Defensores públicos denuncian sobrecarga laboral por falta de personal
El gremio asegura que cada funcionario está atendiendo hasta 180 procesos penales, lo que ha obligado a los jueces a aplazar audiencias.
Foto / Colprensa
Antioquia
El gremio de abogados de oficio o defensores públicos en Antioquia denuncia que está a punto de colapsar por la falta de personal para atender la alta demanda de audiencias, aseguran que un solo defensor público atiende hasta 180 procesos penales al tiempo lo que afecta a los detenidos y a los jueces, porque, por falta de tiempo de los trabajadores muchas audiencias se están aplazando.
El gremio asegura que la crisis que ha dejado la falta de contratación de personal por parte de la Defensoría del Pueblo se vive con mayor preocupación en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, pero que sucede en todo el departamento por la alta criminalidad y capturas.
“Y ese aplazamiento no es imputable al defensor público porque hace ingentes esfuerzos, pero cuando se le entrelazan o como se dice coloquialmente se le montan varias audiencias, pues tiene que hacer una priorización en tiempo y también en las audiencias en las que hay privados de la libertad, entonces hay que aplazar las otras, eso se ha convertido en una constante”, expresó Richard Granada Usuga, vocero de Coldefensa Antioquia.
El agremiado explicó que actualmente el departamento cuenta con alrededor de cerca de 400 defensores públicos pero esa cantidad es insuficiente para atender la alta demanda por lo que urge que se contrate más abogados.
“Se le está reclamando y exigiendo a la administración de ahora y de antaño que nombre más defensores públicos, cuando en Medellín y en el Área Metropolitana existe una gran cantidad de casos y los servidores públicos en vez de aumentar disminuyen, pues obviamente se ve desmejorado el servicio”, agregó el abogado.
Otro gremio que se sumó a la queja y a la vez la solicitud, es el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia que también expresó preocupación por la precariedad con la que están trabajando los abogados designados por la Defensoría del Pueblo.
