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¿Una persecución sindical detrás de la captura de directivo del Politécnico?

Un juzgado de Medellín ordenó la detención domiciliaria de Alberto Arbeláez, jefe de la oficina jurídica y secretario general (e) del Politécnico JIC

Un juzgado de Medellín ordenó el miércoles la detención domiciliaria de Alberto Arbeláez, jefe de la oficina jurídica y secretario general (e) del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. La decisión fue adoptada en el marco de un proceso en contra de ese funcionario, del exdecano Juan Guillermo Ríos y de una estudiante de esa institución por lo que, a juicio de la Fiscalía, se trató de una estrategia de falsas denuncias en contra de varios profesores sindicalizados.

Uno de los momentos clave de la historia se ubica en noviembre de 2019, cuando el rector del Politécnico, Libardo Álvarez Lopera, aseguró en el Consejo Directivo de la institución que una estudiante había quedado en embarazo luego de tener relaciones sexuales con un profesor y que este la estaría presionando para abortar. Así quedó consignado en un proyecto de acta de ese órgano directivo que conoció Caracol Radio y que fue remitido a sus integrantes el 13 de diciembre de ese mismo año.

Pues bien, las acusaciones, que involucraban inicialmente al profesor Jorge Gómez López, presidente de la seccional en el Politécnico de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y luego a otros integrantes de esa organización, fueron analizadas por la Fiscalía y fue así como los sindicalistas pasaron de señalados a víctimas.

Al proceso fueron vinculados, además de Arbeláez, el exdecano Ríos y una estudiante. Estas dos personas habrían sido determinantes pues, según dijo el propio secretario general en su defensa en la audiencia del miércoles, de acuerdo con la grabación que conoció Caracol, fue Ríos el “motivador, instigador y orientador” de esa información. Entre tanto, la estudiante involucrada no era la supuesta víctima directa, sino que fue la encargada de denunciar las agresiones que, según dijo, sufrió una de sus compañeras.

Esto, a juicio de la Fiscalía, habría sido parte del montaje judicial en contra de los integrantes del sindicato. Para ello fueron tenidas en cuenta comunicaciones entre los involucrados e incluso, de acuerdo con personas cercanas al proceso, se constató el uso de una aplicación para crear conversaciones falsas de WhatsApp.

También en la audiencia del miércoles, Arbeláez aseguró que su deber como funcionario era dar como ciertas las acusaciones en contra de los profesores y denunciar los hechos. Sin embargo, dijo haber seguido instrucciones: “Fue desde el Consejo Directivo que se me direccionó y se me ordenó hacer la correspondiente denuncia (…) fui un instrumento para presentar esa denuncia con el visto bueno del consejo directivo y del señor rector”.

Y es que para ASPU, el caso escala hasta otros directivos del Politécnico, pues lo consideran parte de una persecución contra el sindicato. “Nosotros lo interpretamos como una clara persecución sindical. En su momento con nuestros comunicados, con nuestras manifestaciones que siempre han sido respetuosas y apegadas a los hechos, tal vez los incomodamos con nuestra denuncias y creemos que todo eso iba encaminado a desaparecernos de la institución”, dice Rubén Darío Vásquez, actual presidente de ese sindicato en el Jaime Isaza Cadavid.

Caracol trató de obtener las versiones del rector Libardo Álvarez y de Alberto Arbeláez. El primero no contesto mensajes ni llamadas durante dos días y el segundo dijo que no hablaría del caso.

 

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