Cartel de la insolvencia: Supersociedades alerta fraude para evadir deudas en Colombia

El pasado martes, la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) emitió una alerta sobre la existencia y el funcionamiento de una estructura criminal llamada “Cartel de la insolvencia”, que estaría engañando a ciudadanos para no pagar sus deudas.

Caracol Radio conoció por parte del superintendente de Sociedades que el esquema, denunciado por el sector financiero, podría dejar a las personas con procesos penales y sin acceso al crédito.

El funcionamiento del proceso

La insolvencia es un recurso legal diseñado para apoyar a las personas cuando enfrentan una crisis económica, sin embargo, la denuncia de Asobancaria es que se están utilizando mecanismos de engaño y fraude para permitir que distintas personas con deudas evadan sus obligaciones financieras y comerciales, que han sido detectadas durante los últimos dos años como casos que presentan “irregularidades y actuaciones de mala fe”.

“Estas conductas lo que hacen es enfermar un sistema (…) quienes se prestan para esto también son responsables del delito”, aseguró el superintendente de sociedades, Billy Escobar, al referirse a las prácticas que están siendo investigadas.

Según explicó el superintendente, el problema gira alrededor de la insolvencia de personas naturales, no a la insolvencia empresarial, pues explica que existe una figura legal que permite a alguien renegociar sus deudas cuando ya no puede pagarlas. Este proceso se tramita normalmente en centros de conciliación o notarías, y el conveniente aparece, cuando terceros lo usan de forma fraudulenta.

Para Escobar, lo que están haciendo algunas redes es ofrecerle a personas endeudadas una salida “rápida” , donde les dicen que pueden dejar de pagar sus obligaciones si se declaran en quiebra. Para lograrlo, en algunos casos los inducen a adquirir más créditos o incluso a crear empresas ficticias, sin empleados ni actividad real, lo que se conoce como empresas fantasma, para simular acuerdos de pago.

El resultado, según la Superintendencia, es que se construyen conciliaciones falsas, acuerdos en los que las deudas reales con bancos, cooperativas o fondos de empleados quedan relegadas o sin pago. Mientras tanto, los intermediarios cobran por el “servicio”.

Escobar fue enfático en que esto no solo afecta a las entidades financieras, sino también a los propios ciudadanos. “Fuera de que están endeudados, pueden quedar por fuera del sistema financiero y con un proceso penal”, advirtió.

Además, muchas de estas empresas no responden legalmente. “Encontramos que esas empresas asesoran, ponen a firmar al ciudadano, pero la empresa no está poniendo la cara. Finalmente, fuera de que la persona incurre en una conducta ilegal, se queda solo porque los otros no son responsables o aparentemente desaparecen”.

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Otro punto que preocupa a la entidad es el uso de redes sociales para difundir estos servicios. Se han identificado supuestos asesores e influenciadores que promocionan estas prácticas, lo que aumenta el número de personas que podrían caer en el engaño.

La Superintendencia también aclaró que este fenómeno no está afectando a las empresas formales que se acogen a procesos de insolvencia bajo su vigilancia. En ese caso, explicó Escobar, existen filtros técnicos rigurosos, como lo son la revisión de estados financieros y requisitos legales, que hacen mucho más difícil que se presenten fraudes.

¿Cómo termina afectando al ciudadano?

Para Asobancaria, este tipo de prácticas afecta al alto endeudamiento de los hogares y mayor acceso al crédito, ya que provoca que se exijan muchas más variables estrictas para darle créditos a las personas y que los mismos se vuelvan más caros.