Redada en zona esmeraldera de Boyacá enfrenta a mineros ancestrales y Policía por millonaria explota

Una redada de la Policía Nacional en San Pablo de Borbur y Otanche terminó con la captura de cinco personas señaladas de integrar una estructura dedicada a la explotación ilícita de esmeraldas; Sin embargo, el operativo desató una fuerte controversia en la región esmeraldera del occidente de Boyacá, donde líderes mineros aseguran que no se trata de criminales sino de trabajadores ancestrales perseguidos injustamente.

Un día antes de que la Policía hiciera público su informe oficial, Rafael Darío Peñaranda, presidente de la Asociación Mineros Ancestrales Coscués Territorio de Paz, denunció que el procedimiento era «...un montaje de la Fiscalía...». Según él, los capturados «...no son criminales, sino guaqueros ancestrales..» que han trabajado históricamente en la zona. A través de un comunicado, Peñaranda convocó al presidente Gustavo Petro a instalar una mesa de diálogo para discutir la situación y diferenciar la minería tradicional de estructuras delictivas.

La versión oficial; sin embargo, dibuja un panorama distinto. El director de Carabineros y Protección Ambiental, brigadier general Carlos Germán Oviedo, aseguró que las capturas se lograron mediante dos diligencias de allanamiento y que los detenidos deberán responder por «..concierto para delinquir agravado con fines de explotación ilícita de yacimientos mineros, en concurso con daños a los recursos naturales y ecocidio...». Según la Policía, la red habría obtenido ganancias superiores a 5.000 millones de pesos producto del comercio ilegal de esmeraldas.

El alto oficial sostuvo que la actividad ilegal no solo implicaba la extracción bajo modalidad de socavón, sino también la comercialización del mineral en plazas de mercado de San Pablo de Borbur y en Bogotá. «...La actividad ilícita generó un grave impacto ambiental debido al vertimiento de desechos en afluentes hídricos y ecosistemas estratégicos del departamento...», afirmó Oviedo, quien agregó que la estructura contaba presuntamente con el apoyo indebido de un inspector de Policía municipal que facilitaba información y omitía actuaciones administrativas.

Mientras la Policía reiteró que continuará los operativos para frenar la explotación ilícita y proteger los recursos naturales, en el territorio crece la tensión entre autoridades y comunidades mineras. Para Peñaranda, la solución no está en las capturas sino en el diálogo: insiste en que se reconozca la tradición minera de la región. Para las autoridades, en cambio, se trata de desarticular economías ilegales que financian redes criminales. El caso ahora quedará en manos de la justicia, en medio de un debate que trasciende lo judicial y toca la historia misma de la zona esmeraldera de Boyacá.