Nueva ley obligará a bancos y operadores a suspender cobros por suplantación de identidad
La medida obliga a bancos, operadores móviles y comercios a detener cobros, frenar reportes negativos y proteger el historial crediticio de quienes denuncien que usaron sus datos de manera fraudulenta.
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La Ley 2573, sancionada por el Congreso el pasado 19 de mayo, busca proteger a las víctimas de suplantación de identidad, cobros injustificados, reportes negativos y va a operar en noviembre de 2026.
Esta medida surge en medio del aumento de casos de fraude digital, robo de datos personales y créditos adquiridos sin autorización de los ciudadanos, ya que en los últimos años, miles de personas han denunciado que aparecieron con tarjetas de crédito, préstamos, planes móviles o compras a su nombre sin haberlos solicitado.
¿En qué consiste?
Uno de los principales cambios de la ley es que las entidades financieras y empresas de telecomunicaciones deberán suspender inmediatamente los cobros cuando una persona informe que fue víctima de suplantación. Esto significa que no podrán seguir cobrando cuotas, intereses ni gastos de cobranza mientras se revisa el caso.
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Además, las centrales de riesgo tendrán que marcar esos casos como “Víctima de Falsedad Personal”, una anotación que no podrá afectar el puntaje crediticio ni impedir el acceso a productos financieros. En otras palabras, una persona no podrá ser castigada financieramente por una deuda que nunca adquirió.
Hasta ahora, muchas víctimas debían probar que no habían solicitado créditos o servicios. Con la nueva norma, las empresas deberán entregar contratos, grabaciones, formularios y demás pruebas que demuestren que sí verificaron correctamente la identidad del cliente antes de aprobar el producto.
Esto incluye bancos, compañías de telefonía y establecimientos comerciales que ofrecen créditos o financiamiento. Todos ellos deberán fortalecer sus sistemas de validación de identidad y seguridad digital para evitar fraudes cometidos mediante robo de datos, documentos falsos o engaños electrónicos.
La legislación también obliga a las compañías a responder las reclamaciones en un máximo de 10 días hábiles. Si una persona solicita pruebas del supuesto crédito o servicio adquirido a su nombre, la entidad no podrá negarse a entregarlas.
Otro punto clave es que, cuando existan inconsistencias evidentes en los documentos usados para sacar el producto financiero o el plan telefónico, las empresas deberán reportar el posible delito de estafa ante las autoridades. Incluso, tendrán que investigar si hubo participación o negligencia de funcionarios internos en el proceso.
La ley reconoce dos tipos de suplantación: la física y la digital. La primera ocurre cuando alguien usa documentos o datos personales de otra persona para obtener beneficios. La segunda se relaciona con fraudes realizados mediante internet, redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos o ingeniería social, una técnica de manipulación utilizada por delincuentes para engañar a las víctimas y obtener información privada.
También se establece que las entidades deberán informar a la Dian sobre los casos de fraude para evitar que las víctimas enfrenten problemas tributarios derivados de movimientos financieros que nunca realizaron.
¿Cómo se puede acceder a la ley?
Para acceder a la protección de la ley, la persona afectada deberá reportar el caso ante la entidad correspondiente, aportar pruebas básicas y presentar una denuncia ante la Fiscalía o la Policía Nacional.
Sin embargo, la norma aclara que, si la empresa encuentra evidencias claras de la suplantación durante su propia investigación, podrá exonerar a la víctima sin necesidad de esperar una decisión judicial.
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La suspensión de cobros se mantendrá mientras avanza el proceso penal. Si las autoridades confirman que sí hubo suplantación, la persona quedará completamente desvinculada de la deuda y de cualquier reporte negativo. Pero si se demuestra que la denuncia era falsa, la entidad podrá reactivar el cobro con intereses y la persona podría enfrentar consecuencias penales.
La ley también presiona a bancos y operadores a invertir más en biometría, autenticación digital y sistemas antifraude. Esto podría transformar los procesos de aprobación de créditos y servicios en los próximos años, especialmente en canales digitales.