La Iglesia española y el Gobierno firmaron acuerdo para compensar a víctimas de abusos sexuales

El Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española (CEE) suscribieron este lunes el acuerdo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en casos que no pudieran recurrir a la vía judicial.

Se trata de la rúbrica de un acuerdo alcanzado en enero para las víctimas “en asuntos que están prescritos o que el victimario haya fallecido y que, por tanto, no puedan acudir” a los tribunales, explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Tras firmar el acuerdo en Madrid, Bolaños saludó “un día de justicia” para “esas millas de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y que no sólo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas”.

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Según el ministro, el modelo acordado con la Iglesia “es pionero en el mundo” porque “se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que corresponden a cada víctima”.

El acuerdo no establece baremos de compensación, sino que estos se decidirán en cada caso, en un proceso en el que participarán Gobierno, Iglesia y el Defensor del Pueblo, pero en el que el Estado será quien acabe decidiendo.

Luis Argüello, presidente de los obispos españoles, dijo a la prensa que el acuerdo es “un gesto”.

“Aunque en este caso estamos hablando de hechos prescritos o en el que los acusados han fallecido, la Iglesia quiere reconocer su responsabilidad por formar parte del mismo cuerpo”, añadió.

Ante la inacción eclesiástica y solicitud del Parlamento español, el Defensor del Pueblo elaboró un informe publicado en 2023 que estimó que desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos.

La cifra aumentaría a 400.000 si se cuentan los cometidos por laicos en ámbitos religiosos.

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La Iglesia encargó una auditoría a un despacho de abogados que contabilizó al menos 2.056 víctimas.

Pero la CEE, crítica por igual del informe del Defensor del Pueblo como de la auditoría, emitió su propio reporte, que dio cuenta de 1.057 “casos registrados” en sus distintas diócesis, con solo 358 “probados” o “verosímiles”.

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