Polémica por el plan de política de familia

La discusión se presentó durante la socialización de la política pública de familia por parte de la Secretaria de Desarrollo Social de Manizales en el Concejo Municipal, donde con vallas personas del grupo Abanderados de la Familia cuestionaron la posición de igualdad y equidad ante la diversidad sexual planteada en el documento.

El concejal Jorge Alberto Betancur, dice que no es un debate desarticulado sino una pregunta sobre los avances de tres años donde no se debe desconocer que primero se hace un diagnóstico, segundo unos lineamientos y “hoy nos encontramos que ya está el documento final de una política pública de familia que pretende el alcalde por decreto darla a los manizaleños”.

Agrega que la discusión de fondo es definir cuál es el modelo de familia que realmente se contempla en esta política pública. “Hay un ideal de familia como modelo y es la familia nuclear que estamos promoviendo, hay unas realidades de familia que son los niños que están con tíos, sobrinos, abuelos, son realidades de familia que tenemos que atenderlas como estado, pero a nuestro concepto hay una distorsión de familia y es la unión entre parejas del mismo sexo, cuando pretenden formarse en familia porque realmente de ahí depende un derecho fundamental de los niños, y es el derecho a tener una familia”.

Paula Andrea Aguirre López, secretaria de desarrollo social explica que en la política pública de familia deben estar involucrados todos los agentes que conforman la familia, “teniendo presente las sentencias que se han dado en los años 2006, 2011, 2016 donde especifican que la familia no es solamente papá, mamá, hijo; la sentencia dice que también es mamá hijo, abuelos y nietos, personas del mismo sexo, en fin, la diversidad”.

Con este documento, “estamos nosotros incluyendo a todas las personas que, por ley, son declaradas familia… nosotros no nos podemos regir bajo las normas particulares de una voluntad política”.

Explica la funcionaria que hay un derecho de petición por parte de un concejal y deberán evaluar la pertinencia jurídica de la solicitud, aunque aclara que el estudio fue hecho con el apoyo de la Universidad de Caldas y la comunidad.