Denuncian “golpe” a la propiedad privada tras expedición de decreto que otorga facultades a la ANT

La reciente expedición del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 por parte del Gobierno Nacional desató una polémica política y jurídica.

El decreto que otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en materia registral es señalado de poner en riesgo la propiedad privada. Ante esta situación, ya se admitió una demanda ante el Consejo de Estado que busca la nulidad total de la norma.

“Un golpe directo a los derechos reales”

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La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, alertó sobre los alcances del decreto. Según denunció a través de su cuenta de X, esta normativa excede las facultades de la ley al permitir a la ANT cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios de forma documental y generar efectos registrales utilizando únicamente una promesa de compraventa.

De acuerdo con Valencia, el decreto evade la intervención de jueces y registradores: “Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”.

“El Decreto 0765 disfraza de SANEAMIENTO un golpe directo a los derechos reales. Al borrar gravámenes y vicios por vía administrativa, despojan al legítimo dueño o reclamante de su derecho sobre la tierra y lo mandan a pleitear durante años una indemnización monetaria contra el Estado“, indicó.

La congresista explicó que el Gobierno abrió comentarios en el portal SUCOP solo del 2 al 8 de julio y firmó el decreto el 15 de julio con ministros encargados.

Por último, Valencia aseguró que el resultado de este decreto “será la asfixia del pequeño y mediano productor”.

“Con un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” clavado en el folio de matrícula, ningún banco o entidad financiera le renovará un crédito ni le prestará un peso a ese agricultor", agregó.

Demanda de nulidad ante el Consejo de Estado

En las últimas horas se admitió una demanda de nulidad total presentada por el abogado Andrés Ávila Ávila, quien argumentó que el decreto del Ejecutivo reguló aspectos que deben ser aprobados por el Congreso de la República.

Cancelación de embargos

De acuerdo con el escrito radicado ante el alto tribunal, el Decreto 765 autoriza a la Agencia Nacional de Tierras para ordenar la cancelación de embargos y otras medidas cautelares inscritas sobre los inmuebles que reciba, incluidas aquellas decretadas por jueces. Además, establece que el registrador de instrumentos públicos pueda ejecutar esa orden y efectuar la transferencia del predio dentro del mismo trámite administrativo.

El abogado Ávila cuestionó que la nueva reglamentación permita la apertura de nuevos folios de matrícula inmobiliaria sin que se reflejen ciertas cargas preexistentes.

La norma estableció como plazo máximo el 25 de julio para que la Superintendencia de Notariado y Registro habilite el código registral de la denominada “administración anticipada”.

Según la demanda, una vez ese mecanismo empiece a operar, podrían generarse actuaciones registrales con efectos jurídicos difíciles de revertir, incluso si el Consejo de Estado termina anulando el decreto.

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