Justicia argentina decomisa bienes de expresidenta Cristina Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el decomiso de bienes dispuesto en la causa por administración fraudulenta conocida como ‘Vialidad’, por la que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio.

La decisión confirma lo dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares), considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado.

Según el fallo, la medida alcanza a un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Fernández, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso.

Los bienes

En una primera etapa, se avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con la exgobernante y su entorno familiar, mientras que más de 80 corresponden a Báez y a empresas vinculadas a la operatoria investigada.

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Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas que buscaban frenar el decomiso y consideraron que los criterios utilizados para identificar los bienes son válidos, en el marco de una causa que ya cuenta con condenas firmes.

Asimismo, sostuvieron que el decomiso tiene como objetivo recuperar activos vinculados a los hechos de corrupción y evitar que los beneficios obtenidos a partir del delito permanezcan en manos de los condenados.

La resolución también ratificó que la medida puede alcanzar bienes transferidos a terceros, incluidos aquellos recibidos por herencia, al entender que su origen ilícito no se ve modificado por esos traspasos.

No obstante, el fallo incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien consideró que en algunos casos no se analizaron de forma suficiente los planteamientos de las defensas respecto de bienes heredados por los hijos de la expresidenta.

¿Qué es el caso ‘Vialidad’?

La causa ‘Vialidad’ investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que habilitó la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas.