Turbaco y Arjona están bajo investigación nacional por imponer fotomultas presuntamente irregulares
La Superintendencia de Transporte abrió un proceso administrativo contra los organismos de tránsito de ambos municipios por operar sistemas de fotodetección sin el aval técnico obligatorio
Detección Electrónica. // Colprensa
Dos municipios del departamento de Bolívar se encuentran formalmente bajo la lupa de las autoridades nacionales debido a presuntas irregularidades en la operación de sus sistemas de fotomultas. La Superintendencia de Transporte abrió un pliego de cargos contra los organismos de tránsito de Turbaco y Arjona tras detectar que pusieron en funcionamiento las cámaras de fotodetección sin contar con el aval técnico obligatorio exigido por la ley colombiana.
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De acuerdo con el reporte oficial de la entidad de control, ambas alcaldías activaron los dispositivos tecnológicos antes de obtener el concepto de desempeño que debe expedir el Instituto Nacional de Metrología. Este documento es el único requisito legal que valida que los equipos realizan las mediciones de velocidad de manera correcta, por lo que su ausencia vicia de ilegalidad las sanciones impuestas durante ese lapso.
La investigación detalló el alcance de la operación irregular en cada población durante la vigencia de 2019. En el municipio de Arjona se impusieron 7.949 comparendos entre el 27 de febrero y el 19 de diciembre de ese año, periodo en el que el organismo de tránsito local carecía del concepto técnico. Por su parte, la situación en Turbaco registra un impacto mayor con 22.731 órdenes de comparendo emitidas de forma irregular entre el 26 de marzo y el 28 de noviembre, debido a la demora en el trámite del aval correspondiente.
Esta acción administrativa en Bolívar forma parte de una macroinvestigación de impacto nacional que cobija a 37 organismos de tránsito en todo el país. Los cálculos del Gobierno Nacional indican que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 se habrían impuesto de manera irregular más de 7,5 millones de fotomultas en el territorio colombiano, de las cuales 1.582.398 ya fueron canceladas por los ciudadanos por un valor que ronda los 1,05 billones de pesos.
Frente al destino del dinero y el estado de las sanciones, la Superintendencia de Transporte aclaró los escenarios jurídicos para los afectados. El superintendente Alfredo Piñeres Olave explicó que los ciudadanos que pagaron sus multas dentro del periodo cuestionado tendrán derecho a solicitar la devolución del dinero directamente ante el organismo de tránsito correspondiente una vez se ratifique la falta. Asimismo, los más de 5,8 millones de comparendos que siguen pendientes de pago no deberán cancelarse, ya que serán revocados de oficio y eliminados de la plataforma del SIMIT.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la apertura de estos procesos al señalar que las fotomultas no pueden convertirse en herramientas de recaudo por fuera del marco legal, por lo que se priorizará la defensa del debido proceso y la transparencia técnica en los corredores viales de todo el país.
