Investigación UNGRD: El billón que nadie ha contado
Se trata de contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024.
A la hora de hablar del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la Fiscalía hasta la fecha ha hablado de contratos irregulares por aproximadamente 380 mil millones de pesos. También hablan de 571 mil millones que corresponden a proyectos del Invías, no de la UNGRD. Pero nunca nos han dicho que sólo en gestión del riesgo fue más de 1 billón de pesos los que se vieron comprometidos por el esquema corrupto que lideró Olmedo López.
Hace dos años la periodista Paula Bolívar señaló que Olmedo había pedido más de un billón de pesos al Ministerio de Hacienda. Hoy en 6AM-W de Caracol podemos decir que tenemos en nuestras manos los contratos que suman ese billón. Se trata de contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024. Contratos que en su mayoría nunca han sido mencionados en una sala judicial ni en una rueda de prensa de la Fiscalía. Contratos con documentos originales, con firmas, con fechas precisas.
Son 25 contratos. En total: más de un billón 56 mil millones de pesos. Obras para proteger ríos, construir puentes, contener inundaciones. Recursos de emergencia nacional que se contrataron bajo un esquema siempre igual, siempre el mismo, sin una sola excepción. Hay que anotar que aquí no sumamos ni los contratos de los carrotanques, ni los contratos de maquinaria amarilla, ni los contratos de las ollas comunitarias que han sido denunciados previamente y de manera amplia. Estos son en su mayoría contratos de los que nadie ha hablado.
- Chinácota / Toledo, Norte de Santander: $19.910.410.579
- Bahía Solano, Chocó: $36.943.345.650
- Convenio INVIAS: $114.500.000.000
- Jericó, Antioquia: $16.017.000.000
- Magangué, Bolívar: $21.568.000.000
- Convenio Ministerio de Educación: $63.650.000.000
- San Jacinto del Cauca / La Mojana, Bolívar: $129.187.000.000
- Pivijay, Magdalena: $24.272.000.000
- Suministro Puentes Bailey: $45.000.000.000
- El Molino, La Guajira: $9.783.000.000
- Girón I, Santander: $185.439.000.000
- Contrato de apoyo logístico, Santander: $5.000.000.000
- Tierralta, Córdoba: $13.255.000.000
- Girón II, Santander: $97.514.000.000
- Angelópolis, Antioquia: $4.383.000.000
- Suministro equipos de protección: $6.962.000.000
- Oiba, Santander: $37.388.607.492
- Girón III, Santander: $37.383.177.570
- Dabeiba, Antioquia: $27.538.000.000
- Cantagallo, Bolívar: $35.706.283.946
- Girón IV, Santander: $29.982.893.144
- San Jacinto del Cauca, Mojana: $3.951.276.000
- Dosquebradas, Risaralda: $19.864.000.000
- Mistrató, Risaralda: $7.689.729.899
- Itagüí, Antioquia: $27.352.470.901
- Puerto Serviez / Puerto Boyacá, Boyacá: $73.964.505.127
- Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828
| Municipio / Departamento | Valor (pesos) |
|---|---|
| Chinácota / Toledo, Norte de Santander | $19.910.410.579 |
| Bahía Solano, Chocó | $36.943.345.650 |
| Jericó, Antioquia | $16.017.000.000 |
| Magangué, Bolívar | $21.568.000.000 |
| Convenio Ministerio de Educación | $63.650.000.000 |
| San Jacinto del Cauca / La Mojana, Bolívar | $129.187.000.000 |
| Pivijay, Magdalena | $24.272.000.000 |
| El Molino, La Guajira | $9.783.000.000 |
| Girón I, Santander | $185.439.000.000 |
| Contrato de apoyo logístico, Santander | $5.000.000.000 |
| Tierralta, Córdoba | $13.255.000.000 |
| Girón II, Santander | $97.514.000.000 |
| Angelópolis, Antioquia | $4.383.000.000 |
| Suministro equipos de protección | $6.962.000.000 |
| Oiba, Santander | $37.388.607.492 |
| Girón III, Santander | $37.383.177.570 |
| Cantagallo, Bolívar | $35.706.283.946 |
| Girón IV, Santander | $29.982.893.144 |
| San Jacinto del Cauca, Mojana | $3.951.276.000 |
| Mistrató, Risaralda | $7.689.729.899 |
| Itagüí, Antioquia | $27.352.470.901 |
- Puerto Serviez / Puerto Boyacá, Boyacá: $73.964.505.127
- Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828
TOTAL: 1.103.858.845.136
¿Y cuál era el esquema? Uno: se invitan tres proponentes. Dos: solo cotiza uno. Tres: ese único oferente cumple, aunque a veces necesite dos o tres rondas de subsanación para lograrlo. Cuatro: Olmedo López firma la solicitud de contratación. Cinco: el contrato se perfecciona y se gira el anticipo del 20 por ciento. En 25 contratos, el patrón nunca falla. Nunca.
Pero hay algo más. En varios de esos procesos, los otros dos “competidores” son en realidad empresas no verificables. Empresas de papel. La competencia era una formalidad. Una competencia de mentiras.
Y aparecen los mismos nombres, una y otra vez. Una empresa llamada Construdeco Alianza Logística, representada siempre por una misma persona de Bucaramanga, Sandy Ariza Villarreal, ganó contratos en el Chocó y en Santander. Otra empresa, Inversiones CCO, representada por Leidy Johanna Díaz, también de Bucaramanga, aparece como socia mayoritaria en contratos para Oiba, para Cantagallo, para Girón. Y hay algo que ningún medio ha reportado: el Consorcio Prosperidad OIBA, que ganó el contrato de Oiba, y el Consorcio Dique Bolívar, que ganó el contrato de Cantagallo, tienen exactamente las mismas tres empresas, con exactamente los mismos porcentajes. Son dos nombres distintos para el mismo consorcio. Dos contratos distintos. Dos anticipos distintos. Un solo beneficiario real.
LA DOBLE FACTURA DE LOS PUENTES
Y hay un hallazgo que merece atención especial de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. En enero de 2023, la UNGRD firmó un convenio con el Instituto Nacional de Vías — INVIAS — por 114 mil 500 millones de pesos. El objeto: infraestructura vial en zonas declaradas en emergencia. Dentro del contrato se estipula un monto para comprar puentes desmontables.
Pero ocho meses después, en septiembre de 2023, la UNGRD contrató por separado, con un contratista privado, el suministro de puentes Bailey — los puentes portátiles metálicos de emergencia — por otros 45 mil millones de pesos adicionales. Mismo decreto de desastre. Misma emergencia. Misma necesidad. Dos contratos. Dos pagos. 159 mil 500 millones de pesos en total para una sola función.
O INVIAS cobró por instalar puentes que nunca instaló, o el contratista privado cobró por suministrar puentes que ya estaban cubiertos por el convenio. En cualquiera de los dos escenarios, la UNGRD pagó dos veces por lo mismo. Y ese dinero salió del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
ITAGÜÍ: LA EMERGENCIA QUE NO ERA
Un caso que ilustra con brutalidad cómo operó este esquema, es el de Itagüí, Antioquia. En noviembre de 2023 se adjudicó un contrato por 27 mil 352 millones de pesos para intervenir puntos críticos en la vereda La María y la quebrada Doña María, por supuestas amenazas de movimientos en masa.
El alcalde de Itagüí en ese momento era José Fernando Escobar Estrada. El 25 de abril de 2023 firmó el decreto que declaró la calamidad pública en el municipio. Sin esa declaratoria, la UNGRD no podía contratar. El problema: el director de la Empresa de Servicios Públicos, el comandante de Bomberos y la gerente del hospital municipal no estuvieron de acuerdo con esa declaratoria. Uno de ellos fue categórico: no firmó porque sencillamente eso no era una calamidad. Dijo que si se observaban los lugares que supuestamente estaban en alto riesgo, se podía ver que eran obras de pavimentación, no atención a desastres.
¿Y quién es el alcalde de Itagüí? Un hombre del círculo político del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, el mismo que en 2012 nombró a Olmedo López como secretario de Ambiente de ese municipio cuando fue alcalde, el mismo con quien López compartió estudios universitarios, el mismo al que el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló públicamente cuando dijo: “Todos los caminos conducen a Itagüí”. La Corte Suprema ya citó a declarar al senador Trujillo. Trujillo no ha sido imputado.
DANIELA ANDRADE Y CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA: LA CADENA DE LA FIDUPREVISORA
En todos estos contratos hay una firma que se repite. Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora. Por sus manos pasaron los contratos de Bahía Solano, Oiba, Girón, Cantagallo, Mistrató, Puerto Serviez y muchos más. Cada firma suya es un aval: sin Fiduprevisora, no hay contrato. Sin contrato, no hay anticipo. Sin anticipo, no hay dinero.
Pero Daniela Andrade no fue la primera en ese cargo. Antes que ella, la Vicepresidencia de Contratación Derivada de la Fiduprevisora estuvo en manos de Carlos Fernando López Pastrana, con cédula de Montería. Y los documentos que tenemos revelan que fue él quien firmó los primeros contratos de este esquema .
¿Qué pasó con Carlos Fernando López Pastrana después de salir de la Fiduprevisora? Terminó trabajando en la Presidencia de la República, en la consejería encabezada por Sandra Ortiz — la misma funcionaria que según Sneyder Pinilla fue la mensajera que llevó tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name. Y cuando estalló el escándalo en julio de 2024, la Presidencia de la República confirmó que durante la entrega a la nueva administración de esa misma consejería aparecieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria RAM, asignados a contratistas del equipo de Sandra Ortiz.
Volviendo a Daniela Andrade. Su historia no termina en la UNGRD. Como lo reveló “El Laberinto de los dineros de la salud”, siendo vicepresidenta de la Fiduprevisora se saltó una decisión institucional y firmó 7 de los 10 contratos del Fomag — el fondo de salud de los 818 mil maestros del país — por un valor de un billón 200 mil millones de pesos.
¿Qué pasó con ella cuando estalló el escándalo? El mismo día en que la Procuraduría abrió investigación en su contra, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago la nombró notaria 36 de Bogotá, una de las notarías más lucrativas del país, donde según reportes periodísticos devenga más de 70 millones de pesos mensuales. El presidente Petro salió a defenderla públicamente. Hoy, Daniela Andrade Valencia sigue siendo notaria 36 de Bogotá.
LO QUE TRASCIENDE UN GOBIERNO
Y aquí viene el elemento clave: este esquema — el único proponente y los consorcios creados a la medida — no empezó con Olmedo López.
En los documentos que tenemos en nuestras manos hay contratos que datan de 2022, cuando el director de la UNGRD era Eduardo José González Angulo, durante el gobierno de Iván Duque. El proceso de selección sigue el mismo patrón exacto: tres invitados, solo uno cotiza, gana sin competencia real. Fue la herencia de un sistema que ni la Contraloría, ni la Fiscalía y ni la Procuraduría han querido investigar. Los documentos están disponibles. El rastro existe. La investigación está pendiente. Y los colombianos merecen saber si el saqueo de la UNGRD fue obra de un gobierno o de un sistema que sobrevive a todos los gobiernos.
Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....
