Huérfanos de la guerra en el Bajo Cauca

Antioquia

La subregión del Bajo Cauca en Antioquia ha vivido varias épocas violentas, especialmente en 2008 y este 2019. El cruento conflicto que se ha desatado y afecta a las comunidades se debe a las disputas por las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Estas rentas criminales son el principal botín que se disputan grupos ilegales conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) -antes conocidas como Urabeños- y una disidencia de esa banda criminal a la que llaman Caparrapos o Caparros, y miembros del ELN.

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A lo largo de los años, estas agrupaciones ilegales han dejado numerosos homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, además de un dolor silencioso que les oprime el alma a las familias y las comunidades por la pérdida de un pariente, cercano o lejano. Y a ello se suma que se trata de una fenómeno social, una problemática que tiene un alto subregistro de víctimas. Por ejemplo, Caucasia tiene registrados 21.406 víctimas del conflicto armado; Tarazá tiene 12.467 y en Cáceres son 8.116.

A través de la Unidad de Víctimas, Caracol Radio conoció reportes y estadísticas de víctimas fatales que pueden ser inferiores a la realidad, toda vez que muchas personas desaparecidas, por no decir que la mayoría, son arrojadas al río Cauca después de ser asesinadas. Pero tampoco se llega a una cifra plena y segura porque muchas familias víctimas abandonan en silencio sus territorios para no radicar las denuncias por temor a las represalias.-

Líderes sociales del Bajo Cauca entregan este detalle: el año 2012, el corregimiento La Caucana tenía unos 10.000 habitantes, y hoy esa población no llega a las cuatro mil personas. ¿Qué pasó con los casi seis mil restantes? Muchos fueron asesinados y otros tomaron los pocos corotos que pudieron echarse al hombro, y se marcharon. Otra vez, las duras imágenes de los desplazados.

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Todas estas circunstancias han llevado a que en los últimos tres años se observe un sensible incremento en los homicidios, con unas tasas de criminalidad que preocupan a las autoridades, pero especialmente a la propia ciudadanía que no encuentra sosiego ni respuestas a sus exigencias de seguridad y oportunidades de mejorar su calidad al margen de esa guerra.

Según cifras suministradas por la Policía en el Bajo Cauca, durante el año 2016 fueron asesinados 19 hombres en Tarazá, 34 en Caucasia y 16 en Cáceres. Al año siguiente, en 2017, pero en Cáceres, se reportó el asesinato de 14 hombres y 2 mujeres, para un total de 16; en Caucasia fueron asesinados 51 hombres y 3 mujeres, para 54 en total. En Tarazá mataron a 29 hombres y 4 mujeres, 33 en total, lo que muestra un tendencia creciente en el número de muertes violentas en solo esas tres localidades especialmente.

En el año 2018 las autoridades registraron en Cáceres los asesinatos de 49 hombres y 5 mujeres, para un total de 54 víctimas; en Caucasia fueron 138 hombres, 15 mujeres para 153 asesinatos; en Tarazá, 98 hombres, 12 mujeres, es decir 110 crímenes.

La violencia no ha cesado en esas poblaciones y en este 2019 se han reportado homicidios in crescendo.

(FALTAN CIFRAS DE 2019)

Todo esto ha dejado muchas viudas e innumerables huérfanos, en su mayoría menores de edad en estas comunidades. Para los líderes comunitarios, la iglesia católica y las propias autoridades locales, lo más preocupante es la falta de apoyo sicológico y económico para estas personas víctimas de la cruenta guerra que se libra en el bajo Cauca.

Las mujeres quedaron solas, y muchas tienen a cargo tres, cuatro y hasta ocho niños, con edades entre los dos y diez… Algunos de estos muchachos, menores de edad, no alcanzan los 17 años. Pero también los hay huérfanos adultos. Pero también es alto el porcentaje de hijos que –además- han tenido que presenciar la muerte violenta de su padre o madre. Un trauma adicional, una lastre emocional que deben llevar toda la vida.

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