La microempresa británica que hizo su agosto con la inclusión de Petro en la ‘Lista Clinton’
Amadeus Consultancy, una compañía que reporta dos empleados y 6.700 libras esterlinas en el banco, firmó un contrato de 10.000 millones de pesos para asesorar a la Presidencia. Su representante legal es el abogado del mandatario.
En la foto el presidente de la República, Gustavo Petro y la abogada Maryna Pogibko, representante legal de AMADEUS CONSULTANCY LIMITED. Firma a la que el gobierno contrató por 2 millones de Libras Esterlinas y la misma firma de la que es socio Daniel Martín Koivalik, el abogado que representa al presidente en el caso OFAC. de abogados de la que también es socio
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A pesar de contar con recursos suficientes para contratar a uno de los grandes bufetes de Washington D.C., el Gobierno Nacional prefirió que una microempresa británica sea su consejera en lo que tiene que ver con la ‘Lista Clinton’.
El 9 de enero, dos meses y medio después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) incluyó al presidente Gustavo Petro en su temido listado, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó un contrato de 10.000 millones de pesos con Amadeus Consultancy Limited. Su objeto es que el Despacho del Presidente de la República reciba “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional”.
La firma elegida a dedo por el Dapre es dirigida por Maryna Pogipko, una abogada ucraniana que recibió la nacionalidad británica tras salir de su país luego de integrar la administración del exalcalde de Kiev, Leonid Chernovetskyi, que terminó cuestionada por un escándalo de presunta malversación de miles de dólares. Quienes suscriben el contrato en calidad de representantes legales son ella y su colega Daniel Kovalik, apoderado del mandatario colombiano en Estados Unidos.
Como consta en la minuta, el interés del Ejecutivo se centra en el régimen de sanciones financieras internacionales, como las que sufren actualmente Petro, su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti, debido a su inclusión en la lista de la OFAC.
Sobre el negocio con Amadeus hay mucho por explicar. Lo primero es el monto. En ninguno de los documentos con los que el Dapre justifica el contrato se especifica cómo se llegó a ese valor. El asunto se despacha con frases como “el valor estimado responde a la alta complejidad técnica, jurídica y estratégica del objeto a contratar, así como al impacto institucional, financiero, reputacional y diplomático que puede derivarse de una inadecuada gestión de los regímenes de sanciones financieras internacionales”.
En ninguno de los documentos con los que el Dapre justifica el contrato se especifica cómo se llegó al valor de $10 mi millones
En ninguno de los documentos con los que el Dapre justifica el contrato se especifica cómo se llegó al valor de $10 mi millones
El abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero, que ha participado en varios procesos para excluir a personas y organizaciones de la lista OFAC, dice que una defensa típica de un ‘nacional especialmente designado’ (SDN) —la categoría que usa el Departamento del Tesoro para identificar a los sancionados— cuesta entre 200.000 y 800.000 dólares. Esto incluye representación administrativa y/o judicial.
De acuerdo con su experiencia, 10.000 millones de pesos habrían alcanzado para hacerse con los servicios de un BigLaw, como se conoce a los grandes bufetes internacionales, especialmente los de Estados Unidos. Varios de ellos, como Morrison & Foerster, incluso tienen a exdirectores de la OFAC en sus equipos.
“El valor de 2,7 millones de dólares por menos de cuatro meses de ‘asesoría’ (sin representación judicial directa) es entre tres y diez veces superior a lo que cobraría una firma líder de Washington D.C.”, concluye Guzmán.
A ojos cerrados
Después de revisar tres ofertas, dos británicas y una de Ucrania, el Dapre se decantó por Amadeus, justamente la empresa representada por Kovalik, el abogado que en octubre pasado dijo que no cobraría por defender al presidente Petro y a su familia ante el Gobierno estadounidense.
No importaron los antecedentes judiciales de Maryna Pogipko, relacionados con la presunta malversación de fondos públicos en la Alcaldía de Kiev. Tampoco pesó que su empresa haya cambiado de domicilio siete veces en ocho años ni que reporte un promedio de dos empleados y un patrimonio de 56.720 libras esterlinas, unos 285 millones de pesos.
Amaadeus Consultancy reporta un promedio de dos empleados y un patrimonio de 56.720 libras esterlinas, unos 285 millones de pesos.
Amaadeus Consultancy reporta un promedio de dos empleados y un patrimonio de 56.720 libras esterlinas, unos 285 millones de pesos.
En virtud de lo firmado con Colombia, Amadeus recibirá dos millones de libras en un lapso de 112 días. En otras palabras, en menos de cuatro meses reportará unos ingresos que superan en más de 30 veces sus activos netos.
En virtud de lo firmado con Colombia, Amadeus recibirá dos millones de libras en un lapso de 112 días
En virtud de lo firmado con Colombia, Amadeus recibirá dos millones de libras en un lapso de 112 días
Con una gran diferencia frente a lo que ofrecen los BigLaw: la tarifa premium que está pagando el Gobierno Nacional no incluye abogar por el presidente Petro, sus familiares o su aliado político. Lo que se le pide es hacer un análisis del régimen de sanciones financieras internacionales y dar recomendaciones. De hecho, las partes dejaron claro que lo firmado no implica que Amadeus represente al Estado colombiano.
