Formulan cargos a Gobernadora del Magdalena por Vía de la Prosperidad
Así lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación indicando que habría encontrado irregularidades en la ejecución del proyecto.
Así se encuentra actualmente la Vía de la Prosperidad. / GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
Santa Marta
Un nuevo capítulo se abre para la Vía de la Prosperidad, proyecto que desde el año 2012 fue anunciado para el departamento del Magdalena, con una inversión de 466.900 millones de pesos, para la construcción de 52 kilómetros de carretera, sin embargo, tuvo que afrontar una serie de modificaciones y contratiempos que ahora han provocado que la Procuraduría General de la Nación le formule cargos a la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga y su antecesor Luis Miguel Cotes Habeych.
El documento que revela la decisión del órgano de control cuestiona “una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena”.
La Procuraduría asegura que ese proyecto registra un presunto “presupuesto desfasado” y faltas técnicas que no permitieron su ejecución como estaba proyectado porque fue soportado “en estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011 que cambió las condiciones físicas de la carretera” y con un presunto “presupuesto desfasado”.
Además, el Ministerio Púbico reprocha a la mandataria y a su antecesor por la presunta “falta de oportunidad y eficacia para regularizar la ejecución del Contrato 617 de 2013, previsto inicialmente a 35 meses; atender la advertencia sobre las acciones para hacer frente a posibles incumplimientos del contratista, y la falta de observancia de los planes de mejora presentados ante el Departamento Nacional de Planeación, que ocasionaron la suspensión del giro de los recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto de inversión pública”.
A juicio de la Procuraduría, el exgobernador Luis Miguel Cotes debe ser imputado porque no se cumplieron los fines del proyecto, contratado en su administración, por las presuntas deficiencias en la planeación contractual, además, la actual mandataria Rosa Cotes estaría siendo acusada en su condición de ejecutora del proyecto y garante de la correcta vigilancia y ejecución del contrato, sobre el que presuntamente no emprendió las acciones necesarias para que la ejecución de la obra tuviera resultados reales y efectivos.
La Procuraduría también está reprochando una presunta demora en el inicio de un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, teniendo en cuenta los incumplimientos que se dieron desde 2016. Es por eso que la formulación de cargos se ha hecho calificando las faltas como “gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental”.
