“El agua tiene memoria”: comunidades del Bajo Sinú advierten que las inundaciones eran previsibles
Campesinos pescadores aseguran que llevaban más de dos décadas alertando sobre intervenciones en la cuenca del río Sinú. Hoy, tras una creciente atípica, reclaman estudios técnicos integrales y cumplimiento de fallos pendientes.


En pleno febrero, cuando históricamente las altas temperaturas marcan la siembra en los playones del río Sinú, las ciénagas del Bajo Sinú se encuentran inundadas. Para las comunidades campesinas y pescadoras de Córdoba no se trata de una sorpresa climática sino del resultado de intervenciones acumuladas durante décadas. Reclaman que el Estado escuche su memoria territorial, cumpla fallos pendientes y realice un estudio hidrológico integral de la cuenca.
En los municipios ribereños del río Sinú, el verano suele ser la temporada en la que el agua baja y deja expuestos los playones fértiles donde se siembran maíz, patilla, fríjol y hortalizas. Es el ciclo conocido, el ritmo que las comunidades han aprendido a leer durante generaciones.
Pero este año el calendario no coincidió con la realidad.
“Es una acción climática atípica. Estamos en el segundo mes de verano y nos estamos inundando”, dice Enildo Cantero, integrante de la Junta de Defensa de Baldíos en Córdoba y vocero de comunidades pescadoras del Bajo Sinú. Su diagnóstico va más allá de la coyuntura: “Hoy con menos agua nos estamos inundando más”.
La frase, repetida durante la conversación, condensa la percepción que atraviesa a las comunidades ribereñas: el problema no es solo la lluvia, sino el espacio que el río ha perdido.
Un río de llanura sin zonas de descanso
El río Sinú es un río de llanura. Su dinámica natural no depende únicamente de la profundidad del cauce principal sino de su capacidad de expandirse lateralmente hacia humedales y ciénagas que históricamente han funcionado como zonas de amortiguamiento.
“Antes el río descansaba en los humedales”, explica Cantero. “Había miles y miles de hectáreas donde el agua se distribuía cuando crecía. Hoy esos espacios han sido desecados o intervenidos”.
La Ciénaga Grande del Bajo Sinú, recuerda, llegó a tener alrededor de 42.317 hectáreas. Esas extensiones permitían que las crecientes se dispersaran sin generar afectaciones masivas. Sin embargo, según la lectura comunitaria, la transformación del territorio —urbanizaciones, distritos de riego, expansión ganadera y agrícola, construcción de terraplenes— redujo esa capacidad natural de absorción.
“El agua no tiene la culpa. Ella busca su camino. Entre menos espacio tenga, más daño hace”, afirmó con firmeza.
Intervenciones que vienen de atrás
La memoria que invoca Cantero no es reciente. Se remonta a la década de los noventa, cuando comenzó la construcción del embalse de Urrá en la cuenca alta del Sinú.
“Desde que anunciaron Urrá dijimos que la cuenca iba a alterarse, iba a morir. Hicimos movilizaciones, acciones judiciales. En un principio no nos escuchaban, hasta que la Corte Constitucional nos dio la razón en 1999”, recuerda.
Según su relato, la sentencia ordenaba proteger derechos ambientales, frenar la construcción indiscriminada de terraplenes y evitar intervenciones que bloquearan el flujo natural del agua. Sin embargo, sostiene que la implementación fue insuficiente, o nunca se logro, quedo en papel.
“Después de la sentencia siguieron construyendo barrios, corregimientos y obras dentro de las ciénagas. Hay municipios que se constituyeron dentro del humedal”, señaló.
La crítica no se dirige exclusivamente a particulares. También menciona distritos de riego impulsados por el Estado que implicaron desecación de humedales y procesos de reforma agraria que, según él, no siempre tuvieron en cuenta la vocación hídrica del territorio.
El embalse y el rompimiento de comunicación con la comunidad
La creciente de este año reactivó el debate sobre el manejo del embalse de Urrá. Cantero lider de la comunidad pesquera sostiene que el nivel de almacenamiento previo a la llegada del frente frío fue alto y que las comunidades no tuvieron información suficiente sobre el riesgo.
“Nos agarró esa cantidad de agua ciegos. Aquí no hay conectividad y los reportes no llegan a la comunidad. ¿Cómo pensaban que íbamos a estar preparados si lo anunciaron apenas dos días antes de la inundación? No contamos con la misma tecnología para informarnos. Llegó primero el agua que la información”, dice.
Además, añade que más que un señalamiento técnico puntual, su planteamiento tambien es de gobernanza: “Somos parte del territorio y deberíamos tener representación en las decisiones”.
Para las comunidades, el problema no es únicamente la existencia del embalse, sino la ausencia de participación directa en el monitoreo y en la planeación de escenarios de riesgo.
La deuda pendiente: un estudio integral de la cuenca
Uno de los reclamos más reiterados es la realización de un estudio hidrológico actualizado que analice el comportamiento del río Sinú después de la construcción de Urrá y de las múltiples intervenciones acumuladas.
“El último estudio serio se hizo antes de la represa. Desde 2010 venimos pidiendo uno nuevo que analice toda la cuenca intervenida. Nunca se hizo”, asegura.
Tras la gran inundación de 2010–2011 en Cordoba, las organizaciones conformaron una mesa de crisis climática y elevaron propuestas al Gobierno nacional. Solicitaron limpieza de caños, conectividad hídrica, cumplimiento de la sentencia judicial y planificación territorial alineada con criterios ambientales.
“Pedíamos medidas de corto plazo para atender a los damnificados, de mediano plazo para infraestructura y vivienda, y a largo plazo un estudio integral de la cuenca. No hubo respuesta”, dice, recopilando a los diferentes requerimientos que ha hecho la comunidad durante el tiempo.
Sin embargo, el resalta que, después de más de dos décadas de advertencias, tutelas y solicitudes de estudios que, según las comunidades, no fueron atendidas, Cantero reconoce un cambio en el nivel de interlocución con el Estado actualmente.
“Nosotros desde el 2010 venimos pidiendo un estudio hidrológico integral de la cuenca del Sinú. Nunca nos escucharon. En el 2020 volvimos a insistir y tampoco hubo respuesta”, afirma.
Asegura que en el actual periodo han encontrado mayor apertura institucional, especialmente desde el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.
“Hoy podemos decir que el Ministerio de Agricultura ha sido uno de los ministerios más cercanos al campesinado. Y la Agencia Nacional de Tierras ha cambiado la cara al territorio”, sostiene.
Para él, la diferencia no es solo discursiva sino presencial.
“No es lo mismo que un director esté en una oficina en Bogotá a que venga y machuque barro con uno. Aquí han estado en el territorio. Eso para nosotros es importante”.
Cantero destaca particularmente la interlocución con la Agencia Nacional de Tierras en el marco de Misión Córdoba y el trabajo conjunto para identificar puntos críticos en las ciénagas.
“No es perfecta, pero está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Eso se siente cuando la gente viene al territorio”.
Una propuesta desde el territorio
Lejos de plantear una eliminación indiscriminada de terraplenes, las comunidades han construido una propuesta de zonificación basada en la vocación natural del territorio.
Proponen dividir la Ciénaga Grande en tres áreas: una zona central exclusiva para pesca y conservación donde los terraplenes destinados a expansión ganadera deberían eliminarse; una zona intermedia donde se permitiría agricultura transitoria con diques de menor altura que puedan ser sobrepasados en crecientes mayores; y una zona externa para procesos de reforma agraria.
“No se trata de destruir por destruir. Si se rompe sin concertación puede haber conflicto social y mayores afectaciones. Esto hay que hacerlo con lupa”, advierte.
La propuesta busca equilibrar protección ambiental y realidad social, reconociendo que miles de personas ya habitan dentro de áreas históricamente inundables.
Pérdidas inmediatas y riesgo alimentario
Mientras las discusiones estructurales avanzan, las pérdidas son concretas. Para nadie es incierto que la creciente en pleno “verano” arrasó cultivos sembrados en playones que tradicionalmente no se inundan en esta época.
“Se perdieron maíz, patilla, fríjol y hortalizas. También peces de cultivo como tilapia y bocachico”, señala el lider comunitario.
El impacto no es solo económico, sino alimentario. “Nosotros vivimos del pescado, del ñame, del plátano. No de mercados temporales, sin desmeritar lo que llega, es importante, pero duelen las perdidades de miles, de su trabajo de meses”, dice.
La preocupación es que la repetición de eventos atípicos afecte la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades ribereñas.
Identidad comunitaria, anfibia y territorio del agua
Más allá de los argumentos técnicos, la narrativa de Cantero es profundamente política y cultural.
“El agua existía antes que la tierra y antes que el ser humano. Nosotros somos naturaleza”, afirma. “Si le quitan el agua al pescador le quitan parte de la vida”.
En ese mismo contexto ubica el reciente decreto que crea los Territorios de Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (TEAA), figura derivada del artículo 359 del Plan Nacional de Desarrollo.
Donde se indica que, el gobierno identifica, caracteriza y formaliza estas áreas acuaticas, enfocándose en la relación del campesinado con el agua y su producción. Con el objetivo de fomentar el desarrollo rural, la pesca artesanal, la agricultura de subsistencia y la protección del medio ambiente.
Durante años, explica, los pescadores artesanales reclamaron que existían territorios indígenas, afro y campesinos, pero no un reconocimiento formal del territorio del agua.
“Nosotros decíamos: si hay territorios indígenas y afro, ¿por qué el territorio del pescador no existe?”, recuerda.
El nuevo decreto permitiría que comunidades pesqueras construyan su propio plan de desarrollo sostenible en ecosistemas acuáticos, con autonomía organizativa y enfoque ambiental.
“No nos van a adjudicar la tierra, pero sí vamos a tener autonomía para definir cómo se protege y cómo se usa el ecosistema. Para nosotros es una gran ganancia”.
Según lo conversado con la ministra y la ANT, el primer territorio bajo esta figura podría ser la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
“Esperamos que los pactos se cumplan. Ya llevamos meses identificando organizaciones y delimitando el territorio”.
“El agua siempre va a buscar su camino”
Para Cantero, la emergencia de este año es la manifestación de un proceso acumulado.
“Si no se hace un estudio integral y no se recuperan los humedales, esto va a repetirse. El agua siempre va a buscar su camino” advierte.
Al final de la conversación, insiste en que su testimonio no es individual.
“No es la voz de Enildo. Es la voz del pescador. Es la voz del agua, de toda una comunida, que busca ser escuchada”.




