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Procuraduría ordena suspender al alcalde de Malambo por tres meses

La Procuraduría ordenó suspender por tres meses al alcalde del municipio de Malambo Rummenigge Monsalve Álvarez en la investsigación que se adelantan por presuntas irregularidades en los contratos por más de 4 mil millones para atención población vulnerable a raíz de la emergencia del COVID- 19

Como se recordará el funcionario firmó los contratos con la Fundación Lirio de Los Valles, sin que esta contara con la experiencia para entrega de alimentos, debido a que su razón social está relacionada con la orientación pedagógica.

La suspensión del alcalde de Malambo fue anunciada por el Procurador General Fernando Carrillo en rueda de prensa en la capital de la República, en la que también participaron el Fiscal General y el Contralor.

Entretanto, la  Fiscalía imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el alcalde de Malambo por presunta irregularidades en contratación para mitigar el COVID-19

 De otro lado, Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde del Municipio de Malambo, Rummenigge Monsalve Álvarez, la Fundación Lirio de los Valles, la Supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte, por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597 relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio.

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En virtud de este contrato, suscrito por la Alcaldía de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles, por un valor de $4 mil millones, los 80.000 kits de víveres deberían ser distribuidos en dos entregas.

El detrimento fiscal está dado, principalmente, por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los diferentes productos que conforman los mercados y el precio real al que la Fundación Lirio de los Valles pagó dichos productos a los mayoristas. Con soporte en las facturas de los proveedores de la Fundación Lirio de los Valles, esta diferencia asciende a $842.652.149 pesos.

En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz, se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios piso que para los mercados de Barranquillita y Granabastos identifica el DANE para esas mismas semanas.

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137.586.595 pesos.

La Contraloría pudo evidenciar que la fundación contratista compró más cantidades de las necesarias para el suministro de los mercados contratados, que parecen estar justificadas en el contrato de suministro que celebró con la Alcaldía, según las facturas y las declaraciones iniciales de la Fundación en la visita especial adelantada por los funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico.

Se encontraron, además, gastos no razonables en transporte de los mercados, lo que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable, con vehículos de poca capacidad, a un promedio de $50 mil pesos cada viaje desde un centro de acopio organizado en el suroccidente de Barranquilla hasta Malambo, que por este sólo concepto implica un detrimento de $22.125.747 de pesos, incluido dentro del total de costos indirectos.

El detrimento fiscal atribuible a los costos indirectos no razonables en que incurrió la Fundación Lirio de los Valles para ejecutar este contrato asciende a la suma de $126.804.853 pesos.

Adicionalmente, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos cada contrato para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea por un valor de $178 millones de pesos, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones de pesos, de acuerdo con los indicadores de productividad y rendimiento evidenciados en la visita fiscal realizada a la Fundación y la verificación de facturas, cuentas de cobro, cantidades entregadas y otra información relevante.

También se reprochan los $36 millones de pesos gastados por la Fundación en almuerzos para estos contratistas, que se presentan como costos indirectos del contrato.

Como se evidenció que los contratos con estas 80 personas son verbales y que la Fundación Lirio de los Valles no habría verificado el pago de los aportes obligatorios a salud y pensiones, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR ordenó dar el traslado a la entidad competente para este tema: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, adscrita al Ministerio de Hacienda.

 

 

 

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