ACIET alerta que universidades enfrentarían crisis de liquidez por nuevo impuesto al patrimonio

El nuevo impuesto al patrimonio, con el que se busca aplicar un cobro de 0,50% sobre el patrimonio a las universidades privadas, ha generado una profunda preocupación y un escenario complejo para las instituciones de educación superior en Colombia.

Para Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, la medida, que forma parte de la emergencia económica, está poniendo en “aprietos” a las universidades y otras instituciones universitarias del país, afectando su liquidez y la asignación de recursos destinados a su misión social.

Portocarrero explicó que la situación es un “pocio compleja” y que los rectores de las instituciones afectadas están muy “incomodos”. En Colombia, la educación superior es considerada un beneficio social y un propósito nacional, lo que hace que esta medida sea “no bien vista” en el sector. El impuesto afecta a aquellas instituciones que posean un patrimonio superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) o 10.474.800.000 pesos.

Uno de los principales desafíos radica en la naturaleza de los activos de estas instituciones. La mayoría de ellos son activos fijos, es decir, no movibles y no líquidos.

Con la obligación de pagar el 0,50% del patrimonio el 1 de abril y el 4 de mayo, las universidades se verán forzadas a “realizar algunos activos” o “buscar créditos en los diferentes bancos del país” para cumplir con la obligación tributaria.

Una de las alternativas que podría presentarse, aunque no deseada por el gremio, es el incremento de los costos de las matrículas para compensar el monto del impuesto. ACIET, como gremio, solicitó a los rectores que eviten esta medida y ha hecho un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda para que “reflexionen sobre este tema”.

La preocupación principal de ACIET se centra en la sostenibilidad de las instituciones y aún más grave, el impacto sobre las inversiones dedicadas a la parte misional de la educación. Esto incluye aspectos cruciales como las becas, el bienestar institucional y el mejoramiento de laboratorios, entre otros. Según Portocarrero, estas inversiones “se van a ver menguadas” y seguramente no se van a hacer", lo que afectaría directamente la calidad y el acceso a la educación superior.

Enfatizó que el pago de este impuesto generará “tensiones de liquidez” y modificará la asignación de recursos, lo que representa un desafío significativo para el futuro de la educación en Colombia. Por último, comentó que el gremio espera que las autoridades gubernamentales reconsideren la medida para evitar consecuencias graves en un sector tan vital para el desarrollo del país.

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