Piden medidas cautelares en proceso de elección de personero de Sogamoso

Tunja (Colombia)

Por considerar que el proceso de elección de personero, según él, tiene vicios de contratación y transparencia, el abogado Javier Barrera Varela, solicitó medidas cautelares a través de una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Barrera Varela, sostiene que Fenacon (empresa contratada) es una entidad sin ánimo de lucro pues no está enmarcada dentro de los tres presupuestos o condiciones que se le pone al contratista que vaya hacer el concurso de méritos.

“Es que ese tercero debe ser universidad, institución de educación superior o empresas especializadas en selección de personal”, explica el jurista.

Con respecto a la Cámara de Comercio de Fenacon, se observa que es una empresa compuesta por cinco personas. “No me explicó cómo están haciendo 200 concursos en el país con cinco personas a cargo”.

Berrera insiste que Fenacon no tiene una agenda clara en concursos porque con muchos municipios lo hace de manera gratuita. “Tampoco tiene una discriminación, estos son dineros públicos, no sabemos cómo se contrata la cadena de custodia, quiénes participan en la elaboración de los pliegos y la prueba de competencia”, dice el jurista.

Sobre los vicios, Barrera dice que se observan en tres momentos: precontractual que se dio de manera simultánea, es decir tiene la misma fecha del contrato, de calificación y el acta de idoneidad. “Todo se hizo un mismo día, es decir fracaso el principio de planeación contractual”, dice Barrera.

Además, Berrera denuncia que los contratos los suscriben dos personas, ya que no solo aparece Fenacon, sino que aparece un tercero “Creamos Talento” y es una modalidad que no se permite en la contratación estatal porque se está pagando con el mismo dinero a dos empresas que tienen el mismo objeto contractual durante el mismo tiempo y ejecutan las mismas funciones. “Esto desnaturaliza la contratación como tal”, explica el abogado.

Según el accionante de tutela, otra falencia se da en curso del proceso desde el momento de la convocatoria con varias ilegalidades al considerar que solo otorgó dos días para inscripción lo cual es contrario a lo establecido en la Función Pública donde se establece debe durar cinco días.

Sostiene que es el mismo problema de hace cuatro años dejando como consecuencia cuatro personeros en el periodo por no hacer el contrato con una empresa especializada en contratación de personal que generó un fallo sancionatorio de la Procuraduría en primera instancia.