Estos son los retos urgentes en cuestión de derechos humanos para el próximo gobierno
La Defensoría presentó una hoja de ruta para el próximo gobierno, que se estructura alrededor de estos tres ejes: Paz, Ambiente e Igualdad.
Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto: Caracol Radio
Colombia
La Defensoría del Pueblo presentó el documento “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno”, como hoja de ruta en materia de derechos humanos, dirigida a quienes aspiren a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia.
El informe dice que el país enfrenta desafíos que no deben ser aplazados, y por ende su postergación podría comprometer la dignidad humana, la cohesión social y la estabilidad democrática.
Tres ejes críticos: igualdad, paz y ambiente
El documento se estructura alrededor de estos tres ejes, además de un capítulo especial sobre temas agrarios. Según la Defensoría, estas áreas concentran los principales “nudos críticos” que afectan los derechos humanos en el país.
En materia de desigualdad, la entidad advierte que en la actualidad todavía hay brechas históricas que impactan especialmente a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes y personas en condición de vulnerabilidad. Factores como la pobreza, la informalidad laboral y la inseguridad alimentaria siguen limitando el acceso efectivo a derechos básicos.
Crisis social y fallas estructurales
El informe también alerta sobre problemas en sectores clave como la salud, la educación y el empleo. Entre ellos, se destacan dificultades en el acceso a medicamentos, aumento de tutelas por servicios de salud y brechas educativas entre zonas rurales y urbanas.
Según la defensora Iris Marín aumentó en un 34,1% el número de tutelas en salud entre enero de 2024 y julio de 2025.
Para lo cual se recomienda reformar el sistema de salud de tal forma que resuelva las brechas que hoy tienen a Colombia con falta de medicamentos y fallas en los servicios médicos.
Informe “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno”.
Informe “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno”.
Asimismo, resaltan la persistencia de fenómenos como el racismo estructural, la violencia de género y la exclusión de poblaciones migrantes, lo que, asegura la entidad, evidencia fallas en la garantía de derechos y en la implementación de políticas públicas inclusivas.
“La Defensoría del Pueblo también recomienda adoptar medidas urgentes para la prevención y protección de liderazgos sociales mediante el fortalecimiento de esquemas y rutas de protección individuales y colectivas, investigación judicial y desmonte de factores estructurales de riesgo”.
Derechos de la población carcelaria
Por otro lado, se habla de los derechos de las personas privadas de la libertada, punto en el cual recomiendagarantizar la inclusión de proyectos de inversión con sostenibilidad fiscal en el plan plurianual de inversiones, con destinación específica al Sistema Penitenciario y Carcelario, y fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes mediante la implementación efectiva de la justicia restaurativa, para incorporar modalidades terapéuticas y psicosociales, con el fin de garantizar procesos de responsabilización adecuados, prevenir la reincidencia y asegurar la protección integral de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Violencia y conflicto siguen vigentes
En el eje de paz y seguridad, la Defensoría advierte que, pese al Acuerdo de Paz de 2016, el conflicto armado continúa reconfigurándose en el territorio. La presencia de grupos armados ilegales, la expansión de economías ilícitas y el aumento de riesgos para la población civil mantienen una situación crítica en múltiples regiones del país.
El documento resalta que más de un tercio de los municipios presenta alertas de riesgo por violencia, lo que evidencia la necesidad de una política integral que articule seguridad, justicia, desarrollo territorial y derechos humanos.
Llamado al nuevo gobierno
La Defensoría concluye con un llamado a las autoridades: el próximo gobierno deberá asumir estos retos como una condición mínima de gobernabilidad democrática.
Además, insiste en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del Estado, especialmente de la propia Defensoría, para responder a las crecientes vulneraciones de derechos en el país.
María Fernanda Latorre
Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...
