Contraloría investiga a Sandra Devia y a exgobernadores Lyons y Besaile

No hay resultados efectivos en la gestión de recuperación de los millonarios recursos que se pagaronpor un proyecto que nunca se terminó de ejecutar.

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La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.

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El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el Corredor Agroecológico Caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIFEl).

El objeto de este proyecto, contratado en momentos por Alejandro Lyons, quien ejercía el cargo de Gobernador, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.

Sin embargo, este proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.

No se ha podido recuperar ningún otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación.

Según la Unidad de Regalías de la Contraloría, “frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los contratistas, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.

Presuntos responsables

Además de los exgobernadores y la gobernadora Sandra Devia, la Contraloría ha identificado como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader, como también a Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, y a Inocencio Bahamón Calderón.

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