En virtud de lo que se acordó, el 30 de enero la consultora boutique debió haber recibido 2.500 millones de pesos a cambio de una “reunión de entendimiento entre las partes”, un cronograma de inicio, un informe de actividades y un documento conceptual. Y en la última semana de febrero, 2.500 millones más por otra reunión y otro reporte de lo realizado.
Los entregables de la última semana de marzo parecen un poco más exigentes: una reunión (todavía “de entendimiento”), el informe de actividades, conceptos técnicos, un análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas. A cambio recibirán otros 2.500 millones.
Los 10.000 millones de pesos terminarán de desembolsarse la última semana de abril, cuando Amadeus deberá presentar un análisis final del régimen de sanciones financieras aplicadas por autoridades extranjeras.
Sin garantías ni entregables rígidos
El negocio es evidentemente favorable a la microempresa británica. A pesar de que se embolsillará dos millones de libras esterlinas en 112 días, no se le exigió constituir garantías. El Dapre determinó que no resultan procedentes por la naturaleza internacional del contrato y el hecho de que su ejecución se desarrolla fuera del territorio colombiano, como se lee en los estudios previos al contrato.
No se le exigió constituir garantías. El Dapre determinó que no resultan procedentes por la naturaleza internacional del contrato
No se le exigió constituir garantías. El Dapre determinó que no resultan procedentes por la naturaleza internacional del contrato
En cuanto a las fechas de ejecución, el punto 10 de las obligaciones específicas del contratista señala que “serán solo estimativas y el tiempo no será un factor esencial para la prestación de los servicios”.
La misma laxitud se aplica a los entregables, es decir, los productos que muestran que una tarea o una fase del proyecto se ha completado. En la cláusula séptima, relativa a la supervisión —que recae en Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia—, se introdujo un parágrafo para advertir que el seguimiento a la ejecución se hará “sin desnaturalizar la autonomía técnica del contratista ni transformar el contrato en uno de entregables rígidos”.
Como si toda esta deferencia fuera poca, el primer parágrafo del capítulo referido a la forma de pago abre la puerta a que Amadeus finalice su trabajo antes de la fecha pactada (30 de abril 2026) y reciba su pago diez días hábiles después de que el supervisor del contrato lo apruebe.
En la cláusula séptima, relativa a la supervisión —que recae en Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia—, se introdujo un parágrafo para advertir que el seguimiento a la ejecución se hará “sin desnaturalizar la autonomía técnica del contratista ni transformar el contrato en uno de entregables rígidos”.
En la cláusula séptima, relativa a la supervisión —que recae en Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia—, se introdujo un parágrafo para advertir que el seguimiento a la ejecución se hará “sin desnaturalizar la autonomía técnica del contratista ni transformar el contrato en uno de entregables rígidos”.
Las respuestas del Dapre
Indagada sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista OFAC como motivación para suscribir este contrato, Angie Rodríguez, quien dirigía el Dapre cuando se firmó el contrato, asegura que se trata de una medida preventiva y que “no tiene como finalidad la defensa personal de ningún funcionario”. Sin embargo, en los estudios previos se definen los servicios requeridos como una “asesoría jurídica para defensa ante la OFAC”.
Sobre la selección de la propuesta de Kovalik, dijo que se analizó información pública, así como referencias profesionales de firmas con trayectoria verificable en este tipo de asuntos. “Finalmente se seleccionó la que acreditó la experiencia más especializada para el objeto requerido”, afirma.
La funcionaria reconoció que no hubo un proceso competitivo, sino una verificación de idoneidad para una contratación directa. Y dijo que no se consultó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por no tratarse de un litigio en curso.
Esta Unidad Investigativa contactó al abogado Kovalik, quien no quiso hacer ningún comentario, según él para no distraerse de su objetivo de “ayudar a Colombia y al presidente Petro”. Su colega Maryna Pogibko no respondió las llamadas que hicimos a su oficina.
A instancias de la congresista Katherine Miranda, la Procuraduría General de la Nación decidió iniciar una indagación preliminar el 15 de enero. Dos meses después no ha abierto investigación porque no ha identificado a los posibles autores de una eventual falta disciplinaria. El plazo para hacerlo o para archivar la causa es el 15 de julio, más de dos meses después de la finalización del contrato en cuestión.
Una abogada con antecedentes
Maryna Pogibko, quien suscribe el contrato con la Presidencia de la República es socia principal de Amadeus y su directora actual.
Según portales digitales y de investigación ucranianos como Antikor.ua, o KP.ua, Pogibko fue objeto de cuestionamientos durante su paso como jefa del Departamento Principal de Economía e Inversiones de la ciudad de Kiev, en medio del escándalo de malversación de fondos por cerca de USD 60.000 que enlodó a la administración de Leonid Chernovetskyi, quien fungía como alcalde de la capital ucraniana.
Pogibko ocupó dicho cargo entre 2008 y 2010. La exfuncionaria salió del país con rumbo hacia el Reino Unido en donde, de acuerdo con los informes previamente citados, obtuvo pasaporte británico. Ahora es contratista del gobierno Petro para asesorar a la presidencia en temas de OFAC.
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