Revocatoria de protección en área de Santurbán enfrenta a defensores del agua y comunidades mineras
Mientras el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestiona la decisión, comunidades de Soto Norte aseguran que permite corregir irregularidades y garantizar su participación.
Páramo de Santurban(Foto Corponor)
La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 de 2026, que declaró una Reserva de Recursos Naturales Renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander, generó posiciones encontradas entre organizaciones ambientales y comunidades de Soto Norte.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026. El Ministerio argumentó que la revocatoria está relacionada con las irregularidades advertidas durante el trámite anterior y con el cumplimiento de una decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.
Desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y en diálogo con Caracol Radio, el abogado Hernán Morantes cuestionó la decisión y aclaró que esta no corresponde directamente a la delimitación del páramo. “Lo que él revocó fue la resolución que protege la quebrada La Baja en Santurbán”, señaló Morantes, quien advirtió que en esta zona se encuentra el proyecto de la multinacional Aris Mining.
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Para el abogado, la resolución revocada representaba una medida para impedir ese proyecto minero y también entregaba herramientas para combatir la minería ilegal en el sector. “Ni minería ilegal ni minería de las multinacionales en Santurbán. Esa es nuestra posición clara”, afirmó.
Morantes también pidió al Gobierno Nacional reconsiderar la decisión, al advertir que está en juego la protección de una zona relacionada con el abastecimiento de agua para más de 2,5 millones de personas en Santander y el área metropolitana de Bucaramanga.
Comunidades en Soto Norte respaldan la revocatoria
En la otra orilla están las comunidades de Soto Norte, especialmente habitantes de California, quienes respaldaron la decisión del Ministerio de Ambiente.
Según su pronunciamiento, la Resolución 0994 fue expedida el 6 de agosto, menos de 24 horas antes de finalizar el anterior Gobierno, pese a que estaba en curso una tutela por una posible vulneración de derechos fundamentales y una recusación contra la entonces ministra encargada.
Rosa Amira Mendoza, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte y quien presentó la tutela, sostuvo que la revocatoria permite iniciar nuevamente el proceso con garantías. “En Soto Norte no estamos en contra de proteger el agua ni el ambiente; por el contrario, queremos que esa protección se haga bien, con ciencia, con información completa y escuchando a quienes vivimos en el territorio”, afirmó.
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Las comunidades también precisaron que las 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja están por fuera de los límites del Páramo de Santurbán, por lo que consideran que la revocatoria no implica renunciar a la protección ambiental.
El pronunciamiento se sustenta además en el fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó reiniciar el procedimiento tras encontrar situaciones que afectaron la participación ciudadana. E
Ahora, el Ministerio de Ambiente deberá adelantar una nueva evaluación técnica, jurídica y participativa para definir las medidas de protección que correspondan sobre la quebrada La Baja, mientras continúa el debate sobre minería, protección ambiental y derechos de las comunidades en Soto Norte.