Presiones presupuestales y sostenibilidad fiscal de la JEP

El presupuesto de la JEP, la posición del Gobierno frente al tribunal de justicia transicional, la carta que envió el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, a la Corte Penal Internacional (CPI), y los resultados que ha arrojado la JEP tras más de ocho años de funcionamiento fueron los temas de análisis de los panelistas en Hora 20.

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Lo que dijeron los panelistas

Rodrigo Pombo, abogado, analista, y profesor universitario, consideró que “nadie quisiera que se le redujeran los gastos porque sí, pero no es eso, es que todos los sectores tienen que apoyar y esta reducción presupuestal en la JEP no me parece desproporcionada”.

“No hay un solo servidor público que esté exento de rendir cuentas. Anualmente se debe presentar un informe sobre cómo va la rama judicial en materia de administración de recursos y resultados”, agregó. Además, se refirió a la carta que envió la JEP a la Corte Penal Internacional CPI. " “Que una autoridad internacional intervenga el presupuesto interno es impensable, ya que no es la única institución que se debe ajustar, todos los sectores se deberán ajustar al presupuesto ”, advirtió Pombo.

Felipe Caballero, abogado, especialista en derecho penal y magíster en política criminal, sostuvo que “la JEP sigue funcionando con un presupuesto similar al del año anterior, no es cierto que se debilite. Esto no es solo de la JEP, las instituciones deben acomodarse al presupuesto de austeridad”.

Adicionalmente, cuestionó a quienes critican que el presupuesto asignado a la JEP se pueda redistribuir entre otras cortes de la rama judicial. “Se pueden hacer ajustes internos para que gasten menos y produzcan más”, indicó Caballero.

Mauricio Pava, columnista, abogado y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que un posible recorte presupuestal “no interfiere con la autonomía de la JEP”. También sostuvo que no está de acuerdo “con que un magistrado afirme que la JEP no debe presentar cuentas, todas las entidades del Estado tienen que hacer un esfuerzo fiscal y rendir cuentas”.

En ese sentido, indicó que la jurisdicción debe hacer un proceso de “autocrítica” y sostuvo que la respuesta del presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, es “exagerada” y no le hace bien a la entidad.

Angela María Buitrago, exministra de Justicia y doctora en Derecho y en Sociología, sostuvo que “el recorte presupuestal de la JEP significa dejar de cumplir con muchas funciones, además el problema es que no se ha ejecutado muchas funciones que ya tenía”.

Además, indicó que los recortes podrían afectar el cumplimiento de las sentencias que ha expedido la jurisdicción hasta el momento. “La JEP es costosa y eso se supo desde que se instauró, adicional en la partida presupuestal se destinó un dinero del Ministerio del Interior que nunca se han utilizado. Hay que mirar cuál es la partida que van a tocar”, concluyó la exministra.