamos todos hoy sufriendo estas necesidades que hoy nos afecta por culpa de una organización llamada OEI”, recalcó.
Los campesinos de los dos corregimientos recalcaron que pese a las protestas, su intención no es abandonar el plan de sustitución de cultivos y siguen comprometidos con la legalidad, pero sí exigen cumplimientos.