Defensoría del Pueblo defiende ante el Consejo de Estado en decreto del salario mínimo de 2026
La entidad aseguro que la fijación del salario mínimo es un asunto de derechos humanos y dignidad que impacta a millones de hogares.
Defensoría del Pueblo defiende ante el Consejo de Estado en decreto del salario mínimo de 2026. (Foto: cortesía- caracol radio)
La Defensoría del Pueblo radicó una intervención ante el Consejo de Estado dentro de la acción contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para el año 2026, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto.
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La intervención, presentada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortíz, se dio en ejercicio de las facultades constitucionales del artículo 282 de la Constitución Política y en el artículo 5 del Decreto Ley 25 de 2014. La entidad actuó como la institución que vela por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, del interés general y del orden constitucional, resaltando que la discusión sobre el salario mínimo no es exclusivamente técnica o macroeconómica, sino esencialmente un asunto de derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo, sostuvo que el Decreto 1469 de 2025 se ajusta a los parámetros constitucionales de jurisprudencia, en la cual se estableció que, cuando no exista concertación, el Gobierno debe motivar el decreto atendiendo diversos criterios económicos, pero otorgando carácter prevalente a la garantía de la remuneración mínima, vital y móvil.
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La entidad enfatizó que la “remuneración mínima vital” no puede entenderse como una simple cifra nominal. En esa línea, advirtió que cualquier política de fijación salarial que desconozca el componente cualitativo del salario vital, su capacidad real para garantizar condiciones de existencia dignas al trabajador y su familia.
Asimismo, explicó ante el alto tribunal que el decreto demandado está sustentado en criterios ya establecidos por la Ley como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Recordó que el principio de salario digno no solo está consagrado en la Constitución, sino que hace parte del bloque de constitucionalidad a través de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Defensoría advirtió que la fijación del salario mínimo tiene una incidencia directa e inmediata en los derechos fundamentales de millones de personas que dependen de este ingreso para su subsistencia. Entre ellas, trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad, madres y padres cabeza de hogar, personas responsables del cuidado de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores.
