Fiscalía y Supersociedades ponen la lupa sobre presunta estafa masiva revelada por Caracol Radio
La Fiscalía decidió priorizar el caso de Juan Guillermo Tovar Niño, un exalumno del prestigioso Gimnasio Campestre que enfrenta siete procesos judiciales por presuntas estafas. Superintendencia de Sociedades investiga si incurrió en captación masiva de recursos del público. Ecopetrol y otras empresas con las que dice tener negocios no lo conocen.
La Fiscalía General y la Superintendencia de Sociedades pusieron bajo la lupa a Juan Guillermo Tovar Niño.
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La Fiscalía General y la Superintendencia de Sociedades pusieron bajo la lupa a Juan Guillermo Tovar Niño, un exalumno del prestigioso Gimnasio Campestre de Bogotá, tras la publicación de una investigación de Caracol Radio que reveló denuncias de inversionistas que afirman haberle entregado dinero para financiar negocios que resultaron ser falsos.
Las actuaciones de ambas entidades representan el primer movimiento coordinado del Estado frente a un caso que durante años se desarrolló principalmente en escenarios privados, entre conocidos, socios ocasionales y miembros de círculos sociales de alto perfil.
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Por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el expediente fue priorizado dentro del ente investigador. La decisión busca acelerar el avance de las investigaciones que actualmente involucran a Tovar, sobre quien pesan al menos cuatro noticias criminales activas por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad en documento privado, abuso de confianza y actos sexuales con menor de 14 años.
La coordinación de las pesquisas quedó en manos de la Delegada para la Seguridad Territorial. Un investigador vinculado al caso explicó que la medida pretende concentrar esfuerzos para obtener resultados más rápidos frente a las denuncias existentes.
Esta priorización también podría ampliar el alcance de la investigación. De comprobarse una concertación entre varios individuos para ejecutar los presuntos fraudes, por ejemplo, podrían abrirse nuevas líneas de actuación penal. Cabe recordar que varias denuncias indican que parte de los recursos entregados por los inversionistas terminaban en cuentas bancarias a nombre de familiares o personas cercanas al cuestionado empresario.
La historia de Tovar llegó a Caracol Radio a través de dos padres del Colegio Andino, de Bogotá, preocupados por los señalamientos contra él que circulan desde hace meses en esa comunidad educativa, a la que su familia también pertenece. Lo que parecía un conflicto aislado terminó revelando una red de presuntas víctimas que incluye arquitectos, constructores, importadores, restauranteros y otros profesionales.
Según los denunciantes, este hombre de 48 años afirmaba tener negocios con algunas de las compañías más importantes del sector energético y logístico colombiano. Los recursos, sostenía, serían utilizados para ejecutar contratos relacionados con hidrocarburos, transporte de carga o actividades portuarias. A cambio ofrecía rentabilidades que, en algunos casos, superaban el 20 por ciento en pocas semanas.
La investigación periodística también reveló que Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla, empresas nombradas por Tovar en sus propuestas, jamás han sostenido relaciones comerciales con él ni con las sociedades que mencionaba como propias.
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Además de los expedientes penales de la Fiscalía, contra él hay tres demandas civiles relacionadas con obligaciones económicas pendientes. Los montos reclamados van desde 70 hasta 1.300 millones de pesos (unos 365.000 dólares). En mayo, Tovar fue señalado formalmente como sospechoso en una denuncia relacionada con un robo ocurrido en la vivienda de su madre. Aunque no ha sido vinculado con esos hechos, al menos uno de los denunciantes considera que su conducta antes y después del asalto debería ser investigada.
El papel de la firma Fénix
A todos esos procesos se sumó esta semana un frente administrativo que podría tener consecuencias patrimoniales. La Superintendencia de Sociedades abrió una investigación para establecer si existió una posible captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización estatal. El proceso está siendo adelantado por el Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, especializado en detectar esquemas mediante los cuales particulares reciben dinero de múltiples personas sin tener permiso para desarrollar actividades financieras.
Una funcionaria vinculada a esas pesquisas explicó que el objetivo inicial es determinar el número de afectados y reconstruir el flujo de recursos entregados. Entre los elementos que deberán verificarse está la existencia de un número suficiente de aportantes que permita configurar los supuestos legales utilizados por la entidad para identificar posibles captaciones masivas.
Más allá de una eventual sanción, el propósito principal de este tipo de actuaciones es identificar activos y buscar mecanismos que permitan recuperar parte del dinero reclamado por los afectados.
La intervención de la Superintendencia introduce un escenario distinto al de los procesos civiles y penales. Mientras las denuncias ante la Fiscalía buscan establecer responsabilidades individuales, las facultades de intervención de la entidad pueden conducir a medidas sobre sociedades o patrimonios relacionados con la actividad investigada.
Entre las empresas mencionadas en los expedientes y testimonios recopilados figura Fénix Comercializadora Internacional, asociada a las actividades económicas de Tovar. Registros mercantiles consultados por Caracol Radio mostraron que la compañía fue constituida en Barranquilla en 2016, con un capital de diez millones de pesos, y que posteriormente dejó de renovar su matrícula mercantil, por lo cual está operando de manera irregular.
El registro de Cámara de Comercio de la empresa Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.)
Si las investigaciones administrativas concluyen que existió captación irregular de recursos, la Superintendencia podría adoptar medidas de intervención sobre las actividades empresariales vinculadas al caso. Dependiendo de los hallazgos, esas actuaciones podrían incluir la toma de posesión de bienes, la administración temporal de activos e incluso procesos de liquidación destinados a proteger a los acreedores y facilitar la recuperación de recursos.
Por ahora, ninguna de las medidas constituye una declaración de responsabilidad. Tanto la investigación penal como la administrativa se encuentran en etapas preliminares y deberán determinar si existen elementos suficientes para formular cargos o adoptar medidas más severas.
Sin embargo, la decisión de la Fiscalía y la Supersociedades de concentrar recursos en el caso marca un punto de inflexión para una historia que durante años estuvo limitada a reclamaciones dispersas y litigios individuales.