Cargos a exgobernador Lyons por presuntas irregularidades en convenios

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de dos convenios de cooperación en ciencia y tecnología, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por más de $43.248 millones. Para el Ministerio Público, el exfuncionario habría direccionado, presuntamente, la adjudicación de los convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación – CUN - a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular.De acuerdo con la investigación disciplinaria, los convenios no habrían sido entregados de forma transparente y objetiva, pues la aprobación por parte de la secretaría técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) – Colciencias fue, aparentemente, irregular, ya que fueron autorizados sin cumplir los requisitos y exigencias legales.Adicionalmente, la entidad contratista no contaría con la experiencia necesaria para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el campo de la educación pública, tal como lo exigía el objeto de los convenios firmados. Especial: Los carteles de la salud, más vivos que nunca Para el Ministerio Público el exfuncionario aparentemente actuó de manera consciente, voluntaria y con la intención de desatender el ordenamiento legal, lo cual se podría evidenciar en el hecho de que habría ordenado favorecer en todos los aspectos al contratista o cooperante en la ejecución de los convenios.La Procuraduría calificó la presunta conducta cometida por el exgobernador Lyons como una falta gravísima cometida a título de dolo.En otra investigación disciplinaria, relacionada con presuntas irregularidades en la firma y ejecución de nueve convenios para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el departamento de Córdoba entre el 2012 y el 2015, el Ministerio Público profirió pliego de cargos al exdirector de Planeación, Fabio José Pineda Contreras, y al exdirector de la Unidad de Contratación de la gobernación, Ciro Hernán Barbosa Trujillo.Entre las presuntas irregularidades, la Procuraduría señaló que se habría presentado un mal manejo de los recursos asignados, pues fueron girados directamente a las cuentas de los cooperantes para que ellos mismos los administraran, contrariando la normatividad legal.El órgano de control encontró que los estudios previos no registraban claramente las condiciones de idoneidad y experiencia de algunas de las entidades contratadas , lo que ocasionó que subcontrataran la ejecución de algunas actividades.Por esos hechos el Ministerio Público calificó la aparente conducta de los exfuncionarios como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus , por presuntas irregularidades en el pago de cerca de tres mil millones de pesos, en servicios odontológicos especializados, tratados como urgencias vitales, que no habrían sido contratados.La medida también cobija a los exsecretarios de Salud del departamento , Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Aruachan Narváez y Edwin Preciado Lourdy.El Ministerio Público busca determinar si el exgobernador pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente omitir el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales a delantados entre junio y octubre del 2014, por los secretarios de salud de la época, con la IPS Maxilofacial de Córdoba S.A.S, Mauricio Javier Bermúdez Ramos, la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, y Odontológica I.P.S S.A.S. Lea también: Con tutela buscan tumbar decisión que dio libertad a Santrich Así mismo, se espera determinar si los secretarios de salud pudieron incurrir en irregularidades contractuales al reconocer y pagar 5 resoluciones a favor de la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S, por valores superiores a los $1.500 millones de pesos; una a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos , por la prestación de servicios especializados a 37 pacientes con patologías no POS, por $ 430.759.439; una resolución a favor de Odontológica I.P.S S.A.S, por $308.624.907, y un último acuerdo, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, por $ 535.598.582. El Ministerio Público decretó, entre otras pruebas, la visita especial a la gobernación de Córdoba con el fin de obtener documentos que soporten los trámites contractuales objeto de investigación, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se dieron los hechos.Los investigados podrán ser escuchados en versión libre.